La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la prórroga de la prisión preventiva para el acusado por delitos de lesa humanidad Juan Carlos Jones Tamayo, ex jefe de la Central de Inteligencia del aparato represivo en Jujuy, actualmente sometido a juicio y con un pedido de prisión perpetua en su contra.
Los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky homologaron la decisión del Tribunal Oral Federal de Jujuy, que decidió prorrogar por seis meses la prisión preventiva a partir del 17 de junio.
La decisión fue adoptada «teniendo en especial consideración la existencia de riesgo procesal, las explicaciones dadas por el tribunal, y en particular, que el nombrado se encuentra cumpliendo la medida en prisión domiciliaria».
Jones Tamayo se desempeñaba en la órbita del Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM20) y está acusado de «autor mediato de allanamientos ilegales, privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenaza y por la duración mayor a un mes, torturas y aplicación de tormentos y 15 homicidios doblemente agravados».
Actualmente en la etapa final del juicio, el fiscal Federico Zurueta pidió para él la pena de prisión perpetua.
El acusado fue detenido en 2014 en la Capital Federal, después de haber permanecido prófugo durante unos cuatro años.
DEFENSA DE LA MEMORIA
Por otra parte, la agrupación H.I.J.O.S. de Jujuy denunció penalmente al Gobierno provincial jujeño por “incumplimiento, en reiteradas ocasiones, de la ley de Sitios de la Memoria” y de medidas judiciales ordenadas para evitar la destrucción de un excentro clandestino de detención ilegal que durante la última dictadura cívico militar que estaba ubicado en la capital provincial.
La denuncia -a la que tuvo acceso Télam- está vinculada a obras de demolición para la reforma del Cabildo histórico provincial, donde funcionaba la central de la Policía jujeña, y que fue señalizado como ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
En octubre del año pasado, H.I.J.O.S. de Jujuy y otros organismos de Derechos Humanos habían alertado sobre la decisión del gobierno de Gerardo Morales de avanzar en la demolición de las paredes traseras del Cabildo histórico, como parte de una iniciativa para la construcción de un museo.
A partir de dicha situación, se presentó una denuncia ante el Juzgado Federal Número 2, por la que el 20 de enero de este año se obtuvo una resolución, dictaminada por el juez Eduardo Hansen, que autorizó al Gobierno a realizar obras para la recuperación y puesta en valor del espacio.
No obstante, el magistrado había determinado que se debía “preservar” en ese lugar seis sectores de interés señalados por la Dirección Nacional de Sitios de Memoria.
“La Ley Nacional 26.991 establece que todo proyecto que se lleve a cabo en un sitio de memoria debe ser consultado y avalado por los organismos de DDHH. Sin embargo, y a pesar de haber llevado adelante una serie de reuniones, el gobierno avanzó en la destrucción sin consultar ni a la justicia, ni a los ente de aplicación de dicha ley, menos aún a los organismos, y destruyó lo poco que había dejado en pie”, indicaron desde H.I.J.O.S. Jujuy a través de un comunicado en el que se daba cuenta de esta nueva presentación.
Además, desde la agrupación señalaron que la ley de Sitios de Memoria «es una conquista de los organismos de DDHH, que esperaron pacientemente durante décadas los procesos de Memoria, Verdad y Justicia», que permitieron el rescate de lugares que tienen «un valor probatorio y simbólico trascendental» para las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
“Tanto daño cometido por el Gobierno provincial, que los hechos demuestran, sin lugar a duda dan cuenta que sólo hay una explicación: el fondo de la cuestión es ideológico”, concluyeron.
La denuncia penal fue realizada contra la secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, Marcela Infante; el director de Arquitectura, Horacio Calsina; el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; y el Gobernador Gerardo Morales.
En la presentación se expone el incumplimiento de la ley de Sitios de Memoria por parte del gobierno de Morales, que -se asegura- era «complemente consciente del daño agravado que se cometía» al no acatar la resolución del juez Hansen.
En tal sentido, se detalla que durante el mes de mayo se llevó adelante un recorrido en el sitio y se visualizó que, entre otras cuestiones, que «no estaban perimetrados los sectores que debían a preservarse» en función de su valor probatorio.
En la denuncia de Hijos se afirma además que las tareas se llevaban adelante en el Cabildo Histórico fueron ejecutadas por obreros que carecían de protocolos de actuación en caso de hallarse restos óseos.
Hijos aseguró también que la Dirección Nacional de Sitios «había presentado en abril un informe técnico con recomendaciones sobre criterios y protocolos de preservación del lugar, pese a lo cual, evidentemente, las conductas delictivas no cesaron».
