Por Alejandro Maidana
Semanas atrás, el intendente de la localidad uruguaya de Canelones, Yamandú Orsi, denunció que empresas privadas, vinculadas a la industria arenera, realizaron tres desvíos en el curso del río Santa Lucía, y construyeron un terraplén para habilitar el paso de camiones en la zona. De este cauce depende el acceso al agua potable de la mayoría de los habitantes del país limítrofe.
En las fotografías –que fueron replicadas en las redes sociales de Orsi– puede verse cómo el cauce del río Santa Lucía se desvió en tres tramos. En la zona afectada puede observarse terraplenes de dos metros de alto, los cuales fueron construidos con retroexcavadoras. Con estas obras ilegales, la tierra le fue ganando espacio al agua. “En plena sequía se perdió el control del río Santa Lucía. Desviaron su curso en tres tramos. Dos millones de personas dependen del afluente para tener agua potable”, supo indicar Orsi.
Una situación que se repite a lo largo y ancho de una Latinoamérica expoliada y manejada por un inescrupuloso poder financiero. A fines de 2022, en la provincia de Entre Ríos, se denunció un hecho similar, destacando que las empresas areneras que operan en esa provincia, se encuentran en la mira de la justicia por su accionar ilegal. Pero hecha le la ley, hecha la trampa, las multas que tienen que abonar, suelen abrazar cifras irrisorias tomando como referencia el poder de la firma en cuestión, y la magnitud del impacto socioambiental.
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Pero claramente las aguas del Santa Lucía no solo son codiciadas por las empresas ligadas al negocio del elemento antes mencionado, en la actualidad avanza el Proyecto Neptuno, una obra que no se sujeta al artículo 47 de la constitución, y amenaza con la privatización del agua. El vital elemento para la vida en manos privadas, un gran negocio para solo un puñado de manos.
El río Santa Lucía recorre aproximadamente unos 280 km de tierras uruguayas. La cuenca del mismo va tocando la tierra de diversos departamentos de país, y es la que provee de agua a mas del 60% de la población del país hermano. El agua potable de la ciudad de Montevideo, donde se nuclea la mayor parte de la población de Uruguay, una cuenca azolada por un modelo extractivista anclado en el agronegocio y sus venenos, el desmonte y los desechos industriales. Situación que claramente a puesto en jaque la salud de este importante lecho de agua.
Hace años que desde la Asamblea por el gua vienen participando de los distintos ámbitos de discusión, tales como la comisión de cuencas del río Santa Lucía, espacio donde se centran los más álgidos reclamos en torno a generar políticas que permitan proteger las aguas de manera contundente. Tomando como referencia que el agua potable que beben mayoritariamente uruguayas y uruguayos, proviene del Santa Lucía, tiempo atrás se generó un proyecto para realizar una presa en el Arroyo Casupá, que gracias a distintos estudios ambientales se llegó a la conclusión podía servir de bálsamo en el suministro de agua potable.
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Sin embargo, y por acción del gobierno actual y cuatro empresas multinacionales, se propuso lo que se dio en llamar en un principio “Proyecto Neptuno”, mutando en la actualidad a “Proyecto Arazatí”, que contempla la toma de agua en el Río de La Plata. «Este es un proyecto que tiene varias puntas, primeramente mencionar al artículo 47 de la Constitución, conquista conseguida en el 2004 a través de un plebiscito, se logró establecer que el agua potable y el saneamiento es un derecho humano fundamental. En este sentido, muchas organizaciones entre ellos nosotros, consideramos que el proceso que está llevando a la instalación de este Proyecto Neptuno, también denominado Proyecto Arazatí, no solo es un proyecto que no va a solucionar el problema del agua potable por diversas razones, sino que viola la constitución ya que fue un proyecto inconsulto violando el artículo 47 de la misma. Cabe destacar que este proyecto solo impulsa el enriquecimiento de unos pocos a través de la privatización del agua”, indicó Marcos Umpiérrez, docente e integrante de la asamblea por el agua del río Santa Lucía, un colectivo de vecinas y vecinos alertados por la situación que atraviesa el lecho.
Artículo 47 de la Constitución: La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminaciones graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales.
La problemática principal que atraviesan las aguas del Santa Lucía, están centradas en que la iniciativa del Proyecto Neptuno ha sido impulsada por cuatro empresas privadas que se agrupan bajo el nombre de Consorcio de aguas de Montevideo. “Esto implica la toma de agua bruta del Río de la Plata ubicadas entre Arazatí y Bocas de Cufré en el departamento de San José, los que se pretende es construir una planta potabilizadora y una tubería de 80 km junto a una reserva de emergencia que estaría ubicada cerca de la costa. Mas allá del problema constitucional, es que hay varios eventos de salinidad, destacando que este es un proyecto que se está evaluando desde tiempos inmemoriales, siendo sistemáticamente rechazado. Es decir, que a partir de estos eventos de salinidad implicaría por ejemplo mayor costo en la potabilización del agua, pero también tenemos la problemática de la floración de cianobacterias, que hace aún más compleja la situación”.
Habría que analizar si esto tiene que ver con una interpretación errónea de la constitución, o más bien una mal intencionada interpretación de la misma
Resulta indisimulable los conflictos con el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana, y que depende solo de las aguas del Río Santa Lucía. Si bien es innegable la necesidad de contar con otra planta potabilizadora, el camino emprendido por el Proyecto Neptuno tendría más que ver con un negocio para pocos, que una solución para muchos. “Habría que analizar si esto tiene que ver con una interpretación errónea de la constitución, o más bien una mal intencionada interpretación de la misma. Tomando como referencia que la dirección jurídica de OSE (Obras Sanitarias del Estado) el proyecto se encontraría dentro de los parámetros constitucionales, algo totalmente falaz ya que la reforma constitucional del 2004 en su artículo 47 es muy clara”.
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Digamos que como sociedad vamos a estar bancando el lucro de cuatro empresas privadas, destacando que estas empresas no se van a hacer cargo que la distribución del agua potable sea efectiva
Cabe destacar que gracias al derecho de protección de datos del cual gozan las empresas, los detalles de este proyecto han permanecido ocultos y bien custodiados. “Si bien es cierto que por palabras del director de OSE los datos mencionados eran públicos desde el 2021, algo que jamás se había comunicado, lo cual sorprendió bastante. En noviembre del año pasado hemos tenido acceso a la información, llama la atención la prontitud de los procesos ya que se trata de una obra muy grande que no permitió, ni dio lugar a la discusión. Este sin dudas es un proyecto que se va a financiar a través de la tarifa de OSE, lo cual, es algo que vamos a pagar todos. Digamos que como sociedad vamos a estar bancando el lucro de cuatro empresas privadas, destacando que estas empresas no se van a hacer cargo que la distribución del agua potable sea efectiva, sino que OSE sería la responsable de esto. En definitiva, esto se trata de un embate privatizador, y no es el primero que se ha intentado, como así tampoco se les dio lugar a las alternativas como por ejemplo la de extraer el agua de la cuenca del Casupá”.
Es de suma importancia destacar que esta no es la única problemática con relación al agua que atraviesa el pueblo uruguayo, ya que al hidrógeno verde y los agrotóxicos utilizados en la siembra directa, constituyen un combo que genera preocupación y alerta permanente. Latinoamérica se encuentra atravesada por el mismo dolor y la misma guillotina, un yunque tan pesado como la entrega que padece el pueblo, los grupos de poder económico y su deshumanizante agenda, representan la dictadura más extensa que se haya conocido.
