Todas las semanas se emite por el canal de Youtube de Conclusión un ciclo que buscará acercar la realidad, para poder interpelarla profundamente. Es por ello que Catalejo, a lo largo de treinta minutos, abordará diversos temas ligados a la actualidad, cultura, salud, política, opinión e investigación, tratando de amplificar en todos los casos, un imprescindible debate.
En este capítulo, el fiscal federal Gustavo Gómez, especialista en delitos ambientales, dialogó con Gisela Gentile y Alejandro Maidana sobre la importancia de que el ciudadano a pie se constituya en querellante. Las personas no tienen claro cuándo hay delito ambiental, se sienten víctimas pero denuncian poco. La ley penal no prevé multas, prevé penas de prisión, por ello poder acercar información pertinente es sumamente importante.
Como dato no menor, en Tucumán se condenó a un intendente a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida por el delito ambiental de tener un basurero a cielo abierto. El CEO de La Alumbrera está procesado y por ir a juicio oral y público por la contaminación de su empresa. Hay directivos de los ingenios tucumanos procesados y por ir a juicio por contaminar ríos. «La ley 24.051 dice que los delitos ambientales son competencia federal. La excusa para que intervengan justicias provinciales está en algún fallo de la Corte Suprema«, sostuvo el fiscal.
El agua es la principal víctima de las agresiones al medioambiente. Todos los grandes ríos sufren por el vertido de líquidos cloacales sin tratar, de las empresas mineras, de las empresas petroleras y también de agrotóxicos en el agua. Si nos focalizamos en el Delta del Paraná, las incesantes quemas de los humedales han convertido la vida de quiénes padecen este delito, en una verdadera quimera. «Necesitamos un código de delitos ambientales y una ley procesal de delitos ambientales, porque se trata de delitos específicos y complejos, como el narcotráfico«.
A la hora de analizar la actuación de los profesionales de las leyes, Gustavo Gómez enfatizó: «Las universidades deben tomar postura, la mayoría de las carreras de abogacía no tienen en su curricula el delito ambiental».
