Las sanciones israelíes impuestas a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) constituyen un intento de «empujarla al borde de un abismo financiero», estimó el primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh, que denunció «una nueva guerra lanzada contra el pueblo palestino».

Una de las series de sanciones que anunció el viernes pasado el Estado israelí como represalia contra la ANP, es por una iniciativa para que se apruebe una resolución en la ONU que pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se pronuncie sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos.

Además, el gobierno de Israel decidió que retendrá 139 millones de shékeles (39,64 millones de dólares) de los fondos de las tasas aduaneras que Israel obtiene de la Autoridad Palestina para dárselos a las familias de las víctimas de ataques palestinos.

También, retendrá otros fondos de la Autoridad Palestina hasta una cantidad equivalente de lo que la administración palestina dio en 2022 «a los terroristas y sus familiares», precisó el gobierno israelí, sin indicar una cantidad exacta, reportaron las agencias de noticias AFP y Europa Press.

Mientras tanto, la Autoridad Palestina, que gobierna en el enclave palestino de Cisjordania, indemniza cada mes a los familiares de palestinos muertos o encarcelados en Israel por hechos relacionados con el conflicto entre palestinos e israelíes.

Por su parte, Israel también eliminará el tratamiento de dignatarios para los responsables palestinos implicados en la petición ante la CIJ.

El gabinete de seguridad israelí también decidió congelar los proyectos de construcción palestinos en algunas zonas de Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967.

La resolución del 31 de diciembre de la ONU fue aprobada con 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones.

Los ministros del Gobierno israelí aprobaron asimismo la aplicación de futuras medidas contra aquellas organizaciones en Cisjordania que «promuevan actividades terroristas», entre ellas las que actúen «bajo el disfraz de la actividad humanitaria», según las conclusiones recogidas por el Times of Israel.

En 1967, durante la llamada Guerra de los Seis Días, Israel ocupó los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que según la ley internacional pertenecen a los palestinos.

Sin embargo, los palestinos insisten en que las futuras fronteras entre ambos Estados soberanos se tracen acorde a las líneas previas a la guerra de 1967 y admiten un intercambio de territorios, con la esperanza de crear su Estado en Cisjordania y la Franja de Gaza con la capital en Jerusalén Este.