Qué es Grávida, la ONG que secuestró a una nena de 12 años para que no acceda a un aborto
Una menor de 12 años, que iba a someterse a un aborto para interrumpir un embarazo producto de violaciones perpetradas por su padre, fue captada por Grávida, una ONG “provida” que -tal como lo hizo en 2016- intentó impedir la realización del aborto. Sin embargo, la menor fue rescatada y trasladada a un hospital público.
Foto: fachada de la sede de Grávida, tomada por Guillermo Di Salvatore para El Litoral.
En los últimos días trascendió el caso de una niña de 12 –oriunda de la localidad santafesina de Garibaldi– que expresó su voluntad de interrumpir el embarazo provocado por los abusos de su padre, y que durante el fin de semana fue secuestrada por la Organización No Gubernamental (ONG) Grávida, un grupo “provida” de Santa Fe. Sin embargo, no es la primera vez que este organismo –de estrecho vínculo con la Iglesia Católica– se opone a la realización de un aborto.
La niña debía ser sometida a la interrupción del embarazo el lunes pasado, pero no se presentó al hospital Iturraspe de la capital provincial debido a que el fin de semana fue llevada a una casa de la Asociación Civil Grávida.
Tras una intensa búsqueda, las autoridades lograron dar con la menor y su madre en “Casa Hermanas de Betania”, un establecimiento religioso ubicado en 9 de Julio al 2600 de la ciudad de Santa Fe. Este edificio oficia como “sede” de la organización Grávida.
Algunos años atrás, esta institución estaba registrada como un alojamiento transitorio para menores de edad en el sistema de protección estatal y pertenecía al Arzobispado.
Sin embargo, no es la primera vez que Grávida intenta obstaculizar el acceso al derecho de interrumpir el embarazo, principalmente cuando se trata de menores abusadas: en el año 2016, la psicóloga de la ONG, María Belén Catalano, convenció a una nena de 12 años embarazada para que rechazara el aborto legal. A pesar de que en el 2017 el Colegio de Psicólogos abrió un sumario, sancionó a la profesional y le suspendió la matrícula por seis meses –al probar que actuó en forma “clandestina” y obligó a la niña a “cursar un embarazo infantil forzado”, un “padecimiento” comparable a la “tortura o trato cruel, inhumano y degradante”– unos meses más tarde la Cámara Penal de Santa Fe anuló la sanción. No obstante, en el 2021 la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión de la Cámara y ordenó dictar una nueva sentencia.
Por su parte, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, Patricia Chialvo, responsabilizó a Grávida por haber impedido que se cumpla la ley que protege a la niña abusada. “Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado (la interrupción) se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado”, indicó un comunicado de la Secretaría de Niñez.
Por otra parte, Chialvo dijo que “se está evaluando” si el Estado accionará contra la asociación Grávida, ya que la prioridad era rescatar a la niña, para lo cual se dictó una medida de protección excepcional.
En tanto, la Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe apuntó contra la ONG, a la que tildó de “organización fundamentalista” y pidió que se investigue su accionar en el caso, debido a que “quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo”.
acompañada por los equipos del Estado que intervienen en la situación.
Repudiamos el accionar de la organización fundamentalista Grávida, que quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo. Exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió
— CampAbortoLegalSantaFe (@CampAbortoLegSF) January 4, 2023
“Exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del artículo 47, inciso C de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10″ (que refiere a no limitar derechos de los niños) y, de ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento”, indicó la Campaña en un comunicado.
María Ángeles Guerrero, referente de la campaña en Santa Fe, sostuvo en diálogo con radio Brigadier López que Grávida “no es una ONG de a pie”, sino que “es una organización que existe en nuestro país desde 1980, con 69 sedes en todo el territorio, con mucho poder económico”, que “se ampara en creencias religiosas para perseguir a las mujeres que quieren abortar por múltiples razones”.
La menor fue puesta bajo protección del Estado
Tras ser rescatada de la sede de Grávida, la niña de 12 años fue puesta bajo el sistema de protección del Estado. La menor se encuentra internada junto a su madre en un hospital público de Santa Fe y según informó Chialvo, las autoridades aguardarán a que “se tranquilice” para tomar una decisión.
Voceros del Ministerio de Salud indicaron que la niña transita el segundo trimestre del embarazo y estaría a tiempo de ser sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La niña fue llevada por su madre a un control médico el 19 de diciembre, en el cual se comprobó que estaba embarazada, por lo que las dos manifestaron la intención interrumpir la gestación y firmaron un consentimiento.
Las autoridades sanitarias fijaron la fecha para el lunes pasado, pero madre e hija no concurrieron a la cita porque durante el fin de semana fueron contactadas por la asociación Grávida, cuyos integrantes la llevaron a una casa de Santa Fe.
Sin noticias del paradero de ambas, la Justicia de Santa Fe activó la búsqueda y este martes rescató con la fuerza pública a la niña para llevarla a un hospital.
Paralelamente, la fiscal Alejandra Del Río Ayala imputó al padre de la niña, identificado con las iniciales G.M.A., de 42 años, por el delito de abuso sexual agravado, en una audiencia desarrollada este mediodía en Tribunales, horas después de haber sido capturado en la ciudad de Recreo.
>>Te puede interesar: Imputaron de abuso sexual al padre de la niña de 12 años que quedó embarazada
Ahora, profesionales de la Secretaría de Niñez y de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social analizan los pasos a seguir para garantizar el derecho de la niña de acceder al procedimiento que establece la ley 27.610, de interrumpir el embarazo en el caso de que así lo decida.