“Los adictos son noticia cuando aparecen en un caso policial”

Por Gisela Gentile

¿Cuándo vemos a las personas con problemas de adicción? ¿Cuándo sus actos tienen implicancia o efecto en la sociedad? ¿Da lo mismo ser un adicto pobre o rico? ¿Por qué se condena al adicto cuando delinque y no es tomado como un paciente enfermo? ¿Le importa a la sociedad ese adicto que no delinque y conserva una “vida estable”?

Estos interrogantes surgen una y otra vez cuando la problemática de las adicciones es colocada en el aparato mediático. Aquí es cuando se empieza a dilucidar que el problema existe y, lamentablemente, no es tomado por el estado como parte de la salud pública.

Dónde están las políticas públicas, los protocolos de acción, las campañas de prevención, ¿existen realmente, se aplican? Rubén Farías es consejero y operador en adicciones y salud mental, y en una profunda charla con Conclusión dio su parecer en torno a cómo es abordada la problemática de adicciones en Argentina. “Desgraciadamente los adictos solo somos noticia cuando aparecemos en un caso policial. Se puede pensar en lo que ocurrió con Chano, Piti Álvarez, y otros tantos, en donde los medios ponen la mirada en la problemática de la adicción cuando existe un caso rimbombante de carácter policial. Cuando la realidad es que, en primer lugar, hay cientos de adictos recuperándose que no son noticia, y nadie los entrevista o difunde esa posibilidad que le daría a las personas con problemáticas de adicción una esperanza de que, si otros pueden, ellos también. Deberíamos estar informando todo el tiempo que la adicción es una enfermedad tratable y que si hubiera políticas de Salud Pública y se entendiera a la adicción como una enfermedad que cruza, lastima y lacera todas las relaciones del adicto, y que atraviesa a toda la sociedad, sería una forma de enfocar la adicción en un contexto positivo”.

La adicción es una enfermedad multicausal que tiene características de problemáticas de salud mental. “Se ve al adicto que es un enfermo como una amenaza. Se lo enfoca como un peligro porque puede robarme o matarme, por estar fuera de control. Pero por otro lado, no es considerado un problema mientras pueda pagarse su droga, no se meta en problemas y mantenga su trabajo, ahí nadie puede decir nada. Es como que aquellos adictos que no necesitan delinquir o no ponen en riesgo su vida no fueran enfermos. De hecho, a los adictos exitosos no se los ve como un problema, pero sí a los pobres que se ven impulsados a hacer cosas «socialmente incorrectas». Es una problemática de salud, no es un problema de voluntad o actitud, sino que es una enfermedad compulsiva, el adicto no decide consumir, no puede hacer otra cosa sino entra en tratamiento”.

La problemática de la adicción es tan compleja que, si bien el entorno la padece, nadie puede entender realmente lo que está ocurriendo. “Mucha gente opina sobre qué debería hacer por ejemplo la madre de Chano, y realmente no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Sino que, además, habría que destacar lo que sí podría hacer el entorno en un contexto de protocolo de políticas de intervención con los adictos, destacando que la Ley de Salud Mental no se aplica en su totalidad. Si estas mamás de las que habla la madre de Chano, o lo que vemos cotidianamente aquellos que trabajamos en la problemática de la adicción, quisiesen hacer algo no cuentan con la aplicación plena de dicha Ley”.

Debería pensarse a la adicción como una enfermedad social, y la sociedad debería hacerse cargo de la tarea. “La verdad es que si el adicto no quiere parar va a ser muy difícil, pero existen posibilidades, herramientas que permitan trabajar. Lo que no hay en este momento es una cobertura legal, hay un vacío en la Ley de Salud Mental en relación a esta intervención. Los adictos son personas que tienen alterada su capacidad de decisión, pudiendo quedar desprovistos de cobertura y sus familias también en la mayoría de los casos. Si el adicto quisiera morir, parece que la sociedad pensara que tiene derecho, cuando en realidad no está pudiendo pensar”.

Campañas escasas y políticas públicas inconsistentes, hacen que la problemática de consumo llegue a los profesionales de la salud en un estado avanzado. “Lo que he descubierto en este último momento es que, si hubiera una política de intervención primaria, de detección temprana de la adicción, estaríamos hablando de muchos menos caso. Lo que quiero decir es que nos enteramos de los adictos, aún aquellos que trabajamos en la salud y la temática de la adicción, cuando el adicto ya tiene desarrollada la enfermedad. Decirle a la gente que no se drogue, no es una campaña de prevención. Una política de salud sería por ejemplo capacitar a los médicos, que no trabajan la adicción en toda su carrera más que un artículo de alcoholismo. O a los docentes, enfermeros, es decir que son varios los espacios donde debería existir una política de detección temprana. Si esto pasara, no nos encontraríamos con un adicto de quince o veinte años de consumo, sino con una persona que comienza a tener problemas y que podés intervenir antes”.

La detección temprana sería más eficaz e implicaría un menor gasto para el Estado. “Al no tener una política de Salud Pública clara, en donde se aplique una Ley en su totalidad, donde se trabaje realmente en la detección temprana traería como consecuencia que, una persona con adicción le represente menos gasto para el Estado si es tratado a tiempo. Aquí hay que tener en cuenta que una persona que sufre esta enfermedad luego tiene problemas hepáticos, respiratorios y podría seguir enumerando otras tantas, entrando en un circuito de salud recurrente. Y probablemente hasta que su enfermedad termine acabando con su vida, lo atenderán por distintas causas. Cuando en realidad, una persona entra en recuperación comienza a cuidar su salud y necesita mucho menos de todo ese dinero. Si el estado invirtiera en detección temprana de la adicción se ahorraría mucho dinero. Ni hablar de la problemática de las personas que terminan cometiendo delitos por su enfermedad”.

“Las personas que están en un estado de vulnerabilidad social o precariedad económica, si se quiere, desde el punto de vista de la inversión le saldría más barato al estado prevenir y atender a la adicción cuando surge capacitando a docentes, profesionales de la salud, a la policía que para en vez de pegar tiros, aplique el real protocolo de acción, y entonces no pagaría más en hospitales y eventualmente en el sistema carcelario”.

En Estados Unidos, existe una experiencia llamada las Cortes de Adicción de las cuales Rubén quiso dejar una reflexión. “Las cortes de Droga han logrado, tratando al adicto como un enfermo y no como un delincuente, reducir un 80% la reincidencia en el delito. Es decir, si cometes un delito en situación de consumo sos contemplado para entrar en un tratamiento, si rompes el mismo fugándote o desapareciendo, debes cumplir la condena, sino haces una rehabilitación. Es más, cuando sostenes determinado tiempo de recuperación te dan una mención. Acá se condena al adicto como un delincuente, y si no delinque no pasa nada y eso también está mal, porque la enfermedad está tanto en el que tiene poder adquisitivo como en el pobre”.

Para finalizar, el consejero en adicciones destacó: “No hay programas de recuperación para las personas que están en conflictos con la ley, no hay programas estatales que contemplen la problemática de la adicción por fuera del delito. Entonces, aumentas la represión, pero no resolvés la problemática en sí, porque es una enfermedad. En un punto es como querer curar a las personas a los palos y eso no es factible. Si se entiende como una enfermedad, sería una cuestión de Salud Pública”.