El Frente de Inquilinos Nacionales (FIN), propuso convocar a entidades de trabajadores para crear una herramienta legal que tutele los derechos de los inquilinos, en una reunión llevada a cabo este miércoles en la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario.

En ella, la representación de la Concejalía Popular de Rosario. miembro integrante de FIN,  agradeció en la palabra de Nire Roldán, la recepción de la propuesta por parte del secretario general de los mercantiles, Luis Battistelli y destacó la sensibilidad demostrada por esa organización en temas sociales.

En el encuentro, los participantes expresaron la necesidad de luchar por una vivienda digna, por frenar desalojos, y las «iniquidades» en materia de alquileres, además de tomar la iniciativa de la creación de un anteproyecto de ley de alquileres que modifique «un régimen injusto que genera situaciones de exclusión».

La preocupación de los presentes se centró en las distintas situaciones que condicionan el acceso a la vivienda digna y a los impedimentos que existen para llegar a la misma.

Por otra parte, denunciaP1090572ron la existencia de «desiguales condiciones entre las partes a la hora de contratar» al puntualizar la utilización de artilugios legales que cristalizan las asimetrías del mercado inmobiliario.

También se destaco la necesidad de pensar y dar respuesta en forma colectiva convocando a todas las expresiones de la sociedad civil a sumarse en la búsqueda de soluciones.

Entre otras cosas, se destacó la necesidad de dar a conocer a distintos estamentos del Estado la iniciativa de «la creación de una nueva ley que modifique o derogue la vetusta ley 23091 de alquileres».

A su vez, el secretario general de Empleados de Comercio, Luis Battistelli, precisó que entre los 48 mil trabajadores registrados y de los más de 30 mil que faltan legalizar, hay jóvenes de menos de 40 años que en su mayoría alquilan viviendas.

Seguidamente, Battistelli  agregó que «muchas veces las arbitrariedades del mercado inmobiliario, obliga a los trabajadores a radicarse en lugares no buscados y pagan el costo del desarraigo porque se ven obligados a abandonar afectos y sueños».

Producto del debate que se dieron los presentes se consensuó dar nacimiento a un acta de compromiso que contiene ocho puntos y que denuncia en sus enumeraciones que los «sectores más concentrados del negocio inmobiliario, impusieron una lógica rentista de la tierra y la vivienda, desconociendo el rol social que intrinsecamente posee la vivienda».

En el mismo sentido, indicaron que «un trabajador debe comprometer mas de la mitad de su salario en el alquiler de un inmueble», y que a este cuadro se le suma » que eistan miles de viviendas ociosa fruto de la especulación inmobiliaria».

Los puntos que movilizaran el accionar de los firmantes propugna:

1- Nueva Ley de Alquileres Urbanos.

2- Creación de un registro de contratos de alquiler.

3-Garantizar que las viviendas propuestas al mercado inmobiliario cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad.

4-Generar un sistema de garantías accesibles a todos los ciudadanos que tienen derecho a una vivienda digna.

5- Eliminar las garantías personales y de bienes por poseer un carácter discriminatorio y expulsivo.

6- Creación de Servicios Públicos de alquiler, en la órbita nacional, provincial y municipal para evitar abusos del Derecho y asesoramiento para la resolución de conflictos en forma rápida y con carácter de gratuidad para los inquilinos.

7- Crear herramientas de acceso a la vivienda Pública en alquiler.

8- Incluir a las pequeñas y medianas empresas y organizaciones de la economía social en un régimen especial donde se tutele el derecho a un comercio justo y equitativo, en vinculación directa con la defensa de los puestos de trabajo que que estas generan.

Por último, cabe destacar que entre las valoraciones que rescata el acta, se busca reivindicar a la vivienda desde una función social, como un espacio del desarrollo de la familia en el que se efectivicen los derechos consagrados en la Constitución Nacional en el articulo 14 bis y pactos internacionales a los que la carta magna suscribe.

Del encuentro participaron asociaciones que defienden los derechos de los inquilinos que provenian de la provincia de Buenos Aires, centro y sur del país.