A 118 años de otro levantamiento fallido del radicalismo por el voto universal

El 4 de febrero de 1905 la Unión Cívica Radical (UCR), liderada entonces por Hipólito Yrigoyen, encabeza un nuevo alzamiento con el objetivo de terminar con el fraude electoral.

El partido estaba inmerso en una crisis luego de las derrotas de las revoluciones de 1890 y 1893, contexto que se había profundizado con el suicidio de Leandro N. Alem

El 4 de febrero comienzan levantamientos en Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe. La mayoría de las movilizaciones de los partidistas liderados por Yrigoyen fue contenida rápidamente por parte del gobierno.

Pero las contiendas continuaron en las provincias de Córdoba y Mendoza en donde los revolucionarios lucharon en duros enfrentamientos hasta el 8 de febrero, pese a que el gobierno de Manuel Quintana declaró el estado de sitio por noventa días.

A pesar del número de militares comprometidos, las fuerzas vinculadas y la extensión del movimiento partidario, el gobierno estaba avisado de la situación y por ello en Capital Federal las medidas represivas sofocaron en sus comienzos al movimiento.

Los autoproclamados revolucionarios fallaron al no poder asegurar el control del arsenal de guerra de Buenos Aires cuando el general Carlos Smith, jefe del Estado Mayor del Ejército desplazó a los soldados yrigoyenistas. Las tropas leales al régimen y la policía recuperaron pronto las comisarías tomadas por sorpresa y los cantones revolucionarios radicales.

En Córdoba, los radicales toman prisioneros al vicepresidente José Figueroa Alcorta a quien obligaron a tener una conferencia telegráfica con el presidente Quintana, solicitándole la renuncia a cambio de su vida, sin embargo, el presidente no cedió y la amenaza no fue ejecutada. En la misma redada intentaron detener al ex presidente Julio Argentino Roca, quien – avisado de esta circunstancia – logró escapar a Santiago del Estero. En cambio, fueron detenidos su hijo, el diputado Julio Argentino Pascual Roca, y Francisco Julián Beazley, ex jefe de policía de Buenos Aires e interventor de San Luis.

Tras la contienda, el gobierno nacional tomó represalia deteniendo, no solo a los radicales involucrados en los hechos, sino también a obreros agremiados e integrantes del anarquismo y el Partido Socialista, prohibiendo además su diarios a pesar que este último había llamado a no participar de la revolución.

Tres meses después de los hechos, Hipólito Yrigoyen se presentó detenido en el Juzgado Federal asumiendo toda la responsabilidad del movimiento. Luego de un breve interrogatorio fue dejado en libertad bajo fianza, y todos los detenidos e imputados de la revolución fueron indultados tras asumir como presidente Figueroa Alcorta por la muerte de Quintana.

Aunque nuevamente el levantamiento no tuvo éxito para terminar en forma inmediata con el sistema electoral imperante por el PArtido Autonomista Nacional (PAN), sirvió para convencer a muchos de los dirigentes de la época en que era necesario realizar cambios profundos en el sistema político vigente.

Finalmente, en 1912 el anhelo se lograría con la sanción de la Ley Sáenz Peña.

Proclama revolucionaria de Yrigoyen

“Ante la evidencia de una insólita regresión que, después de 25 años de transgresiones a todas las instituciones morales, políticas y administrativas, amenaza retardar indefinidamente el restablecimiento de la vida nacional; ante la ineficacia comprobada de la labor cívica electoral, porque la lucha es la opinión contra gobiernos rebeldes alzados sobre las leyes y respetos públicos; y cuando no hay en la visión nacional ninguna esperanza de reacción espontánea, ni posibilidad de alcanzarla normalmente, es sagrado deber del patriotismo ejercitar el supremo recurso de la protesta armada a que han acudido todos los pueblos del mundo en el continuo batallar por la reparación de sus males y el respeto de sus derechos” (4 de febrero de 1905).