Por Alejandro Maidana
El 26 de septiembre de 2014 quedará imborrablemente en la historia negra de México, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, sigue empujando una exhaustiva investigación en una espinosa causa que buscó ser minada por distintos sectores.
Todos los 2 de octubre de cada año, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa participaban de las movilizaciones en Ciudad de México hacia la Estela de Tlatelolco para conmemorar a las víctimas de la matanza de estudiantes de 1968. Para su traslado hasta la capital, los estudiantes “tomaban” autobuses (es decir, controlaban el autobús hasta su destino y luego liberan al conductor) para reducir los costos del viaje.
Cada año, la toma de autobuses provocó conflictos con la policía local, como el llamado Conflicto de Ayotzinapa. El 12 de diciembre de 2011, un grupo de estudiantes cerró la Autopista del Sol y se trasladó a Chilpancingo de los Bravo para solicitar el cumplimiento de un pliego petitorio. Cuando llegaron fueron reprimidos por la policía y dos de ellos murieron. Esto desencadenó una serie de manifestaciones en repudio a dichos sucesos y en reclamo de justicia. El conflicto provocó el juicio político del gobernador estatal y la renuncia del Procurador del Estado.
Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, acercándose la conmemoración del 2 de octubre, un grupo de estudiantes que arribaron en cinco autobuses a la terminal de Ciudad de México, provenientes de la ciudad de Iguala, fueron perseguidos y atacados por la policía municipal y estatal.
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Este episodio generó un sismo político en México, por su resonancia internacional, y produjo declaraciones de preocupación de Estados y organismos internacionales. Ante el reclamo de familiares por la falta de una adecuada investigación que esclareciera los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEDI). EL GEDI destacó en su informe que en total 180 personas fueron víctimas de diferentes violaciones a los derechos humanos en presencia de varias fuerzas de seguridad estatal en las que cuarenta y tres normalistas fueron detenidos y desaparecidos, seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, y más de ochenta profesores, normalistas y familiares que reclamaron justicia sufrieron amenazas o atentados contra su vida. La investigación contó con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Luego de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano adoptó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en noviembre de 2017 y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley fue reconocida a nivel internacional como una ley avanzada en materia de protección de los derechos humanos.
El caso es uno de los episodios más emblemáticos de violación a los derechos humanos en la historia reciente de México. Ha causado multitudinarias protestas en el país y una ola de solidaridad en el mundo entero. En la desaparición participó la policía municipal que, según la versión del gobierno de entonces, entregó a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos (aunque la existencia del grupo no ha podido comprobarse judicialmente).
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Los estudiantes según la versión oficial, carente de argumentos sólidos y raquítica por done se la mire, fueron supuestamente incinerados en un basurero. Un grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que eso no era posible.
“Todo fue muy rápido. Un grupo de policías municipales nos impidió el paso en el periférico de Iguala, nos hizo bajar de los tres camiones en los que íbamos y se llevó a nuestros 43 compañeros. Más tarde llegaron personas armadas del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos y comenzaron a dispararnos y murieron otros tres de nuestros compañeros. México es un país donde los policías municipales se dan el gusto de matar a los campesinos. De matar a personas que levantan la voz», supo relatar en su visita a la Argentina Francisco Sánchez Nava, estudiante sobreviviente de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en dialogo con Conclusión en la figura de Florencia Vizzi.
Luego de ese primer tiroteo que resultó con dos muertos, llamaron una ambulancia, con la que llegaron algunos medios y más policías municipales, y allí se desató la verdadera carnicería. La segunda balacera duró más de 20 minutos, algunos lograron escapar entre los cerros y refugiarse. El resultado del sangriento operativo fueron 6 muertos, uno de ellos con evidentes signos de tortura (le arrancaron la piel y los ojos con un cutter), cinco heridos de gravedad, y más de cuarenta y tres desaparecidos. De ellos, no se supo más.
Fue el estado: un nuevo informe revela que las pruebas fueron falsificadas
En el informe, se da a conocer que los autobuses de pasajeros en Iguala eran utilizados para el traslado de heroína. Y aquel día, y como era práctica de la escuela desde hacía muchos años, los estudiantes de la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», de la hacienda Ayotzinapa, secuestraron algunos de esos vehículos para trasladarse hacia la ciudad de México, a participar de la marcha conmemorativa del 2 de octubre, donde se recordaba el asesinato por parte del Estado, de estudiantes en una movilización en 1978.
En el nuevo informe del GIEI, se descubrió que tanto el Ejército como la misma Marina participaron en la fabricación de evidencia, con el conocimiento del Gobierno federal de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, un hombre que está siendo investigado por corrupción.
El 28 de marzo, el GIEI brindó una conferencia en el salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, donde explicaron que aquella “verdad histórica” que explicó Jesús Murillo Karam, que en aquel entonces era el Procurador General de la República de México (PGR), fue un montaje, con testimonios basados en la tortura, y que lo que se hizo fue fabricar evidencias.
En la misma conferencia, los exponentes presentaron un video filmado por un dron oficial -que para funcionar solo puede ser autorizado por el presidente o su secretario-, una aeronave no tripulada de reconocimiento (ANX 3501), que estuvo en el basurero de Cocula un día después de los hechos, evidenciando que el presidente y todo el aparato del Estado estaban en conocimiento del montaje de evidencias.
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La información presentada, fue recopilada directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a cargo de Alberto Bazbaz. Se trata de un logro de la Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), a instancias del presidente Manuel López Obrador, informaron los ponentes. Además, señalaron que los altos mandos de las Fuerzas Armadas no han entregado toda la información.
El video presentado por el GIEI muestra al dron sobrevolando el basurero de Colula, donde se puede ver cómo son colocados bultos blancos y se enciende una fogata. También puede verse a Jesús Murillo Karam y a Tomás Zeron (hoy prófugo de la justicia) llegando al lugar, y posteriormente a los peritos de la antigua PGR.
El descubrimiento permitió identificar el hecho de que los normalistas eran vigilados, y que había jóvenes del Ejército mexicano infiltrados entre ellos para seguir sus movimientos, destacando que en los documentos encontrados fueron nombrados como “fachada de alumno». Según la información presentada por la GIEI, los 43 estudiantes, junto con integrantes del Ejército del batallón 27, fueron llevados a una región llamada Barandillas. El Ejército, según se supo, interceptaba las comunicaciones de los grupos criminales, sabiendo que los autobuses transportaban heroína, y debido a que las autoridades militares manejaban todo desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, estarían en conocimiento de todo lo que estaba sucediendo con los jóvenes.
El grupo GIEI expone una simulación, desde el momento de la desaparición, y se fue extendiendo hasta las investigaciones que arrojaron “la verdad histórica”, ocultando, cambiando información, haciendo creer mundialmente que nada se sabía sobre el paradero de los jóvenes, y nada tampoco sobre la violencia extrema que habrían sufrido en la localidad de Iguala, del estado de Guerrero.
El GIEI señaló además que 22 personas que tenían información clave de los días 26 y 27 de setiembre del 2014 cuando ocurrieron los hechos, ya han muerto. De ellas, 20 fueron asesinadas, y otras dos se encuentran desaparecidas. Además, señalaron que existirían grupos de poder en el interior de la actual administración que obstaculizarían la información, negándose a dar nombres.
Al día siguiente, en una reunión realizada en el auditorio del Centro Prodh, el abogado representante de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, expresó que “la apuesta es que en este sexenio podamos avanzar con las investigaciones, sería muy difícil seguir en otro sexenio”.
Por tal motivo los familiares de los normalistas solicitaran una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y comentaron también que buscarán las formas legales para que el expresidente del sexenio pasado, Enrique Peña Nieto, declare ante la justicia sobre los hechos y sea investigado por su supuesta participación.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) solicitó una investigación a las autoridades sobre el material revelado en el tercer informe del GIEI. ¿Se repite una vez más, una violencia desmedida por el Estado contra estudiantes que ejercen una militancia social? ¿Quién dio la orden de la desaparición de los jóvenes y que tan involucrado estuvo el Estado mexicano? Y si es cierto que sabía del trasiego de drogas desde Iguala hacia Chicago, ¿qué responsabilidad tienen las autoridades norteamericanas para dejar pasar un autobús mexicano a los Estados Unidos con un cargamento de heroína? Si esto viene siendo ocultado desde hace tantos años, ¿cuántas otras cosas estarán ocultas?
