Familiares y allegados a los policías acusados por la muerte de Franco Casco lanzaron la asociación civil Inocente Colectivo, con el fin de «acompañar a las minorías y grupos vulnerables ante el avance represivo del poder judicial».

Desde la flamante organización aseguran que «es innegable que desde hace años los sectores más recios de la justicia han embestido la dignidad, la humanidad, y los derechos básicos de personas vulnerables. Seres a los cuales se los ha condenado social, cultural y mediáticamente allanando el camino a procesos vergonzosos, prisiones preventivas excesivas, crueles, inhumanas y degradantes, y condenas sin pruebas».

Además, entienden que «desde el principio se considera a la justicia como la eterna voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde. Pero, si la justicia se aplica de acuerdo a tu lugar en la sociedad, a vos ¿qué justicia te corresponde?», se preguntan desde la asociación.

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En diálogo con Conclusión, Hugo Álvarez, referente de la organización y hermano de Diego, quien se desempeñaba como comisario de la seccional 7ª al momento de la detención de Franco Casco, contó que «luego de tantos años de lucha colectiva y sacrificio nos propusimos conformar un proyecto que cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales y un voluntariado firme que le dice basta a un sistema judicial corroído por los mecanismos sociales de la culpabilidad y la venganza».

En ese sentido asumen que «estamos viviendo un nuevo paradigma donde muchas veces la culpabilidad es una construcción social, y lo que viene a decirnos este colectivo es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario».

Álvarez remarcó que «este colectivo surge a partir de una serie de preguntas y dudas y de incógnitas que nos llegan  a través de mucha gente», y aclaró que «surgimos en el marco de la causa armada por la muerte de Franco Casco, a raíz de esta lucha tuvimos que movilizarnos y donde se descubrió realmente que hay un montón de evidencia que confirma que Franco Casco no murió en la comisaría 7ª, pero hay una historia instalada».

En este contexto, indicó que «recibimos consultas de personas que se encuentran en la misma situación, a lo largo y ancho del país, y por eso surge Inocente Colectivo para ayudar y contener a esta gente».

Todos los policías acusados de la muerte de Franco Casco sostienen su inocencia desde el inicio de la causa, y la premisa de esta organización es «salir a luchar», porque «detrás de cada caso que se conoce de condenas a inocentes, hay cien detrás de gente que está encarcelada y a la cual socialmente se le construyó una culpabilidad», y citó estadísticas de la Procuración General que indican «que el 40 por ciento de las personas que llegan a juicio son inocentes, es decir 4 de cada 10 presos son inocentes».

«Tenemos una tarea muy difícil por delante que es enfrentar un sistema judicial, tanto federal como provincial, que muchas veces está presionado o corroído por estos mecanismos de culpabilidad y de venganza que muchas veces vienen de la mano de lo social, de lo cultural, de lo mediático, de lo simbólico, entonces la tarea es ser un poco más abiertos y asumir que nadie es culpable, sino que todos somos inocentes hasta tanto haya una sentencia firme que lo demuestre», remarcó Álvarez.

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Por otra parte, indicó que una de las áreas que pretenden trabajar es «redactar observaciones para que se emitan leyes, las cuales compensen un poco la figura del querellante con lo que es el imputado, para que ésta tenga mayor preponderancia».

Sobre la justicia señaló que «muchas veces está buscando la paz social, entonces cuando te tocó una causa donde se te construyó una culpabilidad, te terminan condenando por lo que sos y no por lo que hacés», en una clara referencia al derecho penal de autor.

Finalmente, Hugo Álvarez sostuvo que «esta es una causa armada, porque todas las pruebas muestran que Franco Casco no murió en la comisaría 7ª, están a la vista de todo el mundo, la cuestión es que se ha instalado una historia en la cual la justicia no quiere retroceder porque parece que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, y eso no pasa solamente en este caso», además auguró «un cambio de paradigma en el cual tenemos que abrir un poco la cabeza y preguntarnos si todo lo que nos dicen o lo que vemos por televisión es cierto, o si por el contrario tenemos que sacar nuestras propias conclusiones y tenemos que escuchar siempre a las dos partes».

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El caso según la teoría fiscal y la querella

El 6 de octubre de 2014, Franco Casco, que por entonces tenía 20 años de edad, fue abordado por efectivos de la Comisaría 7ª de la ciudad de Rosario cuando se dirigía a la Estación de Trenes para regresar a Buenos Aires.

Según se desprende de la misma investigación, Casco fue llevado a “La Jaulita”, un calabozo que no reunía las condiciones apropiadas y al que eran llevados los jóvenes mientras hacían la averiguación de antecedentes. De acuerdo a testimonios brindados en la causa, allí fue golpeado y torturado. Si bien la Policía manifestó que el joven había sido liberado luego de ser apresado por atentado y resistencia a la autoridad, más tarde se supo que hubo irregularidades en su detención y causa, y su cuerpo fue encontrado en el río Paraná el 30 de octubre de ese año por la Prefectura Naval. Luego de la autopsia correspondiente, se determinó que murió antes de ser arrojado al río, con un tiempo de inmersión compatible con la fecha de su desaparición.

La otra versión de los hechos

En contraposición a la teoría de la Fiscalía los 19 efectivos policiales acusados sostienen su inocencia. A diferencia de la parte acusatoria, los policías sostienen que Franco Casco fue detenido el 7 de octubre al mediodía, y fue liberado el mismo día a la noche. Se realizaron todas las diligencias ordenadas por la Fiscalía provincial, que investigaba la denuncia de búsqueda de paradero, en los primeros momentos. Además fue sometido a un examen físico por parte de la médica forense de turno donde constató que no tenía lesión alguna antes de ser liberado.