La agrupación Hijos Rosario pedirá informes al ministro de Seguridad de Santa Fe por la implementación de las pistolas Taser, “armas electrónicas no letales” para las fuerzas de seguridad que causan la paralización del cuerpo mediante una descarga eléctrica.

“Lamentamos la rápida adhesión de Maximiliano Pullaro a una nueva medida de profundización del aparato represivo impulsada por su par nacional Patricia Bullrich, como es la incorporación de las pistolas Taser”, plantearon mediante un comunicado.

La organización defensora de los derechos humanos repudió el anuncio del gobierno nacional publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial, en el que se da cuenta de la implementación de esas armas eléctricas, y adelantó que realizará “un pedido de informes a Pullaro” para que detalle las razones por las que “evalúan replicar la iniciativa de Bullrich en Santa Fe”.

Para Hijos, “la incorporación de las Taser, consideradas instrumentos de tortura por la Naciones Unidas, es un paso más en la profundización del aparato represivo que lleva adelante el gobierno nacional para sostener su modelo económico que genera cada vez más hambre, pobreza, desocupación y por consiguiente, más protesta social”.

“El gobierno de Mauricio Macri pretende por un lado desviar la atención pública para que dejemos de hablar de la profunda crisis económica que vivimos en el país, y por otro lado seguir alimentando el aparato represivo con el cual puesta a contener el descontento social”, consideraron desde Hijos.

A través de un comunicado, destacaron un análisis realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), en el que se critican con dureza los criterios que el reglamento anunciado por el gobierno nacional establece. “Son tan imprecisos que en los hechos habilitan cualquier uso”.

“Por ejemplo, el inciso c) del artículo 2 las autoriza para impedir la comisión de un delito de acción pública, o sea siempre, porque ese es el trabajo de la policía. El inciso a) del mismo artículo las permite para inmovilizar ante un peligro inminente, que no se describe de ningún modo. Así, el reglamento potencia los riesgos de letalidad y tortura, en lugar de disminuirlos como afirmaron las autoridades”, refirieron desde Hijos citando al Cels.

En su análisis, el Cels recuerda que el “Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que intervino en casos contra Nueva Zelanda (2009) y contra Gran Bretaña (2013), en los que desalentó su uso y lo consideró prohibido salvo que se trate de situaciones extremas y limitadas (aquellas en las que exista una amenaza real e inmediata para la vida o riesgo de lesiones graves) y únicamente en sustitución de las armas letales”.

“Queremos saber bajo qué diagnóstico y con qué criterios el ministro Pullaro evalúa implementar este sistema”, remarcaron desde Hijos Rosario.