La nena tiene 11 años y fue violada por la pareja de su abuela. Ahora, tiene 23 semanas y media de gestación y el embarazo fue diagnosticado 23 de enero. Si bien la niña pide a gritos la práctica y las pericias médicas afirman que un «riesgo obstétrico para la nena» en caso de seguir con el embarazo, una fiscal que actúa de oficio presentó una serie de medidas para retrasar la Interrupción Legal del Embarazo. Todo ello, con el aval del gobierno de la provincia.
El dramático cuadro que enfrenta la llevó a intentar suicidarse. La pequeña ingresó al Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán, el pasado 31 de enero, por «autolesiones», como consecuencia de las vivencias que está atravesando.
«No puede dejar de llorar. Le pide a su mamá que le acaricie la cabeza, se pone en posición fetal en la cama y se acurruca en sus brazos. Así puede conciliar el sueño. De la única manera», confiaron fuentes judiciales.
A pesar de que la nena y su madre manifestaron con claridad la intensión de abortar, el sistema de Salud provincial, a cargo del secretario Gustavo Vigliocco, puso en marcha un operativo anti-derechos, para dejar que la menor siga adelante con la gestación. La estrategia es argumentar luego que el embarazo está muy avanzado y así obligarla a parir.
En la causa judicial, que investiga el abuso sexual que sufrió la menor, se adjuntó un informe de una médica que trabaja en el cuerpo forense, que dice que hay «alto riesgo obstétrico» si la pequeña continúa el embarazo. Sin embargo, el sistema de Salud de Tucumán sigue haciendo oídos sordos.
Por lo tanto, Giannoni vulnera también el «Protocolo Interinstitucional para el Abordaje de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual», que aprobó el Poder Ejecutivo y el
Judicial de Tucumán en julio de 2015, que establece que se debe cumplir con los protocolos de Nación en casos de violencia sexual.
