Las islas Malvinas cuentan con un yacimiento marítimo descubierto en 2010, Sea Lion, con un potencial de producción pico de 80.000 barriles de petróleo por día, lo cual representa casi la mitad de los 200.000 que produce el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.
En 1995 la Argentina y el Reino Unido suscribieron la Declaración Conjunta de Cooperación sobre actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental.
“De 1996 a 2008, el ilegítimo gobierno isleño otorgó unilateralmente un total de 34 licencias de explotación: siete en 1996, diez en 2001, catorce en 2004, dos en 2005 y una en 2008”, precisó la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, de la Cancillería argentina.
Además, ese organismo indicó que “de 1998 a 2016 el ilegítimo gobierno isleño autorizó cuatro campañas de exploración (1998, 2010-2013, 2015-2016), concentradas sobre todo en la Cuenca Norte”.
“Ante la sucesión de actos unilaterales británicos, Argentina decidió en 2007 denunciar la Declaración Conjunta suscripta en 1995”, destacó la Secretaría, la cual puntualizó que “en el marco de las campañas ilegales de exploración, en 2010 se descubrió el yacimiento Sea Lion en la Cuenca Norte, el primero con potencial para ser comercialmente viable”.
En 2019 concluyó la primera licitación offshore realizada por la Argentina en la Cuenca Malvinas, al sudoeste de las islas, y en mayo de 2020 se anunció la suspensión del proyecto de explotación del yacimiento Sea Lion hasta nuevo aviso.
El yacimiento se encuentra en el extremo norte de la Cuenca Norte, a 220 kilómetros de las islas y 2,5 por debajo del lecho marino.
“Las licencias ilegales de explotación otorgadas sobre el yacimiento, cuyo término estaba previsto para mayo de 2021, fueron prorrogadas a noviembre de 2022”, indicó la Secretaría.
Además, precisó que “las empresas titulares de estas licencias ilegales son las británicas Premier Oil (adquirida por Chrysaor a fines de 2020) y Rockhopper Exploration”, y señaló que “la israelí Navitas Petroleum suscribió un acuerdo de asociación que aún no ha sido aprobado por el ilegítimo gobierno isleño”.
Premier Oil calculaba que en la primera fase de explotación produciría 250 millones de barriles de petróleo a lo largo de 20 años, con un pico de producción de 80.000 barriles por día.
La Ley 26.659 de 2011, reformada por Ley 26.915 de 2013, establece sanciones administrativas y penales a la exploración o extracción de hidrocarburos en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos, sin autorización de Argentina.
Las prohibiciones y sanciones alcanzan a empresas o individuos que realicen estas actividades, que participen en empresas que las hagan o que presten servicios en apoyo a las mismas.
La aplicación de las sanciones administrativas se encuentra a cargo de la Secretaría de Energía, en calidad de autoridad de aplicación de la citada ley, y la instrucción y el juzgamiento de las sanciones penales corresponde a la Justicia Federal.
Las prohibiciones establecidas en la normativa resultan centrales en la protección de los recursos nacionales no renovables que se encuentran en la plataforma continental argentina y que podrían ser objeto de explotaciones ilegales.
En este marco, desde 2015 se iniciaron acciones judiciales contra empresas que realizaron actividades prohibidas y se remitieron notas de desaliento y concientización a otras que podrían estar vinculadas.
En 2021 se dio impulso a nuevas acciones en sede administrativa dirigidas a sancionar a la empresa británica Harbour Energy y la israelí Navitas Petroleum por actividades comerciales vinculadas a la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
