La justicia cordobesa decidió atribuirles a organizaciones sociales la responsabilidad de bloquear completamente la circulación vial en el marco de las movilizaciones realizadas el miércoles pasado en la ciudad capital por parte de Unidad Piquetera y Polo Obrero. Referentes sociales repudiaron la medida: “Nunca escucharon la voz de los desocupados acá ni en la Legislatura”.
Un fiscal de Córdoba, Ernesto de Aragón, imputó a las agrupaciones que cortaron calles y rutas para protestar por la pobreza y el hambre en la provincia. Hasta ahora, hay seis identificados. “Pretenden limitar el derecho a la protesta en un país donde la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza y el 57% de los pibes pasan hambre”, afirmó el dirigente del Polo Obrero, Emanuel Berardo, quien se encontraría entre uno de los imputados.
El fiscal consideró como «deliberada» la decisión de las organizaciones sociales de bloquear completamente las calles de la ciudad, tras el habeas corpus que empezó a regir desde la semana pasada, que lo prohíbe. De esta manera, De Aragón iniciará acciones penales al considerar que se constituyó un delito y ya trabaja para identificar a través de las cámaras de seguridad a todas las personas que participaron de la protesta.
«No fuimos notificados. Respecto al habeas corpus, nunca escucharon la voz de los desocupados acá ni en la Legislatura. Pretenden limitar el derecho a la protesta en un país donde la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza y el 57% de los pibes pasan hambre», dijo Berardo a Cadena 3.
Y añadió: «Veremos con nuestros compañeros, que son abogados, este tema de la imputación. No estamos en ninguna ilegalidad, en todo caso será una contravención».
«El derecho a la protesta, la alimentación, la salud y la educación de los pibes debe ser garantizado. Si no son garantizados, se debe reclamar para que se garantice», finalizó.
