Por Gisela Gentile

Muchos especialistas afirman que al finalizar la pandemia algo en la humanidad habrá cambiado, especulando con que en el encierro, la proliferación del virus y todo lo que eso conlleva cambiará al ser humano por completo.

Situación difícil de creer si nos basamos en aquellos eternos manipuladores y articuladores de un sistema capitalista que ve a cada paso una oportunidad de lucro. Sin lugar a dudas, los que más indignación generan, son aquellos que han convertido a la salud en un bien transable.

El avance del Covid-19 fue para algunos especuladores, una gran oportunidad para ejercer con mayor potencia y violencia su brazo opresor. Lamentablemente nuestra ciudad no ha quedado afuera de este perverso sistema, ya que se han registrado muchísimas denuncias de mujeres gestantes, que en el entorno de la atención privada, les exigen de manera obligatoria el hisopado de Covid-19 antes de parir.  

Si bien existen irregularidades de este tipo en varias instituciones, una de ellas en particular acumula la mayor cantidad de reclamos. Dicha situación desoye de manera sistemática las diferentes indicaciones que brindan de manera constante organismos internacionales como la OMS (Organización Mundial de la Salud), organismos latinoamericanos y nacionales en torno a este tema.  

El Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) Región Rosario, funciona en nuestra ciudad desde hace algunos meses con el fin de visibilizar y erradicar la violencia de género, y en particular las violencias obstétricas. Esta necesaria agrupación acompaña en los diferentes procesos de toma de acciones, ya sea preventivas (para que las violencias obstétricas no ocurran) o reparadoras (para poder ejecutar denuncias en los organismos pertinentes).

Debido a la cantidad de casos que se recibieron en torno a la exigencia con carácter de obligatorio de hisopados de Covid – 19 para la persona que va  a parir y su acompañante, es que creyeron oportuno visibilizar lo que está ocurriendo en nuestra ciudad.  

Desde el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) detallaron que “si bien desde el inicio de la cuarentena estamos reproduciendo todos los documentos oficiales y actualizaciones que provienen de organismos específicos como OMS, OPS (Organización Panamericana de la Salud), diferentes Ministerios, CONSAVIG (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género), entre otros, seguimos recibiendo muchas denuncias”.

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Dichos organismos difunden una y otra vez la necesidad de garantizar el acompañamiento de las personas gestantes en trabajo de parto y parto, garantizando el posterior contacto piel con piel y lactancia inmediata, incluso si la persona gestante fuera Covid positivo, en donde se tomarán los recaudos pertinentes para asegurar que se dé todo lo anteriormente mencionado. Otras de las recomendaciones están ligadas al hecho de no inducir partos, ni programar cesáreas por estar atravesando una pandemia.

Si bien existen vulneraciones de las recomendaciones a nivel mundial, lo que está sucediendo  particularmente hace unas semanas va recrudeciendo la violencia de género, obstétrica y económica.

A través de las redes sociales, el Observatorio recibió información sobre la exigencia  de hisopados de Covid -19 de manera obligatoria para la persona gestante y quien acompañe.  “Si bien existen vulneraciones de las recomendaciones a nivel mundial, lo que está sucediendo  particularmente hace unas semanas va recrudeciendo la violencia de género, obstétrica y económica, ya que dichos hisopados no son reconocidos por las obras sociales, prepagas, ni por la institución que los solicita”.

Aquí se dan dos situaciones de suma gravedad, “por un lado que la exigencia sea de carácter obligatorio y que dicho hisopado no tiene cobertura. Que el mismo sea excluyente para la atención va en contra de las normativas vigentes, por ello solo se puede afrontar el pago de manera particular. Es importante destacar que esta normativa se le comunica aproximadamente en la semana 36 o 37 de gestación, siendo esta variable del tiempo la que genera preocupaciones, angustias, enojos.  En algunas situaciones estas reacciones se convierten en acciones y muchas personas deciden cambiar de institución con lo que ello implica”, enfatizó.

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Sumado a este hecho que coloca a las personas en una compleja e injusta situación, se le suma otro indignante requerimiento. “También nos han comentado que en la institución donde se dan la mayor cantidad de denuncias, se les pide también un pago para estar acompañadas. Esta suma oscila entre los $5000 y los $15.000, y supuestamente asegura que van estar acompañadas en el proceso de parto, parto y posparto. Es decir, que para poder acceder a la atención del nacimiento, se deberán pagar dos hisopados de Covid-19 (que rondan entre los $3.500 y $6.000) y el acompañamiento que puede variar según los días de internación”.

Lamentablemente en los últimos días nos comentaron que la validez había cambiado y ahora es de 48 hs.

Angustia e indigna que los derechos de las personas gestantes sean vulnerados a voluntad de quienes manejen tal o cual institución. “Hace una semanas el hisopado se realizaba una vez y tenía vigencia hasta el momento del parto, luego pasó  a tener una validez de 15 días, y según en la semana en la que se lo realizasen, debían hacerlo más de una vez, ya que es imposible saber cuándo se desencadenará el proceso de parto. Lamentablemente en los últimos días nos comentaron que la validez había cambiado y ahora es de 48 hs”.

Por todo lo antes mencionado, es importante remarcar que esto no debería ser una exigencia excluyente al momento de la atención. “Sí podría ser una sugerencia que se haga y que sea una elección de las personas. Aquí entrarían las posibilidades económicas, las necesidades personales de cada uno, ya que algunas personas se sienten más seguras con ello y consideran al hisopado como una garantía de salud, y tienen la posibilidad de pagarlo está bien, pero que no sea obligatorio”, enfatizó.

Esto visibiliza como la violencia obstétrica se encuentra normalizada y naturalizada en este tipo de prácticas.

Esta situación deja expuesto, una vez más, el paradigma de cómo se acompañan los partos y nacimientos, en donde el capitalismo los atraviesa de manera transversal. “Esto visibiliza como la violencia obstétrica se encuentra normalizada y naturalizada en este tipo de prácticas. Hoy cada vez más se refuerza la concepción íntima e individual del nacimiento, pero también existe una dimensión comunitaria y política, por ello aquí se puede ver no sólo violencia de género, obstétrica, sino también la económica, ya que existe un lucro con el cuerpo gestante y de quien acompaña”.

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Desde OVO consideran de suma importancia visibilizar esta mercantilización de los cuerpos y procesos, y brindar la información para que cada una pueda elegir libremente que desea hacer según sus necesidades. Ante estos reiterados atropellos, las personas son interiorizadas sobre las vías en donde pueden radicar las denuncias, que pueden ser a través del  144 o CONSAVIG.  “Algunas mujeres sienten miedo de denunciar por las represalias que pueden suscitarse en la atención, por ello como observatorio también elevamos las denuncias pertinentes a la Superintendencia de Servicios de Salud y estamos en tratativas con personas del Ministerio de la Mujer, CONSAVIG y Secretaría Municipal para que de alguna manera se regularice esta situación”, concluyó.

Algunas mujeres sienten miedo de denunciar por las represalias que pueden suscitarse en la atención.

Una vez más el mercantilismo de la salud gana terreno, quedando a la vista de todos la vulnerabilidad en la que se encuentran expuestas muchas personas gestantes que se atienden en el sector privado.

Si bien existe desde 2004 la Ley nacional N° 25.929 sobre parto respetado, la historia de reglamentación dicha ley fue lenta y recién a fines de 2019 la provincia de Santa fe la reglamentó, siendo un acontecimiento histórico para muchas mujeres que venían luchando en torno a este tema. Las leyes están y cada vez son más las mujeres que alzan la voz, pero es de suma necesidad de que se comience a regular y controlar lo que se hace puertas adentro de la instituciones privadas, para que de una vez por todas, se deje de ejercer no solo violencia de género obstetricia, sino también económica.