La asunción de Silvina Batakis en Economía obligó a todos funcionarios del Gobierno nacional a hacer una segunda mirada sobre programas o proyectos que estaban en carpeta, incluido el Salario Básico Universal, que fue propuesto para su tratamiento por diputados oficialistas de las organizaciones sociales y que recientemente impulsara la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Según el análisis de Gabriela Vulcano realizado para BAE Negocios, por lo bajo, son varios los que sostienen que en caso de aprobarse la medida debería aplicarse de manera paulatina, con un monto menor al propuesto por las organizaciones sociales y acotando al máximo la franja etaria de quienes recibirán el beneficio.
Las diferencias internas que volvieron a exhibirse tras la renuncia de Martín Guzmán al Palacio de Hacienda se trasladaron a uno de los temas que tomó vigor a partir de los cuestionamientos de la titular del Senado a la administración de los planes sociales.
Tal es así que el martes pasado el recinto de la Cámara de Diputados se transformó en un escenario de disputa entre el sector del Frente de Todos que busca aprobar el Salario Básico Universal y quienes no comulgan del todo con esa idea. Las bancas de buena parte de los legisladores oficialistas exhibieron cartelitos reclamando que se ponga en marcha esa discusión.
El pedido estaba dirigido a la Casa Rosada, aunque algunos diputados y diputadas señalaron que simplemente se trató de «una forma de instalar y forzar el debate» del proyecto que impulsan desde el Frente Patria Grande. No por casualidad uno de los que se encargó de repartir los volantes fue el legislador Federico Fagioli, alineado con el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, quien no dudó en solicitar a través de Twitter que el Salario Básico Universal se aplique por decreto.
En el Ejecutivo nacional están más atentos que antes al reclamo de las organizaciones sociales, aun cuando sostienen que el empuje de Cristina Kirchner a este asunto responde a la necesidad de aminorar el poder del Movimiento Evita, en especial de dos de sus dirigentes, Emilio Pérsico y Fernando Navarro.
Aunque el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, desde un inicio se mostró proclive a dar el debate, eligió mantenerse al margen ante la sistemática negativa de Guzmán, aduciendo que acarrearía un gran desajuste del acuerdo firmado con el FMI. El panorama cambió un poco con la llegada de Batakis, quien simpatiza con la iniciativa, sin embargo dejó entrever que por ahora no se avanzará con una medida de esas características.
El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, es otro de los que cree que es preciso echar mano de una herramienta que ayude a paliar las consecuencias de la actual situación económica en los sectores más vulnerables. No obstante, se inclina más por un Ingreso Básico Universal; en lugar de un Salario, debido a que esto último obligatoriamente conllevaría alguna prestación.
El sector más cercano al presidente Alberto Fernández que se muestra permeable a ir para adelante con el Salario o Ingreso considera que, además de mejorar las condiciones materiales de quienes viven en la indigencia, ayudaría a afianzar la figura del mandatario en esa parte de la población, como sucedió con la vicepresidenta cuando dispuso la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Más allá de los diferentes posicionamientos internos, la portavoz del Ejecutivo nacional, Gabriela Cerruti, dijo el jueves último que «no está la posibilidad en este momento de avanzar con un Salario Básico Universal». Los más optimistas dentro del Gobierno sostienen que recién podría analizarse en el segundo semestre del año, a la vez que plantean que debería ponerse en práctica en etapas, en sintonía con la marcha de la economía.
El proyecto que presentó el diputado oficialista Itai Hagman, junto a Natalia Zaracho y Fagioli, propone que el Salario Básico Universal lo perciban aquellas personas que se encuentran desocupadas, se desempeñan en la economía informal, son monotributistas sociales o trabajadores y trabajadoras agrarios o de casas particulares, dentro del rango de entre 18 y 64 años. En el Gobierno ya adelantaron que esa franja de beneficiarios «es muy grande» y que debería acotarse. También cuestionan el monto propuesto, que equivale a una Canasta Alimentaria de un adulto ($ 14.401). «Sería mejor que sea la mitad», dijo un funcionario de alto rango a este diario.
Ante la resistencia del Ejecutivo nacional para avanzar con el Salario Básico Universal, Grabois anunció asambleas para este miércoles a partir de las 18 para lograr el beneficio que aseguran favorecería a cerca de 9 millones de personas.
