Trabajo infantil: Causas, consecuencias y rol del estado argentino

Por Lic. Alejandra Perinetti 

Un niño que trabaja es un niño que no cuenta con las mismas posibilidades que sus pares para ejercer sus derechos. El derecho a la educación, al juego, a la práctica de deportes, al tiempo libre; todos ellos deberían ser inherentes a su condición de niño. Sin embargo, esto no es así.

Se estima que aproximadamente el 26% de la infancia urbana argentina experimenta Necesidades Básicas Insatisfechas. De ellos, el 57% se encuentra privado del ejercicio de derechos en al menos una de sus dimensiones mientras que el 18% lo está en aspectos severos de ellas. Vivienda, saneamiento y alimentación son derechos prioritarios que representan deudas pendientes. A su vez, si bien se logró mayor inclusión educativa, es aún un desafío mejorar la terminalidad de la escuela secundaria y la calidad de las ofertas educativas, en procura de alcanzar mayor equidad en las estructuras de oportunidades.1

Ante la insuficiencia de servicios básicos para niños, niñas y sus familias, el trabajo infantil suele aparecer como una estrategia de organización familiar que contribuye a cubrir las necesidades más elementales. Así, los niños por debajo de la edad mínima de admisión al empleo quedan expuestos a realizar tareas que interfieren en su escolarización y en el ejercicio de los derechos propios de la niñez. Sin embargo, la vulnerabilidad económica no es la única causa del trabajo infantil. La naturalización de la situación, ya sea porque se la percibe como una estrategia de supervivencia en los sectores más empobrecidos de la sociedad o porque se considera positivamente el valor formativo del trabajo en la niñez, es uno de los principales obstáculos e indica la existencia de condicionantes culturales que habilitan el trabajo infantil y que impiden visualizarlo como un problema severo para los niños de hoy y para los adultos del futuro.

Desde Aldeas Infantiles SOS consideramos que no hay argumento suficiente para justificar o naturalizar la vulneración de derechos. Pero, entendemos también que sólo un Estado fuerte que priorice la erradicación de esta problemática podrá interferir en el círculo de reproducción de la pobreza que el trabajo infantil representa. Así, la ampliación de la protección social se vuelve fundamental para lograr una política integral que lo combata. Asegurar el acceso a la atención de la salud y al sistema educativo, a una alimentación de calidad y a una vivienda digna, es esencial para reducir la incidencia de las causas sociales y económicas que generan el trabajo infantil.

En Argentina, se sancionaron normas y se implementaron programas y acciones, incluyendo la creación de instituciones específicas, con este fin. Por ejemplo, la CONAETI (Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil) impulsó junto con el Consejo Federal del Trabajo la creación de las Comisiones Provinciales de Erradicación del Trabajo Infantil, que opera articulando recursos locales, provinciales y nacionales.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Las estadísticas son datos muy valiosos y necesarios para el diseño e implementación de políticas públicas que apunten a erradicar el trabajo infantil, por ello celebramos que existan estudios que permitan aportar datos e instancias a nivel estatal que nos permitan dimensionar la problemática. Sin embargo, lo más importante, es que detrás de cada niño o niña que trabaja, hay una pérdida irreversible del momento de la niñez y hay un adulto que tiene restringidas las posibilidades futuras, condenados a reinsertarse una y otra vez en la informalidad y precariedad laboral.

Es hora de humanizar los números y resignificar todo lo que ellos representan. El momento es hoy porque el tiempo de los niños y niñas pasa y no puede recuperarse. Todo lo que pierdan hoy es una pérdida en el presente y en el futuro. Como sociedad y Estado, debemos ser capaces de sancionar severamente a quienes utilizan a los niños y niñas como mano de obra para el desarrollo de actividades laborales, y de trabajar intencionadamente a partir de políticas públicas inclusivas y de acciones de sensibilización para evitar que suceda