Hoy, conforme los relevamientos de la organización social La Alameda, el 78% de las prendas que se fabrican en la Argentina proviene de talleres clandestinos donde existen prácticas de trabajo forzoso, precario o esclavo.
Estas son confeccionadas por más de medio millón de personas. En la ciudad de Buenos Aires, este número alcanza aproximadamente a 30.000.
Desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), respaldan estas cifras. «Se estiman en 25.000 las personas en la ciudad que trabajan en la informalidad y en 5000 las que lo hacen en condiciones de esclavitud», dice Claudio Drescher, presidente de esa entidad.
Algunas de las propuestas de solución a estas irregularidades por parte de la CIAI incluyen lograr la trazabilidad de la cadena de valor completa a través de la identificación de cada prenda con un chip o la construcción de un Parque Industrial de la Confección, que desarrollará formatos productivos de última generación en condiciones de trabajo digno.
Esta misma semana, hubo un allanamiento con detenidos en un taller textil clandestino en el que había 28 trabajadores, denunciado por La Alameda, en el Bajo Flores; allí se esclavizaba a personas para fabricar uniformes de la policía bonaerense.
Esta misma organización, que lucha por el trabajo digno, ya denunció a 112 marcas de ropa por esclavitud y trata en el país con trabajadores procedentes en su mayoría de las provincias del Norte y de países limítrofes, como Bolivia, Paraguay y Perú.
Tamara Rosenberg, responsable del emprendimiento textil de la cooperativa de la Fundación La Alameda, esboza algunas de las características que definen la «esclavitud posmoderna» en el mundo de la moda: alto nivel de deficiencia en las condiciones higiénicas en las que se trabaja (falta de limpieza, iluminación y acceso a servicios básicos, en espacios reducidos), ausencia de respeto por los acuerdos normativos de la industria textil nacional (como los salarios mínimos, la formalización del empleado y el límite de horas que debe trabajar) y una falta de regulación por parte del Estado (no se realizan auditorías en el lugar ni respecto del trato con los trabajadores).
En la Argentina, la problemática se combina con otras urgencias sociales como la trata de personas, la inmigración limítrofe con promesas de «trabajos ideales» y la explotación de menores.
Fuente: diario La Nación (Tais Gadea Lara)
