En un recinto copado por activistas e integrantes de la comunidad travesti-trans santafesina, la Legislatura provincial dio media sanción a una iniciativa que postula una reparación económica para quienes fueron perseguidas por el código de Moralidad Pública que rigió en Santa Fe hasta 2010. Tuvo 10 abstenciones y seis votos negativos

La iniciativa fue ingresada por la diputada justicialista Matilda Bruera, quien detalló los alcances del proyecto y fundamentó la necesidad de su sanción.

Según comentó Bruera, el proyecto “establece reparar las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos realizadas por las fuerzas represivas contra la comunidad travesti y trans”.

Señaló que se trata de una iniciativa “elaborada en colaboración con la Mesa de Trabajo Travesti-Trans, junto a sus asesores legales” y que logró el aval de cuatro comisiones parlamentarias: de género, de derechos y garantías, de presupuesto y de constitucionales.

Por su parte, el diputado Joaquín Blanco, presidente del Bloque Socialista, se mostró satisfecho con la medida y afirmó en sus redes que “los socialistas siempre trabajamos para reconocer y ampliar derechos: En 1996 en Rosario se llevó adelante el primero Congreso LGTBI de Argentina” y añadió que “en 2007 se creó en Rosario la primera área de diversidad sexual de un municipio y el primer consultorio inclusivo de Argentina”.