Por Alejandro Maidana
Mientras el mundo complejiza el debate sobre el odio racial que atraviesa el mismo, en nuestro país el racismo sobrealimentado por una creciente aporofobia, sigue haciendo mella en el cuero de quienes vienen siendo atormentados y avasallados en sus derechos desde hace siglos.
La historia fue escrita con la pluma de los escribas blancos, aquellos que se encargaron de contar los sangrientos sucesos anclados en el terreno de las clases dominantes. Desde ese preciso momento, las diferencias sociales se tornaron más crudas e impiadosas, algo que hasta nuestros días, se manifiesta como una tragedia.
En ese marco, los corridos a los márgenes de la historia, sobreviven a duras penas, gritando su dolor y sus derechos, se mantienen erguidos y dignos, no saben de claudicaciones, pero sí de resistencia. Los pueblos preexistentes al Estado, nuestro George Floyd, esos que solo cuentan como un número, para aquellos que siguen fortaleciendo un exterminio silencioso pero sostenido en el tiempo.
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Nuestra ciudad, nada debería “envidiarle” a la hermana provincia del Chaco: el abuso policial con claros tintes racistas y aporofóbicos, se vienen sucediendo desde hace tiempo en las barriadas que abrazan a hermanas y hermanos de distintas culturas. En ese marco, Luis Báez, referente de la comunidad Moqoit (Mocoví) de la zona sudoeste de Rosario, no ha cesado en la estoica tarea de visibilizar el atropello que vienen padeciendo desde tiempos inmemoriales.
La última y feroz represión, se apersonaría en los primeros días de mayo, el barrio La Cava que alberga a integrantes de la comunidad Qom, sufriría nuevamente los embates de un accionar policial que no dudaría en poner en práctica “técnicas” utilizadas en los años más oscuros de nuestra historia.
Por ello, y cargando un bagaje sumamente importante a la hora de dar la discusión con los funcionarios públicos, Luis Báez, quién llegó acompañado por el Secretario General de la CTA Autónoma de Santa Fe Gustavo Martínez, formalizaron una alentadora reunión con Diego Rodríguez, Subsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia, y Sabrina Acosta en representación de la delegación de DDHH de Rosario.
Sobre los puntos más salientes Báez consideró que “era menester poder compartir el calvario que viven nuestras comunidades en torno a los abusos policiales, tomando como última referencia lo sucedido en mayo en el barrio conocido como La Cava. El reclamo al Subsecretario de Seguridad a nivel provincial, nació por la imperiosa necesidad de dar a conocer el padecimiento de nuestros pueblos a lo largo y ancho de la provincia en todos estos años”.
Este reclamo lo venimos sosteniendo desde hace tiempo, pero lamentablemente nunca ha existido una decisión política para poder avanzar, confiamos que después de esta reunión las partes puedan acercarse.
En un reclamo que pueda acercar las partes, según le dijo a Conclusión, “le solicitamos al gobierno la coordinación de un equipo de interlocutores que puedan abarcar estas problemáticas que venimos padeciendo como pueblo durante años. Este reclamo lo venimos sosteniendo desde hace tiempo, pero lamentablemente nunca ha existido una decisión política para poder avanzar, confiamos que después de esta reunión las partes puedan acercarse”.
Voces silenciadas que buscan romper los límites burocráticos, el referente mocoví indicó: “Perseguimos la idea de que seamos nosotros mismos los que hablemos por nosotros mismos, esto es algo por lo que venimos luchando hace muchísimo tiempo y no pensamos claudicar”.
Por su parte, Gustavo Martínez desde la Secretaria General de la CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe, viene llevando adelante un acompañamiento esencial a las distintas comunidades, algo fundamental para poder traspasar los muros de los distintos ministerios. Consultado por Conclusión, compartió sus sensaciones en torno a la reunión con Diego Rodríguez. “En primer término nos parece que fue una respuesta inmediata, al planteo que lleva en su médula la preocupación por las continuas represiones no solo en el barrio de Luis Báez, sino también en Empalme Graneros, los Laureles, entre otros. Es una seguidilla de hechos lamentables donde se expresa claramente que una parte de la fuerza de seguridad tiene una concepción racista y colonial, repleta de agorafobia y xenofobia”.
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La necesidad de entrelazar el trabajo de los distintos sectores, sigue siendo el horizonte de aquellos que persiguen el derecho a vivir dignamente y sin ser violentados. “La idea es que se respalde la idea de que puedan existir interlocutores entre las comunidades y la justicia. Cabe destacar que hay referentes de distintos pueblos que cuentan con un amplio derrotero en torno a la discusión de las complejidades y problemáticas que los vienen atravesando. Los interlocutores judiciales buscan allanar el camino, tomando como referencia lo hecho en materia de salud, que si bien se viene avanzando muy tibiamente, se puede decir que se ha encausado”.
En el último suceso represivo suscitado en el barrio de Rouillón, vecinas y vecinos denunciaron incluso el robo de dinero por parte de los efectivos policiales, algo que habla a las claras de la impunidad con la que se manifiestan.
Un sendero plagado de arbitrariedades y abusos, algo que ha quedado reflejado en distintos artículos de este periódico digital como de tantos otros medios de comunicación. “Si los distintos poderes tuviesen la iniciativa política de avanzar en la investigación, no deberían tener mayores dificultades, ya que sobran artículos periodísticos que refieren al atropello de las distintas fuerzas de seguridad para con las comunidades originarias. En el último suceso represivo suscitado en el barrio de Rouillón, vecinas y vecinos denunciaron incluso el robo de dinero por parte de los efectivos policiales, algo que habla a las claras de la impunidad con la que se manifiestan. Debemos poner sobre la mesa discusiones políticas y con mucho énfasis, la realidad de los pueblos preexistentes como los llamaban los patriotas en serio, la de los migrantes y toda minoría que hoy sigue siendo avasallada”.
Por último, quién acercó su punto de vista sobre lo que busca transformarse en una vital ruta de diálogo, fue el Subsecretario de Seguridad la provincia Sergio Rodríguez. “En lo particular considero de suma valía lo que surgió del intercambio de una reunión que seguramente sentará un precedente. Es una temática que no desconozco, ya que me ha tocado trabajar en el área de DDHH por espacio de 14 años, camino que me ha facilitado el abordaje de problemáticas como la violencia institucional que se viene denunciando”.
Tenemos el respaldo del Ministro de Seguridad de la provincia para poder avanzar sobre la violencia institucional, entendiendo como intolerables algunas prácticas que nos remiten a los momentos más oscuros de nuestro país.
“Tenemos el respaldo del Ministro de Seguridad de la provincia para poder avanzar sobre la violencia institucional, entendiendo como intolerables algunas prácticas que nos remiten a los momentos más oscuros de nuestro país. Hoy existe un trabajo territorial, una minuciosa investigación para poder garantizar el acceso a la seguridad con todas las garantías del caso. Seguiremos avanzando en el acercamiento, escuchando las voces de aquellos que suelen ser desoídos de manera frecuente, ese es nuestro desafío”, concluyó.
Un último y repudiable suceso
Paradójicamente mientras finalizábamos este informe, una nueva situación de toma de terrenos se llevaba adelante en la zona sudoeste de la ciudad. Allí distintas familias que vienen sufriendo el hacinamiento, y solicitando colaboración del municipio hace años, decidieron tomar terrenos del ferrocarril. “Venimos presentando informes sobre la colapsada situación habitacional del barrio hace muchísimo tiempo. A la represión sufrida hace dos años, se le sumó la de febrero del año en curso y la de hoy, el tema de la falta de viviendas y el acceso a la tierra es un tema latente. Es insostenible el nivel de hacinamiento, la toma de terrenos es producto del hartazgo y el abandono estatal del que vienen siendo víctimas muchas familias”.
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Un pedido sostenido en el tiempo, que aún no encuentra respuestas. “Reclamamos que nos escuchen y se ocupen de nuestros derechos, esta situación debe ser atendida de manera urgente. En este sector de la ciudad contamos con 23 hectáreas pero las mismas fueron utilizadas para otras cosas. La tensión que se está viviendo en el barrio es muy grande, la policía corriendo y disparándole a las hermanas y hermanos, no tenemos respuesta alguna del estado municipal y eso nos preocupa”, indicó Luis Báez.
