Por Alejandro Maidana
Cuando debatimos sobre extractivismo, rápidamente se imponen dos bibliotecas. Una de las posturas indica que la expansión económica que se desprendería, generaría efectos de derrame de la riqueza, tales como aumentar el nivel del empleo, mejoras salariales, y fortalecimiento del consumo interno. El PBI, y otros indicadores macroeconómicos (especialmente el valor de las exportaciones y la balanza comercial), son presentados como aproximaciones valederas a la calidad de vida de las personas.
El extractivismo es la mediación para aumentar las exportaciones, lo que haría crecer el PBI, y ello desencadenaría el bienestar de las mayorías. Sin embargo, ese simplismo está repleto de problemas, y muchos de ellos quedan en evidencia en los sectores extractivistas. Sin embargo, este modelo encuentra una férrea resistencia de quienes sostienen que, si bien el extractivismo es una de las principales fuentes de expansión de las exportaciones y captación de inversiones, también causan serios impactos ambientales, fuertes tensiones sociales (que en varios casos estallan en conflictos), su generación de empleo es modesta y, en general, no resuelven de buena manera los problemas de pobreza y desigualdad.
La única verdad es la realidad, los tiempos del valor agregado han desaparecido para darle paso a una primarización de la economía alarmante. Pueblos devastados, desplazados, sin agua o con muy poca y no apta para beber, se presentan como un daño colateral al que se debería estar dispuesto a soportar. En un país que no puede asomar su cabeza, gracias a la presión del lobby del agronegocio y los pulpos mineros, emerge otro hilo de preocupación que amerita un intercambio sólido y responsable, y este se encuentra relacionado con la sobrepesca a gran escala en el mar argentino, la denominada milla 200.
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Por ello, y ante la imperiosa necesidad de continuar con el intercambio en torno a la matriz productiva que necesita el país para salir de una buena vez por todas de perdedor, no podemos dejar de la lado la actividad pesquera en gran escala. El control de nuestras aguas soberanas fue puesto en discusión mediante lo que se presentó como, una investigación particular y casi «azarosa» por parte del piloto y documentalista Enrique Piñeyro.
En las evidencias gráficas presentadas a los medios y viralizadas por las redes sociales, se podía apreciar a simple vista una flota de barcos extranjeros, especialmente chinos y españoles (centenares de luces) asolando a través de la pesca ilegal el Mar Argentino dentro de la Milla 200. Ingresos ilegales de buques pesqueros dentro de la referida Milla 200 ocurren y pueden ocurrir, pero no en la forma y con la gravedad que describe sin sustento en los hechos Enrique. Piñeyro.
La banalización del suceso. paradójicamente encontró sustento político a través de la diputada opositora Mariana Zuvic, quién se encargó de denunciarlo desde su Instagram personal y no así a través de los carriles legales pertinentes. Ante este escenario, la necesidad de acercar pruebas fehacientes que puedan desnudar la operación político-mediática, comenzaría a desplegarse desde el mismo organismo de control del estado nacional.
¿Qué es la milla 200?
Gracias a un informe exhaustivo y cuidado de la «Revista Digital Anclaje«, en donde se explicita que existe una Argentina que se ve, extensa y diversa, y otra oculta bajo el mar con una enorme abundancia. A simple vista observamos la superficie del océano, pero debajo, se desarrolla una dinámica compleja que contiene un potencial de riqueza conocido y uno más grande aún por descubrir. De allí proviene la oportunidad de construir conocimiento sobre el medio marítimo y la necesidad de cuidarlo.
Nuestro país posee un espacio marítimo que representa casi el doble del tamaño que su superficie terrestre. Es uno de los más extensos del mundo. A pesar de ello, hemos crecido de espaldas al mar. Para darle la trascendencia que se merece, y de cara a cuidar los recursos que el mar contiene, es importante saber que podemos hacer y que no en él, debemos entender las particularidades del territorio marítimo y del derecho que lo asiste.
Toda tierra emergida está sometida a algún tipo de condición de soberanía: la ejerce un Estado o es reclamada por más de uno. No existe tierra firme por fuera de ese ejercicio soberano. En cambio, en lo que se denomina Alta Mar (coloquialmente llamada “aguas internacionales”) no hay preeminencia de un Estado sobre otro, la jurisdicción sobre el buque que la navega recae en el Estado al que pertenece el mismo. Sin embargo, esto no significa que no haya regulación.
Entre los diversos tratados internacionales que regulan la actividad marítima, el principal de ellos es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Este tratado, adoptado en 1982 y vigente desde 1994 (Argentina ratificó la Convención en 1995), reglamenta el derecho internacional en el mar, y permite a los Estados Nacionales establecer límites en su zona marítima con el objetivo de controlarla y cuidarla. En este marco, se pueden identificar diferentes categorías: el Mar Territorial, la Zona Contigua, la Zona Económica Exclusiva, la Plataforma Continental, Alta Mar y los Fondos Marinos (declarados patrimonios de la humanidad).
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Básicamente, cuanto más lejos de la tierra más disminuyen los derechos de soberanía del Estado ribereño. La CONVEMAR establece que los Estados pueden definir la anchura de su Mar Territorial fijando un límite máximo de 12 millas náuticas (22,2 km.) desde la costa. En dicho territorio los Estados ejercen plena soberanía. La Zona Contigua se encuentra a continuación del Mar Territorial, abarca desde la milla 12 y no podrá extenderse más allá de las 24. Allí, el Estado ribereño sólo tiene derechos para prevenir y sancionar las infracciones a sus leyes y reglamentos en materia aduanera, sanitaria, fiscal y migratoria.
«Más allá del Mar Territorial, y adyacente al mismo, se encuentra la Zona Económica Exclusiva (ZEE) que no se extenderá más allá de las 200 millas (370,4 km.). Allí, los Estados ejercen derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales. La Milla 200 es una línea sobre el mar, invisible a simple vista pero real en su existencia, marca la divisoria entre Alta Mar y el territorio marítimo soberano. Es una frontera en el mar entre la Argentina y el resto de los países. De allí la importancia de cuidarla, atentos a lo que sucede en la superficie y debajo de ella», sostienen desde (https://iusm.edu.ar/revista/edicion-1/).
Pesca en aguas argentinas
Las sanciones por pescar indebidamente en nuestras aguas nacionales son establecidas por el Régimen Federal de Pesca. La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación de dicha ley.
La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dependiente de la mencionada Subsecretaría se encarga de intervenir, gestionar y fiscalizar las actividades de pesca comercial nacional en las embarcaciones, los muelles y las plantas de mantenimiento y procesamiento de productos pesqueros y sus derivados. Dicha Dirección Nacional también regula las artes y los métodos de pesca, las capturas máximas, los desembarques, el monitoreo satelital de los buques que enarbolan la bandera nacional, la certificación de captura legal y trazabilidad de las capturas, producciones y elaboraciones de recursos y productos pesqueros.
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Adicionalmente, la Prefectura se encarga de coordinar actividades de control y fiscalización con esta Subsecretaría para prevenir y desalentar la pesca ilegal en el Mar Argentino por parte de las flotas nacionales. Por otro lado, con la Armada se coordina temporalmente el patrullaje del límite exterior de la ZEE, en prevención del ingreso ilegal de buques pesqueros extranjeros dentro de las 200 Millas.
¿Invasión de barcos extranjeros? Una puesta en escena con olor a operación mediática
El documentalista Enrique Piñeyro, acompañado por la diputada Mariana Zuvic, periodistas y ambientalistas, comandó un vuelo sobre frontera marítima argentina denunciando la presencia de barcos ilegales en nuestra Zona Económica Exclusiva, pese a ser advertidos de que estaban incurriendo en un error ¿Se trató de un erro irresponsable? ¿Estamos hablando de una operación política que busco impacto mediático? De tratarse de esto último ¿Con que finalidad llevaron a cabo la movida sobre mar argentino?
Continuando con la información acercado por Anclaje, revista digital de divulgación científica del Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM) de la Prefectura Naval Argentina (PNA), desde la misma indicaron: «Según informaron desde la PNA (Prefectura Naval Argentina), a través del sistema guardacostas se pudieron obtener imágenes satelitales con un Radar de Apertura Sintética (SAR), un radar con sensor óptico y el AIS ((Sistema de identificación automática), que permitieron ver que la flota nacional se encontraba dentro de la ZEE (Zona Económica Exclusiva) y la flota extranjera en aguas internacionales, por fuera de la milla 200».
Una operación que no hizo otra cosa que empantanar y ningunear el verdadero debate que nos debemos como país en torno al extractivismo pesquero. Una clara elección de buscar impacto mediático en lugar de una respuesta oficial, quizás esto se deba a que estaba en conocimiento de que carecía de pruebas de lo que estaban denunciando, ya se les había informado desde la Prefectura Naval Argentina que los barcos que creían extranjeros ilegales, eran nacionales con permiso.
“Gracias al vuelo comandado por Enrique Piñeyro, pudimos ser testigos de los cientos de barcos de bandera china que ingresan a nuestra Zona Económica Exclusiva para pescar nuestro calamar illex argentinus», relató desde el avión, en un vivo de Instagram, la diputada Mariana Zuvic.
Mientras que, por otro lado, y desoyendo lo expresado por las fuerzas de seguridad marítima, el piloto Enrique Piñeyro indicó que “la Armada sacó un patrullero ayer desde el Storni, que nos llamó cuando estábamos sobrevolando la zona y nos dijo que establecía enlace, que todo bien… Y le dijimos que bueno, que muchas gracias, que estábamos viendo una cantidad de embarcaciones dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina y nos contestó que no, que no había ninguno, que eran todos pesqueros con licencia. Que me digan que no hay pesca ilegal… La verdad que no es muy confiable”, relató Piñeyro.
Par finalizar, desde Anclaje concluyeron: «Establecer el posicionamiento exacto de un barco para determinar si está dentro o fuera de nuestra ZEE es un proceso complejo que no se resuelve con la mera observación, sino que se requiere de una tecnología con la que pocos aviones cuentan. Pedir informes a la Subsecretaría de Pesca, el INIDEP, las Fuerzas de Seguridad y a la Cancillería para que expliquen el alcance devastador sobre los recursos y el impacto económico que este tipo de actividad genera y sobre las acciones que debieran realizar, hubiera sido mucho más provechoso. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la Argentina, a partir de los acuerdos de quita de subsidios de la Organización Mundial de Comercio y el reciente texto aprobado de la Conferencia de los Océanos de la ONU, cuenta con nuevas herramientas legales para combatir la pesca INDNR en el Atlántico Sur».
