Amenazas a Cristina Fernández: ordenan liberar a los integrantes de Revolución Federal

La Justicia ordenó este martes liberar a dos de los cuatro integrantes de Revolución Federal que estaban presos por presunta incitación a la violencia colectiva, en el marco de una causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La Sala I de Cámara Criminal y Correccional Federal dispuso conceder la excarcelación a Nilda Sabrina Basile, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y a Jonathan Ezequiel Morel, al considerar que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los acusados puedan entorpecer la investigación o escapar estando en libertad.

«Luego del estudio de las actuaciones podemos concluir que no existen riesgos procesales suficientes que nos permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el juez de grado», sostuvieron los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

A través de cuatro fallos, uno por cada uno de los imputados, los camaristas revocaron la decisión del juez federal que lleva la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, que había rechazado excarcelarlos por considerar que podían entorpecer el curso de la causa.

«En cuanto al posible entorpecimiento de la investigación, no coincidimos con el juez de grado, pues los elementos secuestrados ya se encuentran a disposición de las fuerzas encargadas de estudiarlos», sostuvieron los jueces del tribunal de apelaciones en el fallo con el que dispusieron la excarcelación Morel.

Ese argumento se repitió en cada una de las resoluciones, a pesar de que todas tienen sus particularidades: en el caso de Basile, por ejemplo, los jueces sostuvieron que cuando se enteró que había una orden de detención con su nombre «compareció voluntariamente a la mesa de entradas del Juzgado, poniéndose a disposición de la justicia».

Pedido de excarcelación

Por su parte, Morel y Basile rechazaron cualquier tipo de vínculo con el intento de homicidio a la vicepresidenta, al pedir la excarcelación en la investigación por supuesta instigación a la violencia abierta en su contra.

Las defensas de ambos expusieron en audiencias ante la Cámara Federal porteña, en tanto que los otros dos detenidos, Leandro Sosa y Gastón Guerra, presentaron escritos en los cuales también pidieron quedar libres, según informaron fuentes judiciales.

Por su parte, la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también se presentó por escrito para reclamar que se rechace excarcelar a los cuatro referentes de «Revolución Federal».

Mientras se realizaban las audiencias en el Tribunal de Apelaciones, Sosa y Guerra ampliaron desde la cárcel sus declaraciones indagatorias en la causa que lleva el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y negaron las acusaciones en su contra, explicaron fuentes del caso.

Ante la Cámara Federal, la única imputada que se conectó a la audiencia hecha por videoconferencia fue Sabrina Basile, desde el penal donde permanece detenida.

«Justamente una de las banderas por las cuales me manifiesto en las calles es la igualdad ante la Ley y me parece que en este país tenemos que empezar a ser coherentes con lo que pregonamos. Aquí estoy, subordinada a derecho y comprometida a seguirlo según La ley», indicó a los jueces la hija del ex entrenador de la Selección, Alfio ´Coco´ Basile.

Los magistrados Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi realizaron por la mañana dos audiencias separadas a través de la plataforma Zoom de manera previa, para analizar si confirman o no el rechazo a las excarcelaciones.

En la primera de ellas, escucharon a la defensa de Morel, el referente de Revolución Federal, que optó por no conectarse desde su lugar de detención.

La defensa de Morel sostuvo que se pretende vincularlo con el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que «permanezca en prisión».

Además, su abogada Amina Chale argumentó que Morel se manifestó en el marco de la «libertad de expresión» y que «todos los días hay gente frente a la Casa Rosada con intención de manifestarse».

«Se quiere disfrazar un tipo penal con otro más grave, como es el intento de homicidio de la Vicepresidenta, para que mi asistido permanezca en prisión», afirmó la defensora.

Además, remarcó que en la causa que se investiga a Revolución Federal «insisten en vincularlo con la causa por el atentado, pero la jueza de esa causa (María Eugenia Capuchetti) lo rechazó por no tener elementos probatorios de vinculación».

Morel «siempre estuvo a derecho» y fue apresado por viajar a Entre Ríos a pescar con intenciones de alojarse en la casa de su novia, cuando no tenía impedimentos para salir del país o movilizarse.

«Las supuestas conversaciones, frases, que se le atribuyen a mi cliente no serían ningún delito. El pensó que las manifestaciones públicas en las que participaba no tenían otra finalidad que el ejercicio de la libertad de expresión», agregó la abogada.

Media hora más tarde tuvo lugar la audiencia para escuchar al defensor de Basile, Martín Sarubi.

«Se presentó espontáneamente en el juzgado a sabiendas de que quedaría detenida y eso demuestra absoluta sujeción y respeto por el proceso», expuso Sarubi, en la audiencia que fue presenciada por la acusada, quien se dirigió a los jueces desde la sala de videoconferencias del penal en el que está detenida por orden de Martínez De Giorgi, a pedido del fiscal Gerardo Policitta, quien tiene delegada la investigación.

«No existe absolutamente ningún elemento concreto que relacione el objeto procesal de estas actuaciones con los hechos que se investigan en el marco de esa otra causa, a pesar de los esfuerzos realizados por el fiscal y el magistrado. La falta de conexidad es absoluta», argumentó Sarubi.

“Basile cuenta con domicilio certificado, un entorno familiar compuesto por su padre, que sabemos es persona de vida pública, y sus hermanos, es psicóloga y profesora de yoga”, enumeró su abogado.

En ambos casos, las defensas sostuvieron que se viola el «principio de inocencia», negaron peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación y descartaron que puedan «amedrentar testigos».

Los jueces siguieron la audiencia por Zoom desde sus despachos en los tribunales federales de Retiro y, tras escuchar los argumentos, quedaron en condiciones de tomar una decisión.