Por Alejandra Ojeda Garnero
Miguel Lifschitz asumió como gobernador de una provincia convulsionada y con un índice delictivo muy alto. Distintos hechos que generaron gran conmoción social fueron motivos de protestas y reclamos por parte de la sociedad, especialmente por crímenes ocurridos en ocasión de robo. En este sentido, el flamante gobernador anunció en su discurso de asunción que combatirá la corrupción y que pretende encabezar «un gobierno honesto, transparente y decente, siguiendo una impronta que caracteriza a esta provincia: menos retórica y más acción». Sin embargo, en el mes de enero se produjeron 18 asesinatos y en lo que va de febrero no menos de 13 homicidios, además de numerosos hechos delictivos.
El 10 de diciembre pasado Miguel Lifschitz asumió como gobernador de la provincia de Santa Fe, tras dos gestiones consecutivas como intendente y luego como senador provincial. Después de una elección, que fue la más reñida de la que tenga memoria su partido, asumió el tercer mandato consecutivo del socialismo en la gobernación, en el que lo precedieron Antonio Bonfatti y Hermes Binner. En su discurso de asunción y tras recibir el mando de parte de Antonio Bonfatti, Lifschitz aseguró que su gobierno será «bien progresista, bien cívico y bien social», en alusión al Frente que conforman el PS y la UCR como socios principales y que lo llevó al triunfo. El nuevo gobernador tomó posesión de su cargo en una provincia convulsionada y con un índice delictivo muy alto. Distintos hechos que generaron gran conmoción social fueron motivos de protestas y reclamos por parte de la sociedad, especialmente por crímenes ocurridos en ocasión de robo.
En este sentido, el flamante gobernador anunció en su discurso de asunción que combatirá la corrupción y que pretende encabezar «un gobierno honesto, transparente y decente, siguiendo una impronta que caracteriza a esta provincia: menos retórica y más acción». En relación a los reclamos por más medidas contra el crimen consideró, como se recordará, que «la violencia y la inseguridad se relacionan de manera directa con la falta de igualdad y con la de justicia. Si queremos tener una sociedad más segura, con menores niveles de violencia, de inseguridad –dijo-, tenemos que trabajar de manera efectiva para disminuir la brecha de desigualdad en nuestra sociedad y para que la justicia sea una realidad, para eliminar la idea de impunidad, la sensación de impunidad o la impunidad misma», completó.
Más policía
Para combatir la inseguridad anunció que invitará a representantes del Poder legislativo y del Poder judicial «para integrar junto a miembros del gobierno la Junta Provincial de Seguridad, que será un ámbito de diálogo y de planificación interinstitucional para enfrentar los desafíos de la violencia y la inseguridad».
Sin duda esta situación de inseguridad genera irritación social, un sinfín de reclamos y más presencia policial en las calles. Incontables agrupaciones se organizan a diario para pedir Justicia frente a los Tribunales provinciales para que se castigue con “penas más duras a los delincuentes que nos matan como perros” rezan algunas pancartas.
Pero la Justicia siempre llega tarde. En este sentido es importante aclarar que la Justicia arriba cuando el delito ya fue cometido y en momentos donde la situación, a veces, ya es irreversible, como en los casos donde ya hubo una víctima fatal.
Algunos especialistas en derecho penal aseguran que la imposición de penas más duras, y la privación de la libertad no resuelven el problema de la inseguridad. Que en realidad lo que modifica la realidad de las sociedades violentas es la educación, la inclusión y la igualdad de oportunidades, como lo afirmaba en su discurso el flamante gobernador Lifschitz.
Para dar respuesta a los reclamos, en parte, se crearon nuevas policías, como la Policía de Acción Táctica (PAT), la Policía de Intervención Barrial (PIB), Policía Comunitaria (PC), entre otras que, por un lado aseguran mayor presencia de la fuerza policial en la calle, pero al mismo tiempo se trata de efectivos recién graduados que, en algunos casos no tienen la suficiente preparación y experticia para cumplir con la función pública encomendada.
El delito no cede
Rosario es una ciudad conflictiva, con altos índices de violencia y desde el inicio de la gestión de Lifschitz los números no se modificaron demasiado, en diciembre se produjeron 19 homicidios, en distintos hechos de violencia once personas resultaron heridas y se registraron al menos unos cincuenta robos, entre los cuales las heladerías fueron el blanco elegido por los delincuentes.
Tras poco más de dos meses de gestión y con el inicio del nuevo año, las cifras no se modificaron demasiado, durante el mes de enero 18 personas fueron asesinadas en distintos hechos violentos, aunque es importante recalcar, y no es un dato menor, que la mayoría de los casos ocurrieron como desenlace de conflictos interpersonales, y en particular por diferencias de vieja data entre grupos antagónicos o por disputas familiares. Además se registraron robos a diario en distintas zonas y circunstancias.
Por último, en lo que va del mes de febrero, el número de personas fallecidas asciende a 13, de las cuales sólo dos personas fueron ultimadas en ocasión de robo, y el resto como resultado de conflictos interpersonales. Además se registraron decenas de robos y heridos en distintos hechos violentos.
Al parecer, la sociedad está sumergida en una espiral de violencia donde no encuentra una forma alternativa de resolver los conflictos y, como consecuencia de esas conductas, el único resultado posible es la agresión física hacia el contrincante que en muchos casos deriva en la muerte.
El otro conflicto que debe resolver el actual gobernador es la corrupción policial y sus vínculos con el delito, además de los abusos que protagonizan en muchos casos.
La visión de la oposición
Ante esta problemática Conclusión consultó a referentes de espacios políticos opositores al gobierno provincial que hicieron un balance y manifestaron su opinión sobre gestión del gobernador Lifschitz en lo referente a seguridad.
El concejal del Frente para la Victoria, Eduardo Toniolli, manifestó que “siempre sostuvimos en cuatro años en la Cámara de Diputados que es necesario avanzar en mejores indicadores y reformas institucionales de la fuerza de seguridad y en una mayor conducción política de la fuerza, lo que implica la aplicación de premios y castigos y el traslado de las investigaciones institucionales a manos del poder político. No es posible que una fuerza investigue los delitos que comete la misma fuerza”, sentenció.
En este sentido Toniolli opinó que “existe la ley 12521 que establece tribunales civiles para los ascensos y cargos que generan una estructura jerárquica que son un premio a la labor y desempeño y castigos cuando se cometen delitos”. En este sentido aclaró que tanto en el actual gobierno provincial como en los dos anteriores “existe una presión de la fuerza policial de autogobernarse y vemos que no hubo un avance en ese sentido”.
Por otra parte, consideró “positivo terminar con esto de que los jefes policiales de las distintas regionales eran designados por el jefe de la policía. En este sentido se cambió correctamente algo que puede convertirse en una formalidad”, añadió.
Comenzar a depurar la fuerza policial puede ser una medida positiva para comenzar a establecer políticas que apunten a combatir el delito, porque, por otra parte, las políticas de prevención generarían mejores resultados.
En el mismo sentido opinó el ex concejal del Frente para la Victoria, Fernando Rosúa expresó que lo primero que “uno nota en estos dos meses hay actitudes diferentes al gobierno anterior donde no se veía voluntad de meterse en el tema”.
En los dos meses de gestión de Lifschitz “al nuevo ministro de Seguridad (Maximiliano Pullaro) se lo ve con vocación de meterse en el tema, los anteriores delegaban a los funcionarios policiales”, explicó.
Como contraparte, Rosúa observó que hasta el momento “lo que no apareció es un gesto de transformación a mediano plazo. Vamos a esperar las propuestas de transformación de fondo”, indicó.
En cuanto a la designación de jefes policiales consideró que “es un verso, siempre fueron designados por el gobernador, lo que cambió es la cuestión formal, que no modifica nada porque siempre fue así. No va a haber un jefe designado si no está el okey del poder político. Es un gesto para la tribuna”, aseguró.
En relación a las políticas de prevención de delitos, el ex concejal advirtió que “al no aparecer una reforma de fondo siguen existiendo los mismos delitos que hace tiempo, sigue habiendo denuncias por abusos por parte de la policía y denuncias que vinculan a personal policial en delitos”.
Para modificar esta situación se “requiere de una reforma más profunda de reestructuración de la fuerza policial”, de todos modos valoró “la actitud diferente del ministro de Seguridad y su voluntad de involucrarse”. Aunque señaló que falta una política de fondo y trasformación estructural de la fuerza policial, concluyó.
