Por Alejandro Maidana
La avanzada jurídico mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, volvió a encender las alarmas de los distintos sectores que advierten que el fin último que persigue el lawfare, es jaquear democracia. Por ello, y apenas finalizado alegato del fiscal Diego Luciani, una verdadera pueblada ganó las calles para no abandonarlas por largo tiempo. Allí donde históricamente mejor se ha expresado el pueblo trabajador y excluido, se escribe un nuevo capítulo de resistencia y lucha.
Mientras que la guerra judicial contra lideresas y lideres populares en Latinoamérica encuentra tierra fértil en los medios dominantes de comunicación que buscan disputar los sentidos de quienes los consumen, quienes están dispuestos a no tolerar más atropellos que solo persiguen destruir al adversario político a como de lugar. La proscripción es un fetiche que la derecha abraza hace largas décadas, un puñal que busca atravesar el corazón de los derechos conquistados y las reivindicaciones populares.
Si bien la operación para borrar de la contienda electoral a Cristina Fernández de Kirchner y de esta forma poner de rodillas al peronismo, es tan concreta como poderosa, existe un escenario en donde la derecha naufraga sin timón, y este tiene íntima relación con la movilización, con el respaldo popular en las calles, un jeroglífico que jamás podrá resolver por lo antinatural que significa el mismo para su génesis.
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Ante la situación de profunda incertidumbre acerca del futuro de la democracia en nuestro país, de la libre participación política de los sectores populares y amenazas de proscripción a las personas que lideran espacios de participación popular, un grupo de Curas en Opción por los Pobres, esbozaron su preocupación. “No se puede dejar la democracia en manos del menos democrático de los tres poderes del Estado”, sostuvieron.
No es tolerable que se niegue el derecho a la defensa a nadie, ni a los pobres que llenan nuestras cárceles, ni a Cristina Fernández de Kirchner, como tampoco se puede avalar la incorporación de pruebas en el alegato sin que ellas hayan sido incorporadas en etapas anteriores del debido proceso. Asimismo, no es ético ni procesalmente justo basar las acusaciones en un supuesto “sentido común” o supuestas medidas de peso de pruebas no especificadas.
Quienes vienen elevando su voz con los pies sobre la tierra, y su corazón en los olvidados y perseguidos, no dudaron en tomar posición sobre una nueva escalada antidemocrática. “No se puede permitir que un diputado, ni ningún otro funcionario o funcionaria, afirmen cosas como lamentablemente no tenemos pena de muerte. No deben avalarse las acciones de medios de comunicación que recibiendo dinero del Estado por millonarias pautas, hacen lo posible por desinformar, generar odio o bronca y más grave aún, violencia.
Ningún país puede funcionar sin justicia, y sin ella la sociedad se desarticula. “No esperamos ni pretendemos beneficios para nadie, pero sí justicia. Una sentencia debe ser dictada por certezas, no por sensaciones, por pruebas y no por tapas de diarios, por dinámicas transparentes y no guiadas por el odio que no parece tolerar que los pobres tengan los mismos derechos, sino que parecen guiadas por racismo y clasismo. Sin justicia será poder, pero nunca judicial.
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La democracia está y siempre debe estar cuidada por el pueblo, pero también por los tres poderes de la Constitución. “Necesitamos transparentar y agilizar los procesos de justicia para que todos y todas puedan acceder a una defensa justa, donde lo que se pruebe es la culpabilidad y no la inocencia. Exigimos a los funcionarios de cualquier poder del Estado evitar todo tipo de palabras que inviten a la violencia para con una o muchas personas. Deseamos que los medios cumplan la función de comunicar lo más y mejor posible, y nos negamos a que nuestro país siga reduciendo ayudas a los pobres y siga sosteniendo a quienes más daño le hacen a nuestra democracia”, sostuvieron.
El padre Sergio Raffaelli comparte su vida con los desposeídos que moran en tierras santiagueñas, un comprometido militante de la palabra de Cristo que entiende que la única manera de reivindicar el camino del mismo, es viviendo y sintiendo lo que brota desde la pobreza. Conmovido y alertado por los últimos sucesos, dialogó con Conclusión para dejar un claro posicionamiento. “El año que viene se cumplen 40 años ininterrumpidos de democracia, esto sin dudas es algo para rescatar si bien nos queda muchísimo por lo que seguir luchando. La libertad de dependencia de los poderes del estado, la no injerencia de los poderes fácticos en las decisiones del gobierno y que no nos gobiernen los dueños del país entre otras muchas cosas. Lo que si nos preocupa, es que uno de los tres poderes y el menos democrático de todos, que no es otro que el poder judicial, donde no se eligen y están a perpetuidad gozando de un sinfín de privilegios, tomen decisiones apartados de la ley para afectar a la democracia”, enfatizó.
Para concluir, Raffaelli consideró pertinente no dejar pasar la idea que se baja desde los medios dominantes de comunicación, y que tiene su anclaje en la violencia que podría engendrar la movilización en las calles. “Lo que se viene viendo con el pueblo volcado en las calles, no es otra cosa que el pueblo defendiendo la democracia. Siempre hemos sostenido como Curas en la Opción por los Pobres que no puede haber paz sino hay justicia, la paz es fruto de esta última. Por la tanto, con estas decisiones lo que uno intuye es que lo que menos se busca es justicia, sino revanchismo y un odio visceral hacia una persona que toca los intereses de los grupos económicos que esta justicia defiende”.
