Por Alejandro Maidana
Los pueblos considerados sacrificables por las corporaciones mineras siguen consolidando su resistencia con la dignidad como estandarte. Un camino tan estoico como resiliente, una lucha inquebrantable contra un monstruo que ha sabido encontrar en el poder político, un ariete necesario para atropellar todo derecho que se le interponga.
Se trata de una defensa irrestricta, para garantizar la preservación de aquello que oficia de garante de vida y futuro: el agua. Y es contra un neocolonialismo que impulsa, a través de la acumulación por desposesión, un capitalismo voraz dispuesto a seguir ensanchando la brecha social a como dé lugar. Los pulpos mineros avanzan de manera ilegal y sin licencia social, escondidos detrás de un escritorio político que oficia de garantía a la hora de justificar el saqueo.
La violación de distintas leyes parece no mover el amperímetro del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien dio el visto bueno para «invadir» territorio andalgalense. Entre las extralimitaciones, podemos citar que la actividad minera viola la ley de Glaciares, la ley general del Ambiente, la ley de Bosque Nativo y los Derechos Humanos, garantizados por la Constitución Nacional y los convenios internacionales. También es preciso destacar que atropella la Ordenanza municipal 29/16 (que aún está vigente), donde se prohíbe toda actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá.
A lo antes mencionado, debemos sumarle que también se incumple el fallo de la Suprema Corte de Justicia, donde la misma reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la integridad física y a la propiedad de todos los habitantes de la región. Ante lo explícito de la situación que se vive en Andalgalá, no hay duda alguna de que en tierras catamarqueñas manda la megaminería, aquella que se llenó los bolsillos gracias a los recursos naturales de esa expoliada provincia. Mientras tanto, la pobreza sigue avanzando a pasos agigantados, ya que la historia se empecina a demostrar una y otra vez que el extractivismo, solo puede generar angustia, hambre y desesperanza.
El pueblo bravo de Andalgalá no baja los brazos
Lejos de resignarse, aquellos que no piensan hipotecar sus días y el futuro de sus hijos a cambio de rancias promesas de progreso, siguen organizados, alertas y movilizados. “La renovación de la resistencia se 
reflotó hace 18 días, más precisamente para el Día Mundial del Agua; con la Asamblea el Algarrobo nos unimos a esa movida plurinacional. Fue en ese preciso momento donde un grupo de compañeros divisa un gran contingente de trabajadores mineros, desde ese día hemos decidido bloquear los dos accesos que tiene esta empresa minera hacía el lugar a expoliar”, le dijo a Conclusión José Martiarene, vecino de Andalgalá e integrante de la Asamblea el Algarrobo.
La investigación llevada adelante por distintos técnicos arroja que el daño ambiental que van a disparar las distintas perforaciones será irreversible.”
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La resistencia y descontento por parte de la población resurgió nuevamente, ya que la integración de Agua Rica y la Alumbrera, formalizada en el 2020, dio vida a M.A.R.A. “De esa manera, todas las disposiciones legales que había con el viejo proyecto dejan de tener validez. Aproximadamente en junio de 2020, comienza a visibilizarse la información de que se impulsaban una serie de mesas de diálogo, con la falacia de que la información era pública, cuando en realidad eso no sucedió jamás en Andalgalá. La investigación llevada adelante por distintos técnicos arroja que el daño ambiental que van a disparar las distintas perforaciones será irreversible.”
Cuando se apersonaban los habitantes de ese bello lugar catamarqueño, haciendo gala de su derecho al acceso a la información, el organismo de turno les ofrecía 6 tomos de unas 2.000 hojas cada uno. “Esto hizo que resultara imposible poder escudriñar con detenimiento cada ítem. Finalmente es el gobierno de Catamarca el que termina aprobando esos once pozos, otorgándole a la empresa la concesión y aclarando que esto se dio en septiembre, mientras que en diciembre se da la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 29/16. Ésta prohibía la realización de cualquier actividad minera en las cuencas altas del río Andalgalá y fue impulsada la Corte Suprema de la provincia”.
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Lo que sucedió después de lo antes mencionado, fue que la provincia ingresa en una emergencia hídrica, y es allí donde se consolida la molestia y resistencia, ya que la empresa minera Yamana Gold se encontraba violando una cautelar de la Corte Suprema de la Nación, dos resoluciones del ministerio de minería y la decisión de un pueblo. “Cabe destacar que, para avanzar con el estudio de impacto ambiental, estas empresas primero deben contar con la licencia social del lugar que van a sacrificar, y acá en Andalgalá no la tienen. Sin embargo, y pese a todas las prohibiciones circundantes, esta empresa comenzó a avanzar, trascendiendo de que iban a comenzar a subir a través de otros departamentos como es el caso de Santa María en Belén. Este miércoles 7 de abril, un grupo de compañeros subió a través de un camino alternativo, pudiendo contemplar unas 30 camionetas con empleados en su interior, junto a algunos camiones y una máquina perforadora.”
En 2019 desembarca una ONG (Fundación EcoConciencia) que es totalmente servil al extractivismo. Los hemos denunciado en varias oportunidades… su presidente tiene una «trayectoria» muy oscura.
Bajo este contexto, el pueblo de Andalgalá rechaza fervientemente este tipo de movimientos que buscan instalar desde la ilegalidad, una actividad sumamente destructiva para las cuencas de agua. “El rechazo popular está latente, también hay algo que queremos destacar y es que en el día de ayer, como forma estratégica, nuestro departamento ingresa en emergencia sanitaria debido al Covid-19, la etapa roja vino de mano de las restricciones que empujan la imposibilidad de salir a manifestarnos, sin embargo, nosotros los habitantes de Andalgalá seguimos alertas y movilizados a pesar de la pandemia, ya que rechazamos este sistema extractivista”.
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Para concluir, José Martiarene apuntó hacia una persona que, mediante el escudo de una Fundación, estaría operando tácitamente para las corporaciones mineras. “Considero de suma importancia recordar la denuncia que realizamos por el desembarco en 2019 de una ONG (Fundación EcoConciencia) que es totalmente servil al extractivismo. Su presidente es Rodolfo Tarraubella, esta organización se ancló en el departamento Andalgalá hace unos años y lleva adelante una suerte de trabajos solidarios, pero su objetivo madre fue impulsar mesas de diálogos totalmente ilegítimas. Nosotros hemos denunciado a EcoConciencia en varias oportunidades, ya que, en esta última oportunidad, este señor Tarraubella, atacó a miembros de la asamblea con cuestiones de su vida privada, incluso no escatimando falacias. Su «trayectoria» es muy oscura, destacando que fue expulsado de Tinogasta, y compañeras de Famatina también lo han visto pulular por el lugar. Este personaje utiliza el sello de la ONU y dice trabajar por la paz, pero en realidad es subvencionado por las empresas mineras”.
