¿La Salada fue clausurada por orden del presidente Trump?

Lázaro Llorens es un columnista del portal stripteasedelpoder.com y autor de una extensa nota donde relata, paso a paso, los orígenes de la feria La Salada, hasta llegar al día de hoy con la clausura de la misma y la detención de su titular, Jorge Castillo.

Este es el texto completo publicado en ese diario digital:

“Con una gran cobertura mediática, el 21 de junio pasado, mientras el gobierno de Mauricio Macri procuraba una recalificación de los bonos de deuda con el Morgan Stanley y tomaba una ruinosa deuda a 100 años, la División de Fuerzas Especiales de la Policía bonaerense (GAD) detuvo en su lujosa casa de Lujan, a los tiros, a Jorge Castillo, titular de la famosa feria “La Salada”, considerada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos como “el mercado negro más grande de Latinoamérica”.

“Ese mismo día, a “manu militari”, en un operativo encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con topadoras, se allanó el lugar y desalojó a siete mil puestos que estaban ilegalmente hace años, frente a la popular feria, emplazada en Lomas de Zamora, conurbano bonaerense, un sector con los índices de pobreza y desempleo más altos de Argentina.

Múltiple protección

“Allí, uno dijo esto es mío y comenzó a cobrar alquileres. Y todo esto lo hizo con la protección de la Policía, la Justicia y la política. Y por eso quiero felicitar a la gobernadora Vidal por el avance de la Justicia en el caso de La Salada”, dijo al respecto el presidente Macri, quien mostró la mediática detención de Castillo, alias el “Rey de La Salada”, y la destrucción de los puestos ilegales, como una “lucha contra las mafias”.

Sin embargo, este no fue el verdadero motivo por el cual el Gobierno nacional decidió embestir contra esta popular feria abierta hace 27 años, donde trabajan de manera informal unas 30.000 personas, factura 200 millones de dólares al año, y tiene unas 600 filiales en todo el país.

“Su verdadero motivo viene de Donald Trump, quien durante su candidatura prometió no dejar que le roben la propiedad intelectual a Estados Unidos. Y de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) que hace años, a través de sus distintos reportes viene reclamándole al gobierno Argentino, por La Salada, debido a que en ella -según los funcionarios norteamericanos- se violan los derechos de propiedad intelectual en perjuicio de las grandes empresas estadounidense como Nike, Fila, Levis, Wrangler, Convers, etc.

El reclamo de Trump

El último de estos reclamos, Estados Unidos lo hizo el 28 de abril pasado. Un día después del encuentro entre el presidente argentino Macri y su par norteamericano Trump en Washington, donde este último acordó rever el tema de las exportaciones de limones.

Ese día, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos “responsable de desarrollar, coordinar y supervisar la política comercial internacional”, publicó el “Informe Especial 301 sobre Derechos de Propiedad Intelectual”, donde denunciaba a La Salada como “uno de los mayores mercados al aire libre de América Latina que ofrece a la venta grandes cantidades de mercancías falsificadas y pirateadas”.

Agregaba que “Argentina continúa presentando deficiencias de larga data y bien conocidas en la protección y aplicación de la propiedad intelectual. La policía argentina no toma acciones de oficio, los juicios se detienen, los casos pueden languidecer en excesivas formalidades e incluso, cuando una investigación criminal llega a una sentencia definitiva, los infractores no reciben penas disuasivas.

“En cuanto a la falsificación física y la piratería, La Salada en Buenos Aires ha sido incluida en los OCR (Out-of-Cycle Review report – Informes de Revisión fuera de Ciclo) pasados de Notorious Markets (Mercados Notorios) y es uno de los mayores mercados al aire libre de América Latina que ofrece a la venta grandes cantidades de mercancías falsificadas y pirateadas”, destaca el informe de la USTR de tan solo dos páginas, fechado el 28 de abril.

Recriminación

Además, en su página 2, recriminando al gobierno argentino, el reporte señala que “los Estados Unidos siguen preocupados por el hecho de que la Argentina no parece ofrecer una protección adecuada contra el uso comercial desleal…(si bien) introdujo una serie de medidas para mejorar la protección y la observancia de la propiedad intelectual: un proyecto de ley que mejorar la aplicación en mercados no convencionales o informales como La Salada; un proyecto de ley para enmendar La ley de marcas para aumentar las sanciones penales por falsificación llevadas a cabo por redes criminales; y un Proyecto de ley para mejorar la protección de los diseños industriales, estas iniciativas legislativas son bienvenidas, otras plantean preguntas y preocupaciones potenciales”.

“Es decir, Trump, quien es asesorado por celosos guardianes de la propiedad intelectual, a cambio de rever el tema de las exportaciones de limones a Estados Unidos y el otorgamiento de préstamos externos, al otro día del encuentro, le metió el cuchillo en la panza a Macri diciéndole: ¿quieres que te compre limones y te preste dinero? Solucióname este tema de La Salada que es un viejo reclamo de mi gobierno y una promesa electoral de campaña. Como Presidente, mi objetivo sería asegurarme de que la propiedad intelectual que se produce en Estados Unidos sigue siendo la propiedad de aquellos que la producen. Dejar que otros países roben nuestra propiedad no pasará durante mi mandato”, había prometido textualmente Trump en la campaña y lo estaba cumpliendo.

Pasado salado

“Para entender un poco el fenómeno de La Salada, y cómo el gobierno la fue acorralando poco a poco, sirve conocer brevemente su historia.

“La feria, que abre dos veces por semana y por la cual pasan unas 20 mil personas, se sitúa en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. Está pegado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a un costado del contaminado rio “Matanza-Riachuelo”, en el barrio Ingeniero Budge, partido Lomas de Zamora hoy a cargo del intendente kirchnerista Martín Isurralde.

El predio tiene 20 hectáreas. Y se compone por tres grandes galpones, que funcionan con nombres diferentes: Urkupiña, Punta Mogotes y Ocean.

Los nombres “La Salada”, “La Rivera” “Punta Mogote” y “Ocean” devienen que en lugar, hasta 1961, funcionó el “Parque Balneario La Salada”, de aguas curativas hipotermales, construido durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1945). Siendo el lugar favorito de miles de porteños que, en verano, se querían refrescar pero no podían escapar de la gran ciudad.

Clausura del balneario

Con el proceso de “sustitución de importaciones” del peronismo, en torno al “Parque Balneario La Salada” y al Riachuelo se instalaron y desarrollaron industrias que contaminaron profundamente la cuenca de la Matanza. Por eso, en 1961, durante el gobierno de Arturo Frondizi, por orden del Ministerio de Salud, el balneario fue clausurado porque las aguas de las piletas y los grifos poseían alta contaminación microbiana. Por eso, hasta el día de hoy, como evidencias de ese pretérito gozoso, aún yacen en el lugar, restos de las piletas del “Parque Balneario La Salada”.

“Por esta razón, el esplendoroso balneario peronista cayó en desgracia y estuvo totalmente abandonado durante décadas. Hasta que en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, un grupo de inmigrantes bolivianos fundó sobre los viejos piletones del balneario, la primera feria de ropa y comidas típicas “Urkupiña”, que primero funcionó como cooperativa y luego como sociedad anónima.

Por ese entonces, La Salada, era una feria improvisada. Tenía puestos rudimentarios, donde la comunidad boliviana y de Lomas de Zamora vendían su ropa confeccionada o importada. Esto último gracias al famoso dólar barato de la “Convertibilidad” de Menem, donde un dólar valía un peso.

Con esta particularidad, la feria fue creciendo. Primero bajo la razón social Urkupiña S.A., que luego se dividió en “Cooperativa Ocean S.A.” y “Punta Mogote S.A.”.

Nueva era

A fines del 2001, la convertibilidad explotó y el dólar saltó de uno a 4 pesos. Esta mega devaluación, durante la presidencia provisoria de Eduardo Duhalde, benefició enormemente a La Salada, que por un lado empezó a recibir a miles de confeccionistas textiles desocupados, quienes de manera autogestionada comenzaron a fabricar y vender su propia ropa. Junto a otros miles de revendedores, que comenzaron a llegar en manada a la feria para comprar pilchas y luego revenderlas en el Gran Buenos Aires, el interior del país, e incluso en países limítrofes.

Fue por ese entonces que hizo su aparición Jorge Castillo, un ex zapatero afiliado al partido radical, feriante, dueño de un singular carisma, que convertiría a los ex piletones de La Salada, en un fenómeno mundial o según sus detractores en “la mega feria de lo trucho”.

Esto se debió a que los confeccionistas que trabajaban en La Salada eran, en su mayoría, ex empleados textiles de conocidas marcas que se habían quedado sin trabajo por la crisis, por lo tanto conocían al detalle su diseño. O pequeños talleres familiares a los cuales las grandes marcas, para bajar los costos laborales, le tercerizaban sus trabajo. Es decir, todos productores textiles autogestionados o auténticos “emprendedores” según el término que promueve actualmente el gobierno de Macri, para tratar de disfrazar la falta de empleo.

De allí que en la feria se comenzó a falsificar, a nivel profesional, las grandes marcas de ropa mundial. En su mayoría de capitales estadounidenses como Nike, Fila, Levis, Lacoste, Wrangler, Convers, Puma, Louis Vuitton, Adidas, etc. Incluso, con el tiempo, otros productos de las empresas Cablevisión (Clarín), DirecTV y las tabacaleras Massalin Particulares y Nobleza Piccardo. Es en base a ese tipo de producción que hoy la feria tiene más de 6 mil puestos, atendidos por más de 21 mil pequeños comerciantes, y 600 filiales en todo el país.

El imperio contraataca

“Es por esta falsificación casi perfecta que Estados Unidos y los países de la Unión Europea, históricos guardianes de sus patentes y derechos de propiedad intelectual, comenzaron a despotricar contra La Salada definiéndola como “la feria ilegal más grande del mundo”.

“En el 2005 el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial (USTR), comenzó a presentar reclamos formales contra la feria de Castillo por violación a los derechos de propiedad intelectual. “La Salada (Buenos Aires, Argentina)…está casi completamente dedicada a productos falsificados. Se estima que 6.000 vendedores venden productos falsos a 20.000 clientes diarios. Además, el mercado es reconocido por para ser un asilo para las bandas criminales organizadas que funcionan dentro de ella. Habiendo poco o ningún cumplimiento de los IPR ( Intellectual Property Rights –

A comienzos del 2010, se sumó la Comunidad Europea, que soslayando las prácticas comerciales subsidiadas que utilizan en la producción agraria, declaró a La Salada como “la mayor feria ilegal de América Latina”.

Y ese mismo año, pocos días después, nuevamente la Oficina del Representante Comercial de Estado Unidos mediante el “Reporte Especial 301” denunció que “la Salada es el más grande de muchos mercados ilegales del mismo tipo establecidos en la provincia de Buenos Aires, al que se identifica fuertemente con la venta de productos falsificados”.

Las quejas de Castillo

En forma paralela, Castillo se preguntaba: ¿“Porque la comunidad europea nos critica a nosotros, pero no dicen que Adidas, Fila, Louis Vuitton, explotan a la gente. ¿Por qué no dicen que en Centro América trabajan 16 horas chiquitos de 7 años por 1 dólar y medio? Después hacen una prenda y la venden acá a 400 dólares. ¿Por qué no denuncian esas cosas? Porque son socios, nosotros los morochitos no somos funcionales, nosotros laburamos, terminamos de confeccionar y le vendemos a la gente, por eso hay tanta diferencia”.

Fue por ese entonces cuando, sin analizar en su magnitud el fenómeno de La Salada, los grandes medios de comunicación locales como Clarín y La Nación, repitiendo íntegramente los reportes de la Oficina del Representante Comercial de Estado Unidos, comenzaron a demonizar a la feria y su titular Castillo.

Al respecto, el gobierno argentino, por entonces a cargo de la ex presidenta Cristina Kirchner, entendiendo quizás la importancia socioeconómica de la feria en un sector como el conurbano, no solo no escuchó el reclamo de Estado Unidos, sino que además salió a respaldar política y públicamente a la feria y Castillo.

La defensa de Moreno

Lo hizo, nada más y nada menos que a través de su cuestionado secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien definió a Castillo como su “amigo” y “el único radical que trabaja”.

Este espaldarazo político el gobierno kirchnerista lo blanqueó en mayo del 2012, en un viaje a Angola que realizó la presidenta Cristina Kirchner junto a Moreno y a Castillo, en busca de intercambios comerciales y culturales con el país africano, lo cual fue todo un mensaje político para Estados Unidos y la comunidad europea.

“Nos invitó y nos pareció una buena oportunidad. Aunque algunos nos discrimine, estamos en condiciones de exportar lo que fabricamos en Argentina”, dijo Castillo sobre este viaje de negocios, a la par que provocando aún más a Estado Unidos, anunciaba su plan de llevar la feria a ¡Miami!.

Incluso, desde Angola, con un improvisado discurso, la ex- presidenta revindicó públicamente a La Salada “como parte de la Argentina” advirtiendo que por ello “la iban a matar”. “Vinimos con el tema alimentación con mucho valor agregado. Ropa, calzado, textiles, manorriqueria, electrodomésticos, computadoras, de La Salada. Me van a matar allá cuando llegue (a la Argentina). Me matan, yo sé lo que te digo, pero están también y son parte de la Argentina. Tamos todos los argentinos” dijo la ex mandataria, en un mensaje que tenía como destinatario el Norte no el Sur.

Tensión en aumento

Debido a este espaldarazo del gobierno argentino, durante los años 2012, 2013, y 2014, la Oficina del Representante Comercial de Estado Unidos siguió denunciando a La Salada, en sus reportes anuales y la tensión fue en aumento.

En abril de 2015, durante las elecciones presidenciales de Argentina, el gobierno de Estado Unidos, mediante el “2015 reporte especial 301” denunció nuevamente a La Salada por violación a los derechos a la propiedad intelectual y además acusó al gobierno de Cristina Kirchner de protegerla.

Textualmente este reporte dice: “Argentina permanece en la lista de vigilancia prioritaria de 2015, ya que sigue presentando deficiencias de larga data en la protección y aplicación de los IPR ( Intellectual Property Rights – Derechos de Propiedad Intelectual). Es un mercado extremadamente desafiante para las industrias intensivas en IPR” señalaba el reporte 301. “La Salada sigue operando como el mercado negro más grande de América latina.

“Allí se comercia abiertamente con productos pirateados o de contrabando, porque el control legal ha sido escaso e intermitente, y eso en el mejor de los casos Pese a los llamados tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea [UE] para abordar el problema del contrabando y de la piratería, el gobierno de la Argentina aparece tolerando esa comercialización“.

Nuevamente, los principales medios de Argentina, fueron un eco fiel de esta denuncia del gobierno de Estados Unidos. Uno de ellos, el diario La Nación, quien publicó una nota titulada: “EE.UU. apunta a Cristina por La Salada”.

 Cambiemos llega al Gobierno

En octubre del 2015 Macri derrotó al kirchnerismo. Y su llegada a la Casa Rosada, debido a la impronta ideológica del gobierno y las necesidades del dinero estadounidense, implicó un cambio radical en la política del gobierno respecto a La Salada.

Como primera medida, el 19 de julio del 2015, mediante el decreto 867/16, el presidente Macri nombró al abogado “Don” Dámaso Alejandro Pardo como presidente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) en remplazo de Mario Aramburu, que hacía 15 años ocupaba ese cargo.

El INPI es un ente autárquico encargado de proteger las patentes y los derechos de la actividad fabril. Depende del ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera.

Lo controvertible de este nombramiento que Don (así figura en el decreto) Pardo es socio fundador del estudio de abogados PAGBAM -Pérez Alati, Grondona, Benites Arntsen & Martínez de Hoz- que, con un filial en New York, asesoran a grandes empresas multinacionales justamente en el tema propiedad intelectual y patentes.

Esta incompatibilidad, propia del gobierno de Cambiemos, lo denunció, ante la justicia el Observatorio Sudamericano de Patentes, quien advirtió que “según su currículum, Pardo tiene experiencia en todas las áreas de propiedad intelectual, incluyendo la tramitación de marcas, diseños industriales, patentes y todas las transacciones relativas a la propiedad intelectual. También presta asesoramiento jurídico y litiga en cuestiones de marcas, infracciones de patentes, asuntos de protección al consumidor, derechos de autor, publicidad y derecho de Internet y tecnología, privacidad y los nombres de dominio de internet”.

Pero eso no es todo. En su estudio de abogados el funcionario macrista tiene como principales socios a Mariano F. Grondona, hijo del editorialista de La Nación Mariano Grondona, y a José A. Martínez de Hoz, hijo del ex ministro de la dictadura homónimo. De hecho, cuando Macri lo nombró como presidente del INPI, se habló de que Martínez de Hoz hijo también iba a ser nombrado en el Instituto. Pero, ante trascendidos periodísticos, ese nombramiento nunca ocurrió.

Ley salada

Tras cartón, el 22 de noviembre del 2016, el diputado Marcelo Sorgente, de Cambiemos y ex profesor de tenis del ministro del Interior Rodolfo Frigerio, presentó un proyecto de ley, de 36 artículos, algunos inaplicables, para controlar este tipo de ferias y la “venta ilegal” que se produce allí.

Se registró bajo el expediente 8241-D-2016. Se titula “Regulación del Comercio en complejos no convencionales, ferias, mercados o similares”. Y un somero repaso por sus principales artículos lo muestra como un proyecto claramente anti-saladas, que parece escrito por algún trasnochado representante de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos.

Resumidamente, el fin de la Ley es que La Salada y estas ferias y sus titulares se adecuen a todas las normas laborales, impositivas y legales imperantes. Algo prácticamente imposible. Teniendo en cuenta el sector altamente informal que trabaja en ella.

Por ejemplo su artículo 1º, que define el objeto, el diputado macrista pretende regular “los complejos comerciales no convencionales, ferias, mercados, o similares, y tendrá como fin primordial prevenir la venta ilegal y la competencia desleal”.

Además, el proyecto, estipula importante obligaciones a los titulares de la ferias como Castillo, que deben recolectar y tener a disposición toda la documentación legal, impositiva y laboral de cada uno de los locales que funcionen dentro de ella. En caso de incumplimiento los administradores “serán responsables solidarios”. O sea responderán por ellos ante los fueros laborales, penales, civiles y tributarios (artículo 12).

Habilitación individual

Por otra parte, en su artículo 13, el proyecto estipula también que cada puesto deberá tener su propia habilitación municipal y/o provincial. Y que en el caso de la feria, para poder funcionar, deberá realizar una serie de estudios del impacto socioeconómico y ambiental, con altísimos requisitos laborales, sociales, comerciales y ambientales, que hoy no se le pide ni a una empresa minera que trabaja con cianuro (artículo 14).

Uno de estos estudios, por ejemplo, es evaluar “si el proyecto contribuye, por su tamaño, función, localización y naturaleza de los productos ofrecidos, a un equilibrio entre los diferentes tipos de equipamientos comerciales y en relación con el equipamiento comercial existente”.

Por último, y lo que es prácticamente la esencia del proyecto, en consonancia total con los reclamos de la Oficina del Representante Comercial de Estado Unidos, en su artículo 21 se estipula que las ferias como La Salada “deberán cumplir con las normas vigentes en las siguientes materia: Normas de Propiedad industrial e intelectual respecto de los productos y servicios comercializados en los puntos de venta”. Con lo cual, de aprobarse esta ley, deberán acabarse inmediatamente las falsificaciones.

Artículo 21 del proyecto

Todo es tan burdamente a favor de los intereses del país del norte, que en los fundamentos del proyecto, el diputado Sorgente expone como uno de sus principales argumentos el reclamo del gobierno norteamericano. “La Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative- USTR), que incluye desde 1996 al país en la llamada “lista de vigilancia prioritaria”, remitió informes a la International Intellectual Property Alliance (IIPA), donde expresó una fuerte queja por la ausencia de voluntad del Estado para combatir el comercio ilegal de productos, una práctica “desleal” que afecta derechos sobre marcas y patentes”, según alega el diputado macrista.

Y es tan desfachatado todo, que al momento de presentar su iniciativa, el frigerista Sorgente, manifestó: “Combatir la venta ilegal es una decisión netamente política. Horacio Rodríguez Larreta lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires con coraje y gran éxito y estamos convencidos de que se puede hacer en todo el país, porque la gente se merece vivir mejor y no podemos condenar a los más necesitados a trabajar de manera ilegal. Muchos se están volviendo millonarios falsificando mercadería y contratan trabajadores solo por un plato de comida”.

Más embates

Luego de esta iniciativa política, antes de la visita de Macri a Trump, los embates contra La Salada siguieron el 12 de febrero pasado. Ese día, el flamante titular del INPI, el doctor “Don” Pardo, socio de Martínez de Hoz y Grondona hijo, en representación del país firmó un ambiguo convenio bilateral con Estados Unidos para el control y fiscalización de patentes y propiedad intelectual. Convenio que terminó denunciado ante la justicia.

Mediante él, Pardo, salteando la potestad del Congreso, allanó a la Argentina a todas las políticas de propiedad industrial del país del norte. Cosa que abre un gran conflicto futuro, no solo con la feria La Salada, sino con las patentes de medicamentos y la biotecnología.

El acuerdo se estableció entre el INPI y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés). Un ente oficial cuya misión es “la protección más fuerte y más eficaz de la IPR en todo el mundo”. Y que asesora, en materia de política de propiedad intelectual, al presidente de los Estados Unidos, al secretario de Comercio y a las agencias de gobierno de ese país. Con lo cual, no había dudas que en el tema propiedad intelectual y patentes, habían vuelto las “relaciones carnales”.

Pedidos de Trump

Con todas estas ofrendas políticas, el 26 y el 27 de abril recientes, Macri viajó a Estados Unidos a entrevistarse personalmente con el presidente Trump. Además de préstamos externos, como primer reclamo comercial, el mandatario argentino llevaba el pedido de reapertura de las exportaciones de limones, autorizadas por el anterior presidente Barak Obama y suspendidas por el propio Trump.

“Yo le voy a hablar de Corea del Norte, él me va hablar de limones” dijo Trump irónicamente, antes del encuentro, quien conoce desde hace años a Macri por la actividad privada.

Durante el encuentro de los mandatarios, luego de largas reuniones, finalmente Trump aseguró estar “muy favorablemente dispuesto” a revisar su freno a la exportaciones de limones. Gesto que fue tomado como un gran triunfo por el gobierno de Macri, quien nunca informó a cambio de que fue esa reconsideración del presidente norteamericano.

¿Y La Salada?

De la polémica La Salada nadie aparentemente habló. A pesar que era un viejo reclamo comercial de Estados Unidos. Y a pesar que el presidente Trump no solo está asesorado por feroces guardianes de la propiedad intelectual y patentes, sino que hizo la campaña prometiendo su reguardo.

Sin embargo, al otro día de la visita de Macri, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos emitió un nuevo informe contra La Salada, acusando nuevamente a la justicia y al gobierno complicidad. Y que si bien el gobierno de Macri había hecho algunas cosas como el proyecto de ley anti-salada del diputado Sorgente, o el convenio bilateral firmado por el INPI, eso no alcanzaba.

O sea, evidentemente, la feria La Salada fue la prenda que le entregó Macri a Trump, a cambio de la reapertura de las exportaciones de limones.

Por eso, inmediatamente después del encuentro, las embestidas contra la feria aumentaron, sumándose otros jugadores de peso.

Interviene Carrió

El 22 de mayo, la poderosa diputada de Cambiemos Elisa Carrió, “Ministra de ética” del gobierno nacional, cuyo accionar siempre se mueve en consonancia con los intereses norteamericanos, presentó una denuncia ante el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, y el procurador general Julio Conte Grand en contra de la Salada y su titular Jorge Castillo.

En la denuncia, la diputada Carrió, utilizando los mismos argumentos que el gobierno de los Estados Unidos, definió a la feria donde trabajan miles de personas del conurbano bonaerense, como una “red delictual” con complicidades de la política, la Justicia y la policía.

También apuntó sus cañones directos contra Castillo, al que nombró como “El Rey de la Salada”. Nombre que luego todos los medios de comunicación repetirían una y otra vez.

“Mediante esa curiosa centralidad, los funcionarios provinciales y municipales se aseguraron un solo canal de diálogo y la complicidad e impunidad con los dos ‘líderes territoriales’ de esa Feria: Enrique ‘Quique’ Antequera y Jorge Castillo (‘El Rey de La Salada’), y los no formales, a cargo de barras de diferentes clubes que se disputan el territorio con la venta de drogas, armas y trata de personas, en todas sus variantes”, manifestó Carrió, pegando con chicle a Castillo con todo tipo de improbables delitos.

Lo cual consistía en casi una auto denuncia, dado que paralelamente circulaba la amable foto en la que el imputado Antequera aparecía al lado de Carrió, flanqueados ambos por nada menos que Margarita Stolbizer y la actual ministra de Seguridad que apoyó el operativo, Patricia Bulrrich.

Frente a esta denuncia del “huracán” Carrió, y sus medios que la acompañan, Castillo, sin saber que era parte de un “entente” superior entre Macri y Trump, tuvo que salir a defenderse públicamente.

Dura acusación

“Carrió es una mentirosa serial. Vos fijate que está constantemente diciendo cosas y nunca las comprueba. Tendría que haber dado nombre y apellido, y esa persona la refutaba. En Punta Mogote somos casi 700 dueños. Esta habla, ensucia, y no me doy por aludido. Me causa gracia porque habla de lo ilegal cuando sabemos que al Grupo Clarín le licuaron la deuda y terminamos pagándola todos los ciudadanos”, disparó el hasta entonces titular de La Salada.

Pero un mes después de esta denuncia de la diputada, mientras Macri buscaba una recalificación de la deuda externa argentina, en un espectacular operativo, Jorge Castillo fue detenido en su lujoso country Open Doors de Lujan. Sin ningún tipo de prueba fehaciente o clara, al “Rey de la Salada” se lo inculpó de “asociación ilícita”, junto a unas 20 personas acusado de integrar la “Banda de los Chaqueños” y la “Banda de los Cucos” (sic).

Poco después, esas mismas fuerzas de seguridad, ante las cámaras de TV, arrasaron con 7 mil puestos que había ilegalmente afuera.

Al unísono, el presidente Macri y sus ministros presentaron este avance sobre La Salada como “una lucha contra las mafias”. Sin mencionar jamás algún tipo de reclamo de Estado Unidos por esta feria.

Por su parte, Carrió, desde su cuenta de Twitter, felicitaba al procurador general de la provincia y a las fuerzas de seguridad, por el operativo.

Final salado

Tras su mediática detención, como si fuese un show para el exterior, Castillo fue recluído en una precaria celda despintada y fría en la Alcaldía 3 de La Plata. Paradoja que fue destacada, casi con sarcasmo, por algunos medios, como Clarín, cuyo dueño Héctor Magnetto es habitué de la embajada de Estados Unidos, que publicó una adjetivada nota titulada “El rey de la Salada, de la opulencia de una mansión, a una celda penosa”.

Desde ese inhóspito lugar, el 11 de julio pasado, Castillo presentó un escrito ante el fiscal Sebastián Scalera, rechazando ser miembro de una asociación ilícita, y denunciando que las pruebas con las cuales se lo acusa “no supera el nivel de trascendido o el rumor”. También habló de intenciones políticas y empresariales, a la vez que le echó la culpa a la culpa a “la clase política” por el funcionamiento de la feria.

“Obviamente, no escapan a mi conocimiento las persecuciones que cíclicamente sufrimos quienes desarrollamos esta actividad en La Salada. Esas persecuciones, no están exentas de un cariz marcadamente político, en el que se entremezclan velado interés de los grandes empresarios de centros comerciales e industrias molestos por la competencia que significa La Salada, cierta actitud discriminatoria hacia un fenómeno popular, y la marcada incapacidad de la clase política para gestionar el desarrollo de esta impactante expansión comercial popular”, remarcó Castillo, sin que casi ningún medio se hiciera eco de su versión, en contraste de lo que hicieron al momento de su detención. Haciendo así sonar una sola campana, en cuya punta del cordel se encuentra Estados Unidos.

Los caminos posibles

Queda por ver cuál es la intención final del gobierno ahora. Si satisfacer los intereses de Estados Unidos buscando aprobar en el Congreso la ley anti salada, y de esa manera darle el golpe final y definitivo a la feria y sus imitaciones. Con la esperanza que rindiéndole total pleitesía al gran capital extranjero, este venga a nuestro país y derrame algo de riqueza en él. Embestida que por sus costos políticos, difícil que ocurra antes de las elecciones de octubre, y si fuera después acarrearía serias reacciones sociales.

O si es todo humo para el exterior, para conformar a Trump y los inversores, para que se abran las exportaciones de limones y nos otorguen más préstamos. Aunque parecería que la respuesta correcta es la primera, como se verá en una próxima nota, no obstante los reiterados fracasos que esa receta ha tenido en nuestro país.