La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) advirtió hoy sobre la creciente discriminación hacia las mujeres indígenas en Latinoamérica y aseguró que esa es “una causa fundamental tanto de la violencia en sí misma como de la falta de respuestas ante la violencia» en la región.
En un informe difundido hoy tras la reunión de la Cidh en Montevideo donde recibió a diversas organizaciones y pueblos indígenas, el organismo destaca que esta fuerte discriminación contribuye «a las percepciones estereotipadas según las cuales las mujeres indígenas son inferiores, sexualmente disponibles y/o víctimas fáciles”.
Esto lleva a que los protagonistas de estas prácticas violentas «sientan que sus actos no serán investigados» y aseguró que esas múltiples formas de discriminación «son cometidas y mantenidas por perpetradores no indígenas e indígenas» ya que las propias mujeres «aluden a la estructura patriarcal y desigual en sus propias comunidades».
Otro aspecto destacado del informe de la Cidh es la marginación socioeconómica de la que son víctimas las mujeres indígenas ya que «las vuelve invisibles para los Estados y socava su capacidad para resistir y denunciar las violaciones de derechos humanos perpetradas contra ellas convirtiéndolas en blanco fácil de actos de violencia».
El informe advierte que esta impunidad e invisibilidad «debilitan la capacidad de las mujeres indígenas para cambiar sus circunstancias socioeconómicas y perpetúa el ciclo de marginación.»
Y añadió: «Cuando el Estado no responsabiliza a los infractores, la impunidad no sólo intensifica la subordinación y la impotencia de quienes sufren la violencia, sino que además envía a la sociedad el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es a la vez aceptable e inevitable».
En su declaración la Cidh responsabiliza «a los estados de que la violencia contra las mujeres indígenas impone un estigma en su propia comunidad y las margina aún más».
«Como consecuencia del estigma, las víctimas no denuncian los actos de violencia, lo cual mantiene la invisibilidad que causa y perpetúa estos actos, y consolida las condiciones de impotencia y vulnerabilidad», asegura la Cidh.
También menciona «la discriminación basadas en su identidad cultural, sexo y género, de las mujeres indígenas, tanto fuera como dentro de sus propias comunidades, o como resultado de los remanentes históricos y estructurales del colonialismo», mientras se crean «capas superpuestas de violaciones de derechos humanos que se refuerzan mutuamente».
Las mujeres indígenas deben entonces enfrentar «obstáculos para el goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y para su acceso a la justicia».
«Ellas aún encuentran muy pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y/o educación, acceso limitado a programas y servicios sociales, y escaso espacio para participación en procesos políticos», sostiene el documento de la Cidh.
En la Argentina, se celebra todos los 5 de setiembre el Día de la Mujer Indígena en homenaje a Bartolina Sisa, una mujer cruelmente asesinada por los españoles durante la rebelión anticolonial de Túpaj Katari en el Alto Perú.
En un reciente estudio del Banco Mundial denominado «Latinoamérica Indígena en el siglo XXI» se asegura que «contrario a la creencia popular, casi la mitad de la población indígena de América Latina vive en zonas urbanas, en áreas que son menos seguras, menos higiénicas y más propensas a desastres, en comparación con residentes no-indígenas».
Indicó además que los pueblos indígenas «continúan enfrentándose a barreras estructurales que limitan su plena inclusión social y económica. Mientras que representan el 8 por ciento de la población en la región, también constituyen aproximadamente el 14 por ciento de los pobres y el 17 por ciento de los extremadamente pobres de América Latina».
