Un empleado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció que recibió amenazas de muerte sobre él y su familia para que inculpara al ex director general de Operaciones Antonio «Jaime» Stiusso en la causa por presuntas irregularidades de importaciones.
La denuncia la hizo el empleado Nicolás Gastón Mercado, un empleado de la AFI encargado de retirar las importaciones hechas por el organismo y quien declaró en la causa por la cual el gobierno nacional denunció a Stiusso por contrabando en las importaciones de material tecnológico luego que expulsara al funcionario en diciembre de 2014.
«Me dijeron que por mi vida y la de mi familia debía olvidar las operatorias que tenían que ver con la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (durante el gobierno kirchnerista)», dijo Mercado, quien recordó que le dijeron que por «una cuestión de Estado en las operatorias de la ex Side y Aduana debía implicar al señor Stiusso o me implicarían a mí».
Mercado dijo que ingresó a trabajar en 2006 como numerario y comenzó a tramitar expedientes de comercio exterior, por lo que retiraba «guías de embarque» en las Aerolíneas, esto es mercadería que importaba la ex Side y que eran distribuidas a distintas dependencias del organismo.
Según Mercado a partir del 2013 personal de la Secretaría General de Presidencia de la Nación comenzó a interesarse por las notas de embarque, esto es el material importado, y que él consideró que se trataba de una «auditoría» al organismo de inteligencia.
En enero de 2015, cuando ya desde el gobierno kirchnerista se denunciaba al exagente Stiusso, el empleado Mercado aseguró que fue abordado por Darío Amador Galván perteneciente a la Secretaría General de Presidencia.
En la sede de Contrainteligencia «me condujo a una sala aparte dentro de la base y comenzó a interrogarme bajo amenazas, sobre si tenía copia de los embarques. Luego por curiosidad fui a ver estas documentaciones y ya no estaba lo que me habían pedido, por lo que presumí que mis jefes las habían tomado».
«El jueves 12 de febrero de 2015 estando en mi lugar de trabajo realizando tareas normales en la sede de Contra Inteligencia de la ex Side, se apersonó Galván pero esta vez acompañado por Hugo Serpa, y ahí privándome de la libertad, me encerraron en una habitación, más específicamente en una sala de reunión, llamada sala de situación y me dijeron que no saldría de ahí hasta aclarar algunas cuestiones», relató Mercado.
La declaración de Mercado fue en la causa que investiga el juez en lo penal económico Rafael Caputo tras la denuncia del Gobierno Nacional contra Stiusso y otros ex agentes de la ex Side por contrabando de material tecnológico para el organismo.
En febrero de 2015, el gobierno nacional por medio de una conferencia brindada por el entonces titular de la AFI Oscar Parrilli, denunciaron el contrabando entre los años 2013 y 2014 de unas «67 importaciones por 94 mil kilos» de mercadería para el organismo.
Justamente, además de Stiusso y otros empleados de la AFI había sido denunciado Mercado quien ahora se convirtió en testigo acusador en la causa del fuero federal.
Según Mercado, lo amenazaron de muerte para que inculpara a Stiusso en esa causa: «me hicieron escribir una serie de cosas que debía decir y memorizar caso contrario me iban a imputar entre otros delitos, el de contrabando agravado».
«Me insistían en que inculpara a Stiusso o a alguien más grande, me dejarían afuera de esto», agregó, a la par que recordó que le pidieron que cambiara el lugar de destino de algunas mercaderías importadas de la dirección de 25 de mayo 11, sede central de la ex Side, a la casa de Francisco «Paco» Larcher, entonces número 2 del organismo.
Tras ese episodio, Mercado dijo que fue suspendido por 60 días: «hoy me encuentro amenazado de muerte, sin sueldo y sin trabajo, siendo un empleado de bajísima categoría y en el medio de un duelo de titantes (el gobierno nacional por un lado y Stiusso por el otro, cosa que es de público conocimiento)».
El juez Caputo extrajo el testimonio de Mercado y el mismo ahora es investigado por la Justicia Federal, a cargo de su par Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Ramiro González.
El fiscal González junto con su secretaria Alejandra Yenia María imputaron a los agentes Galvan y Serpa por las amenazas y pidieron una batería de medidas de prueba.
Entre otras cosas, pidieron que se informe sobre las llamadas entrantes y salientes de Galván y Serpa, así como realizar un entrecruzamiento telefónico entre los meses de enero y febrero de 2015, y que la AFI informe sobre desaparición de expedientes de aduana generados entre 2005 y la fecha.
También pidió conocer qué persona jerárquico autoriza las firmas en los expedientes generados por las guías de embarque y si existe sumario administrativo a raíz de lo ocurrido con el agente Mercado.
Por otra parte, pidió a la Secretaría General de Presidencia de la Nación saber si Galván y Serpa son parte de la nómina de empleados, y de serlo que aporte los legajos, y que la dependencia informe si se han realizado auditorías sobre la importación de material de inteligencia.
