La Comunidad Cueva del Inca junto con otras comunidades indígenas comenzaron días atrás a activar una defensa del territorio ante la entrega del Estado a capitales de privados elementos vitales para su subsistencia.

Los pueblos preexistentes son los que despojados de toda mezquindad, se oponen y resisten el saqueo de recursos naturales por parte de distintos actores, tanto nacionales como extranjeros. Mucho debe aprender nuestra sociedad de organización, solidaridad, empatía y compromiso de aquellos que no dudan en defender lo que un grupo de entregadores rifa por monedas.

De norte a sur se hermanan distintas luchas, las que brindan los verdaderos dueños de estas tierras, a los que jamás le hizo falta un título de propiedad. “Estamos muy preocupados porque la megaminería a cielo abierto está secando las napas profundas de agua dulce. La extracción evaporítica del litio implica la utilización de millones de litros de agua por día, las poblaciones ya están percatándose de una sequia que avanza”, cuenta Laura Méndez en charla con este diario.

“Todo para todos, y nada para nosotros”, grita una canción que interpreta de manera extraordinaria un gran referente puneño como lo es Bruno Arias. Resistir la contaminación y el saqueo que impulsa uno de los jinetes del apocalipsis natural como lo es la megaminería, es materia innegociable para los moradores de esas latitudes.

La Laguna de Pozuelos se encuentra acorralada por la desidia, “esta reserva de biosfera está sucumbiendo ante el avance de estas prácticas contaminantes. Ya se han muerto flamencos y peces en gran cantidad”, expresó Laura.

Corte de ruta y protesta

No solo se defiende el territorio, también se eleva la voz por las distintas problemáticas mencionadas anteriormente. Existe una medida cautelar dictada por el juez Sebastián Cavana que prohíbe innovar, “este le prohíbe a la Comunidad mover siquiera una madera, no pueden construir absolutamente nada, no tienen derecho a la luz eléctrica ni al agua potable. Las condiciones son de hacinamiento, muchas son las familias que comparten una sola letrina”, indicó.

Claramente es una medida cautelar violatoria de los derechos más básicos a los que debe aferrarse un ser humano. La espinosa situación los empujó hacia una legítimo reclamo que fue disuadido a través de de un cruenta represión, “golpearon a ancianos y niños de una manera muy cobarde”, enfatizó.

Cinco detenidos, entre ellos una niña y una anciana fue el saldo del operativo represivo de la policía del gobernador Gerardo Morales. El corte parcial de la Ruta 9 en Tilcara tenía un claro anclaje y este era “el impedimento a algunas familias de la comunidad a tener acceso al agua potable, luz, baño y condiciones de vida digna».

“Después de movilizarnos frente a la comisaría, se pudo lograr la liberación de todos los injustamente privados de su libertad. Seguimos en pie de lucha, se están sumando distintas comunidades alertadas por la muerte de llamas, ovejas y otros animales vitales para su subsistencia”, cuenta con voz cancina pero repleta de valentía la vocera de la Comunidad de Cueva del Inca.

El litio genera sequía y el proyecto minero Chinchillas amenaza con contaminar el río Santo Domingo junto a todos sus afluentes. El Estado mira para otro lado, fiel a su matriz capitalista, “este último tiempo han retrocedido los derechos de nuestros pueblos indígenas. La ley 5915 habilita al gobierno a hacer uso de territorio indígena donde estos tengan título de propiedad comunitaria, es decir puede habilitar a empresas a realizar cualquier tipo de actividad.  Esta ley viola no solo nuestros derechos, también pisotea la Constitución Nacional, es por ello que salimos a hacernos oír”, concluyó Laura Méndez.

Son 33 las comunidades indígenas que viven en la zona de explotación del litio, pero sus reclamos fenecen en la justicia, mismo lugar que hace oídos sordos al reclamo de la peligrosidad que representa para la naturaleza y la población, el desembarco de la megaminería. El dios mercado, alguien que lejos está de ser venerado por nuestros hermanos.