La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) presentó su Informe estadístico del primer trimestre de 2022 y advirtió que las denuncias por violencia familiar se incrementaron un 6% en relación con el mismo período del año anterior. Se trata de más de una denuncia por hora (2428 denuncias) y 1919 consultas informativas. Las personas afectadas por estos hechos fueron 3243 (un caso puede tener más de una persona afectada), señala el informe.

En respuesta a esta situación, la Justicia civil dictó 9062 medidas de protección, entre las que se encuentran la entrega de 823 botones antipánico.

Además, resaltó que 8 de cada 10 afectadas fueron mujeres y niñas. El 80% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) afectados/as sufrieron violencia por parte de sus progenitores. En ese sentido, el vínculo más usual entre las personas afectadas y denunciadas fue el de pareja/ expareja (49%).

Asimismo, los equipos interdisciplinarios de la OVD evaluaron el riesgo de las personas afectadas y determinaron la presencia de diferentes tipos de violencia: psicológica (97%), simbólica (53%), física (52%), ambiental (34%), económica y patrimonial (28%), social (13%) y sexual (10%).

Cuatro de cada diez casos fueron evaluados como de riesgo altísimo y alto.

La OVD denunció que 34% de las personas que relataron violencia física fueron revisadas por el servicio médico de la oficina. Se constataron lesiones en el 88% de los casos, mientras que el 37% de las lesiones se ubicaron en el rostro.

En consecuencia, el 75% de las personas denunciadas fueron varones, mayoritariamente de entre 22 y 49 años (57%).

Las denuncias recibidas fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil (99,8%), a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional (16%), al Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires (69%) y al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (41%). Se derivaron 182 casos al Programa Proteger (GCBA).

Asimismo, la Justicia civil ordenó la prohibición de acercamiento a la persona denunciante en el 74% de los casos; prohibición de contacto telefónico o por correo (69%); el cese de los actos de perturbación e intimidación (25%) y el tratamiento de la persona agresora (24 %), entre otras medidas, señaló el informe.

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