La Asociación de Abogados Laboralistas Rosario (AALR) se manifestó esta mañana frente a las puertas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para pedir por la derogación de la ley provincial 14.003, de adhesión a la ley nacional 25.348, que impone el paso obligatorio por Comisiones Médicas.

Jorge Elizondo, referente de AALR habló con Conclusión y dijo que “concretamente estamos pidiendo la derogación de la adhesión de la provincia a la ley macrista, 27.348 que se aprobó en febrero de 2017”.

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“Creemos, lamentablemente, que el problema de las ART comienza con su propio surgimiento, allá por 1955, la ley que todavía nos rige, la ley de Riesgo de Trabajo. Esa ley implicó una clara irregularidad en sí misma, porque el Estado delegó en entidades privadas, nada menos que la prevención y reparación de los accidentes de trabajo”, apuntó el letrado y agregó: “Si cumplimos con la Constitución Nacional, tiene que haber una entidad pública que cubra todo esto, no una privada”.

Asimismo, consideró que “las Comisiones Médicas le niegan la reparación al trabajador, le dan la derecha a la ART, y se terminó la historia. Esto es gravísimo. Desde el punto de vista jurídico es un mamarracho”.

“Las ART, además, se hacen cargo de los gastos, entre ellos los sueldos. Entonces cómo podemos creer en la imparcialidad de semejantes tribunales administrativos”, cuestionó y siguió: “Y por otra parte hay un desplazamiento. Al ser obligatorio concurrir a las Comisiones Médicas, se está vulnerando el sistema de justicia de la provincia de Santa Fe”.

“Estamos bregando por una verdadera ley de prevención de riesgo de trabajo, porque tenemos una ley que es del año ’72”, cerró indignado.

Por su parte, Sebastián Serrano Alou otro de los representantes de la Asociación explicó a Conclusión que “desde hace ya tres décadas tenemos un sistema que debería velar por la salud y la vida de las personas que trabajan, pero es en verdad un negocio financiero montado sobre la salud y vida de las personas”.

“Consideramos que estas Comisiones funcionan como tapón y como tijera. En el primer caso porque tratan de impedir todo lo posible la llegada de los justos reclamos de las personas que sufren accidentes o enfermedades laborales. Y en el caso que prospere alguno de esos reclamos, recortan la reparación; ahí viene la tijera”, precisó.

Según manifestó, “de una forma u otra lo que se hace es impedir que las personas tengan una reparación en tiempo y forma para que el dinero quede dentro del sistema financiero en el cual se mueven las ART. Mientras más dinero entra y mientras menos dinero sale, el negocio financiero está asegurado”.

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Consultado sobre cómo afecta y perjudica a los abogados, Serrano Alou dijo que “es cada vez más difícil poder avanzar con los reclamos de nuestros clientes porque el sistema se va complejizando, burocratizando, volviendo cada vez más arbitrario y terminamos frente a nuestros clientes sin poder darles la respuesta que querríamos”.

“También nos perjudica en el sentido económico porque trabajamos sin resultados, como la mayoría de los casos se rechazan, no terminamos cobrando y en los que cobramos, al igual que nuestros clientes cobran recortada su reparación, nosotros cobramos recortado nuestros honorarios”, señaló y concluyó: “Es un trámite que a propósito es cada vez más difícil y más engorroso”.