Por Alejandro Maidana
Desde hace poco más de 10 años el avance y la presión extractivista del litio, se ha concentrado en el territorio que refiere a la Puna Argentina. Esto es así, porque las provincias que la integran, Jujuy, Salta y Catamarca, se encuentran dentro de la región de Atacama, definida por el capital como el “Triángulo del litio”. El denominado “triángulo” comprende el norte de Chile y Argentina, y sudeste potosino de Bolivia. Esta región que abarca a los tres países -que son una unidad social y cultural- han permanecido juntas territorialmente, siendo la región que cuenta el 50% de las reservas mundiales de litio, por ende, hace tiempo que las potencias globales han puesto el foco en esta región. Por ello, las distintas corporaciones presionan par afincar sus faenas extractivas en estos territorios.
La parte que le corresponde a Argentina, en la zona que comprende a las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy, el proyecto extractivo de más largo plazo que existe en nuestro país, tiene como figura a la empresa norteamericana Livent, afincada en el salar de #hombre muerto”, y que lleva mas de 25 años de explotación de litio en los salares. Cabe destacar que, en Jujuy, más precisamente en la Cuenca de Olaroz y Cauchari, la empresa “Sales de Jujuy” de la cual participa la firma australiana, Allkem, la conocida Toyota y una empresa estatal como Hensel. Este es el segundo proyecto que podemos mencionar en la región que data aproximadamente del año 2014, sumado a un tercero que está iniciando su explotación en la región en la actualidad.
Es preciso destacar que además de estos tres proyectos activos, existe un conjunto de otros 50, en diferentes etapas que van desde el pedido de informes sobre el impacto ambiental para la exploración, la exploración misma y la siguiente extracción. Esto significa que tenemos en la Argentina la mayoría de los salares experimentados, pero además en los últimos tiempos, ese foco de conflicto que se presenta en los territorios de la Puna Argentina, se han desplazado. Esto es consecuencia de que existe una búsqueda de proyectos de litio a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Por ello, comenzaron a impulsarse proyectos de extracción de roca pegmatita, que es un tipo de mineral donde se halla este recurso, tanto en San Luis como en Córdoba desde el año 2018. En la actualidad hay proyectos que avanzan en las provincias de la Rioja y San Juan, como así también en la Patagonia Argentina.
Entre la llegada de los proyectos y el inicio de la explotación pueden pasar varios años, es por ello que en los territorios donde se encuentra el conflicto, la minería presiona hace largo tiempo. “La primera organización que surge en la resistencia a la minería del litio, es la mesa de la Cuenca de Salinas Grandes de la Laguna Guayatayoc, que concentra a muchas comunidades que habitan la zona, tanto en la provincia de Jujuy como la de Salta. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de las Salinas Grandes, hacemos referencia a un territorio biprovincial. Allí, desde el 2011 crece la resistencia por parte de las organizaciones ante el avance de las corporaciones sobre sus territorios, la lucha en defensa del agua, la tierra y los salares”, indicó la Dr. Melisa Argento.
Estas comunidades iniciaron una serie de acciones presentando por ejemplo denuncias a las provincias, que fueron rechazadas, lo mismo hicieron a través de un petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que luego de mucha insistencia finalmente tuvo la atención necesaria, como así también en la Corte Interamericana de DDHH. “Han agotado todos los canales legales, incluso en 2012 un enviado de la Corte de la Haya fue convocado para que a través de su persona se pueda gestionar un informe sobre los impactos de la minería en los territorios. Sobre lo que argumentan las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes, sencillamente plantean como serán los impactos sobre sus vidas, ya que la minería del litio avanza destruyendo las economías locales, campesinas, de subsistencia, una actividad minera que avanza destruyendo las actividades de ganadería y pastoreo. También debemos remarcar la destrucción de los salares, ya que de estos dependen muchos puestos de trabajo ligados tanto a la extracción de sal, como al turismo”.
Las comunidades plantean desde hace muchos años que el agua vale más que el litio, ellas tienen una consigna y la misma es nosotros no comemos baterías. Esto es muy importante, ya que deja expuesto el modo en que se está planteando la transición energética desde el norte global. “Es decir, el mundo tiene que transicionar hacia procesos de descarbonización y desfosilización, ya que el mundo esta acorralado por emanación de gases de efecto invernadero que aceleran el proceso de calentamiento global. Pero lamentablemente todas las agendas del norte global, apuestan por el avance de la electromovilidad, es decir, pasar de la energía fósil a hibridas o eléctricas, para esto necesitan de las baterías de litio. Es decir, que la demanda global de litio presiona fundamentalmente, en la industria de baterías de este tipo para alimentar a vehículos eléctricos e híbridos”.
Esto supone que se pasaría de unos pocos millones de automóviles en la actualidad, a más de 50 para el año 2050 según las proyecciones. Significa escalar exponencialmente en la demanda de litio a nivel global, la agencia internacional de energía planteaba hace unos años que la demanda global se iba a multiplicar en 40 en relación a la actualidad. “Esto implica que la presión que sufren los territorios de la Puna Argentina, ira creciendo considerablemente bajo los designios de la agenda global del litio. Ahora bien, las comunidades de la provincia de Catamarca, mas precisamente del Salar de Hombre Muerto, y otras comunidades, también han resistido la presión que genera el avance de la minería del litio. Lo que ellas plantean con las mineras ya ancladas en sus territorios, es que fehacientemente se han secado vegas de ríos, como, por ejemplo, las del río Trapiche. Por eso rechazan de plano la creación de un nuevo acueducto para las empresas mineras, como es el acueducto del río Los Patos”, explicitó la docente UNR e investigadora.
Existe una enorme diáspora sobre la cuestión tributaria de las empresas transnacionales que van a explotar el litio, y el porcentaje real de impuestos, tanto de los provinciales como los de Nación. “Bueno, esa es una gran discusión, toda la respuesta a eso está en un artículo mío y de Ariel Slipak que se llama acumulación por desfosilización, dentro de la revista cuadernos de economía crítica ahí nosotros planteamos un debate que venimos dando desde el grupo de geopolítica y bienes comunes hace 10 años. El grupo de geopolítica y bienes comunes del IEALC en la UBA, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe en la UBA, lo componemos más de 11 investigadores que tenemos sede en esa facultad, pero que efectivamente estamos situados en diferentes provincias del país, y de manera interdisciplinaria construimos, hace más de 10 años, un posicionamiento respecto a lo que está pasando con la extracción del litio en nuestro territorio argentino. Lo que hemos visto a lo largo de estos años, de manera clara y evidente, es un avance total del capital transnacional sobre estos territorios. Básicamente tienen un amplísimo margen de maniobra y acción facilitado por los estados provinciales, pero también por el estado nacional en donde el capital transnacional se torna prácticamente un agente total, un dueño de esos territorios”.
¿Cómo está facilitado esto y qué posibilidades existen de reformar e incrementar los porcentajes de participación? “El mayor de los problemas es lo que denominamos la triga perversa normativa que tiene Argentina para la minería en general, porque el litio no se regula por ninguna normativa específica, sino que se rige bajo la normativa de la minería metálica. Es decir, el código de minería, que es la normativa madre, pero también la ley de inversiones mineras; que a partir de 1993 faculta a capital transnacional con un montón de beneficios y de exenciones impositivas. La tercer pata de la triada perversa, es cuando en 1994 se realiza la reforma constitucional que le otorga a las provincias el dominio originario sobre sus recursos. Esto hace un esquema, que llamamos la dríada perversa, en donde lo que las corporaciones o el capital transnacional aporta a las provincias no puede ser más de un 3% del valor de boca de mina. Del cual, en realidad, en Catamarca y Jujuy esto ya se ha bajado a 1, 6%, pero no puede ser más de un 3% del valor de boca de mina; de lo que la misma empresa informa que extrae y exporta en sus propios informes».
Cabe destacar que hay un sistema a partir del cual la empresa es la que dice cuánto es lo que tiene que pagar en sus propios informes, y lo que se ha visto a lo largo de estos años, es una enorme flexibilización de los marcos normativos provinciales. “Al porcentaje de las regalías que tienen que pagar las empresas por debajo del 3%, habría que sumarle la intención de flexibilizar los marcos ambientales. Por ejemplo, la provincia de Catamarca hace un tiempo atrás hace una entrega extraordinaria de usos de agua, un permiso extraordinario. Lo que vemos nosotros es algo que los colegas de Geopolítica y Bienes Comunes, han denominado un chantaje de localización. Lo que hacen las corporaciones transnacionales es intentar presionar para que las provincias compitan entre sí, bajando cada vez más los costos y ofreciéndole mejores condiciones económicas y estabilidad económica, que recordemos que por la ley de inversiones mineras tiene que ser de 30 años. Pero al mismo tiempo lo que vemos es que la Capital Transnacional realiza sus pedimentos en las instituciones provinciales acordes, como la Dirección de Minas o Secretaría de Minas, que son las que al mismo tiempo deben aprobar los informes de impacto ambiental. En definitiva, las provincias están interesadas en estas inversiones de capital, fundamentalmente para vincular con la infraestructura, para la creación de carreteras, para el mejoramiento de obras, por ejemplo, gasoductos o acueductos. Destacando que son provincias que tienen cajas deficitarias, y al querer atraer los capitales, permiten cada vez más y flexibilizan cada vez más las normativas, lo que hace un esquema perverso para el país», enfatizó Melisa Argento.
Efectivamente todo el esquema normativo y lo que sucede en estos territorios, da cuenta de que lo que deja el capital transnacional en términos de ingreso, refiere a una cifra insignificante si la comparamos con lo que las mismas se llevan. «Las corporaciones ligadas a las automotrices globales, las baterías y electrónica de consumo, se instalan o tienen participación accionaria desde el propio proceso extractivo, están articuladas de una manera que atenta también contra el ingreso de rentas en nuestro país. Sobre los orígenes, vemos que el capital transnacional vinculado al litio en Argentina, provienen de diferentes lugares del mundo, pero podríamos sintetizarlos en el norte global y en el sudeste asiático. Efectivamente tenemos capitales australianos, canadienses, norteamericanos, franceses y chinos.
Todo lo expresado y detallado minuciosamente por Melisa Argento, da cuenta de que la entrega de soberanía nacional es total, desde el punto de vista en el que no sólo no se controla o regula ambientalmente, sino que efectivamente hay una entrega de recursos por muy bajos ingresos y poca captación de renta. “De todas maneras, el mayor de los problemas tiene que ver con los impactos socioambientales en estos territorios. Lo que sucede es que la entrega de recursos se hace con el riesgo de destrucción de los ecosistemas de las cuencas de agua, que son cuencas frágiles. En el caso de la puna argentina, donde el litio se encuentra en salmueras, hablamos de bombeos permanentes de agua sobre los salares, que extraen el líquido y se depositan enormes piletones que tienen más o menos tamaños de cancha de fútbol en los propios salares. Efectivamente hablamos de una minería de agua que utiliza mucho este elemento natural que se evapora, pero también agua dulce que se usa para todo el proceso de purificación, hasta llegar al carbonato de litio, grado técnico o grado batería, que es el que se necesita para efectivamente poder proveer como insumo para las baterías. Lo que tenemos es un impacto social y ambiental. Por un lado, cuando hablamos del impacto ambiental, hablamos de que efectivamente son cuencas cerradas, donde el ciclo de recarga hídrica de estas cuencas, es un ciclo hiperlento, donde el bombeo permanente de agua y la extracción erosiona el ciclo de esa misma cuenca andorreica y puede producir la salinización de napas dulces, corrimiento de las napas y la contaminación por salinización de las napas dulces o también puede producir precisamente sequías en los ojos de agua, en las aguadas, en las vegas de donde beben agua precisamente los animales”.
Tomando como referencia lo antes mencionado ¿Qué puede suceder con los ciclos hidrológicos? “El comportamiento hidrogeológico de las cuencas endorreicas es muy específico y son específicamente cuencas endorreicas que se caracterizan por ser ecosistemas frágiles conformados durante miles de miles de años y el embate de esta forma de minería no está estudiado. Solo existen informes de impacto ambiental sectoriales por empresa que dicen que fragmentan el territorio y expresan cuánto van a afectar a tal o cual cantidad de kilómetros cuadrados, pero no existe un estudio desde los Estados que pueda dar cuenta del comportamiento hidrogeológico de los salares en su conjunto y de cómo toda la proyección de pasar desde las 37.000 toneladas actuales de exportación hasta 300.000 toneladas más o menos que se pretende llegar, puede afectar sobre estos territorios. Al mismo tiempo es un impacto social porque se vulneran los derechos de las poblaciones que resisten a la minería de litio en esos territorios. Se compran voluntades por medio de promesas de trabajo, cuando en realidad la minería de litio genera muy poco trabajo y específicamente situado en el momento de la construcción de las plantas, donde a lo mejor hay más puestos de trabajo, pero después el trabajo tecnificado excluye».
Pero al mismo tiempo, lo que sucede con la minería de litio en términos de impactos sociales, está íntimamente relacionado a lo que sucede con las minerías en términos generales, por ejemplo, la minería metálica. “Se alteran las costumbres, se vulneran los usos y costumbres de los territorios, las formas de vida, cultura y se modifican los lazos societales comunitarios, vulnerando los derechos indígenas, y los derechos regulados en la Constitución Nacional y Provincial. Se avanza en territorios donde la minería de litio no tiene licencia social. Y cómo se avanza, se avanza por medio de mecanismos irregulares.
Ligado a la vulneración de derechos indígenas, y por ende humanos, lo que las comunidades plantean es que la articulación del Estado con las empresas genera muchas veces falsas promesas vinculadas al trabajo. “Ya sea por entrega de becas provinciales para trabajar, con el fin de allanar el camino en la compra de voluntades para conseguir apoyo de los territorios y de las poblaciones para instalar las empresas. Destacando también, que las poblaciones que resisten y rechazan este avance extractivista del litio sufren censura, criminalización, entre otras cantidades de vulneraciones a los derechos humanos, que traen como consecuencia sociedades mucho menos democráticas. Es una ecuación inversamente proporcional, donde avanza el extractivismo, no hay democracia”, concluyó Melisa Argento.
