En sintonía con los reclamos efectuados por la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el acto del pasado lunes; la diputada nacional y precandidata a senadora Carolina Moisés (Unión por la Patria-Jujuy) ingresó el proyecto para sancionar el negacionismo y la apología de genocidios.
En este sentido, la iniciativa incluye además de la represión por el Código Penal, «una capacitación para funcionarios y para los que hubieran sido condenados por infringir la normativa«, explicó Moisés, quien agregó que lo que se busca es «dejar una contribución en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, reivindicando el rol del Estado que debe velar ayer, hoy y siempre por la verdad histórica».
Esta iniciativa se suma a un proyecto similar impulsado meses atrás por el diputado del Frente de Todos (FdT) por Córdoba, Eduardo Fernández, que busca incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo y apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad, que también establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en materia de derechos humanos y genocidio.
En este contexto, la propuesta de Moisés resulta innovadora al sumar contenido al capítulo «Atentados al orden constitucional y a la vida democrática» en el Libro X del Código Penal, que dispone sumar un tipo penal agravado dirigido contra los funcionarios públicos, agentes de las fuerzas de seguridad, o integrantes de las FF.AA que nieguen o reivindiquen crímenes de lesa humanidad cometidos específicamente por el terrorismo de Estado en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y hasta el 10 de diciembre de 1983.
La diputada además enfatizó que «el negacionismo es la tergiversación deliberada de nuestro pasado rechazando las evidencias. Se trata de negar los planes sistemáticos de exterminio, la represión clandestina y la negación de justicia».
La reivindicación de los crímenes cometidos por la dictadura argentina por parte de funcionarios del Estado, «deben tener un tratamiento diferenciado respecto a la apología de otros crímenes de lesa humanidad, porque son un atentado directo contra el orden democrático de nuestra República y ponen el riesgo las instituciones constitucionales».
Asimismo, la iniciativa dedica un apartado para establecer capacitación en la temática de derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para todos los agentes de la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación será obligatoria para las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
