Por Graciana Petrone

El 15 de julio de 2010, después de una maratónica sesión en el Congreso de la Nación y durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se aprobó la ley N° 26.618 de Matrimonio Igualitario que otorgaba iguales derechos conyugales, legitimados en el Código Civil, a parejas del mismo sexo.

La norma tuvo como antecedentes varios proyectos que buscaban obtener derechos de igualdad de condiciones para parejas del mismo sexo, y que fueron impulsados por diferentes organizaciones que representan a las minorías sexuales.  Uno de ellos fue el bosquejo de la ley nacional de Unión Civil que se presentó en el Senado en diciembre de 2005, pero perdió su Estado Parlamentario.

Tres años antes, en 2002, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) presentó un proyecto a través de cual se aprobó la ley 1.004 de Unión Civil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2008, la misma organización consiguió que la Ansés otorgue el pago de pensiones por fallecimiento a parejas de gays, lesbianas y trans. En 2009, la Unión Civil en Argentina sólo regía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Villa Carlos Paz y la provincia de Río Negro.

En la provincia de Santa Fe distintas organizaciones de la región, entre ellas VOX, elaboraron y presentaron el proyecto de ley provincial de Unión Estable de Pareja que fue aprobada en 2008 por la Cámara Baja pero, al no tener tratamiento en el Senado provincial también perdió Estado Parlamentario.

Si embargo, como punto de tensión para el abordaje y avance de la ley de Matrimonio Igualitario que este 15 de julio cumple doce años en la Argentina, se toma a lo que ocurrió el 14 de febrero de 2007 cuando María Rachid, integrante de la Federación Argentina LGBT (Falgbt) y Claudia Castro –por entonces su pareja–, fueron al Registro Civil, pidieron turno para casarse, pero el funcionario que las atendió se negó a casarlas.

Ante la negativa, la pareja de mujeres presentó un recurso de amparo para que se declare institucional la ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Así, a través de medidas de amparo en la Justicia, antes de la sanción de la ley, se realizaron nueve casamientos entre personas del mismo sexo entre 2008 y julio de 2012.

El proyecto de ley, ya formalizado en cuestión social por el gobierno de Cristina Fernández, desató arenas de poder que fueron plasmadas en distintos ámbitos, desde los medios de comunicación hasta las universidades.

“Su tratamiento dividió a la sociedad, generó el repudio de la Iglesia Católica y tuvo apoyos y rechazos transversales, tanto en el oficialismo como en la oposición parlamentaria”, indicaba una nota publicada en Como indicaba el diario Ámbito Financiero un día antes de la aprobación de la ley en 2020.

Desde los claustros universitarios, tanto católicos como laicos, se realizaron ensayos y publicaciones académicas que buscaban dar ciernes con fuerza de investigación científica al rechazo y la aprobación del matrimonio igualitario, respectivamente.

La resolución llegó cuando habían pasado cinco minutos de las cuatro de la madrugada del 15 de julio de 2010. La ley se votó en el Senado con 33 votos afirmativos, 27 negativos y 3 abstenciones.

Un día después, el miércoles 16 de julio de 2010, la por entonces presidenta de la Nación promulgó la norma que establecía la ley Nº 26.618 de Matrimonio Igualitario en la Argentina. Durante el discurso que dio en la Galería de Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario, en Casa Rosada, Cristina Fernández dijo: «Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada, hemos constituido un hito fundamental en el camino de la igualdad”.