Por: Felipe Pigna.
La oposición activa contra Perón comenzó a gestarse hacia 1951, cuando sectores cívico-militares autodenominados Comandos Civiles desarrollaron acciones de sabotaje que si bien hicieron más ruido que daño, constituyeron un síntoma temprano de lo que tomaría cuerpo cuatro años más tarde, en la mañana del 16 de junio de 1955, cuando se produjo el fallido bombardeo a Plaza de Mayo con la intención de matar a Perón. Fracasada la intentona golpista y tras la revancha incendiaria del mismo 16 a la noche, la crisis se encaminó por un laberíntico proceso de diálogo con las fuerzas de la oposición para impedir una confrontación de impredecibles consecuencias.
La censura parecía quedar atrás y los más importantes representantes del antiperonismo organizado vieron abiertas por primera vez en años los medios de difusión estatales para expresar sus ideas y propuestas. El cambio de actitud del gobierno, según señalan numerosos observadores, tenía una base férreamente fundada: los mandos del Ejército que lo habían salvado del derrumbe total cuando la intentona del 16 de junio, le habían impuesto ahora una tutela que el presidente debía aceptar a rajatabla.
Perón ofreció a la Iglesia que fuera el Estado quien costeara la restauración de los templos destruidos, a la vez que hacía rodar las cabezas políticas del ministro del Interior y del de Educación, hombres de reconocida posición contraria a la Iglesia. También debió dejar el gobierno el titular de la Secretaría de Prensa, Apold, en un gesto que parecía anunciar una mayor libertad de expresión.
Pero los hechos ocurridos eran demasiado graves como para establecer rápidamente una línea acuerdista, y la tentación de desalojar a Perón de la Casa Rosada era en esos momentos una posibilidad real.
La oposición de derecha, alarmada porque la política distributiva del gobierno recortaba considerablemente su tasa de ganancia, y la oposición de izquierda, obnubilada por su caracterización del gobierno como fascista, coincidieron paradójicamente en una misma estrategia. De esta manera, frustrado el diálogo y una salida negociada, la suerte quedó echada.
Perón, congelada la política de “mano tendida” ensayada tras la crisis de junio, regresaba a sus prácticas de discursos explosivos frente a sus seguidores. El 31 de agosto, frente a una multitudinaria concentración popular, convocaba a los peronistas a ejercer la justicia por mano propia con la fórmula del “cinco por uno”, que invitaba a quintuplicar las muertes de los opositores por cada uno de los propios en las luchas presentes y por venir.
Esta actitud alteró los ánimos de la sociedad y cada bando comenzó a velar sus armas. A principios del mes siguiente, varios mandos militares pasaron a una clandestinidad preparatoria de una inminente asonada militar, mientras el día 7 la CGT propiciaba formalmente la formación de milicias obreras armadas para defender a su gobierno.
Perón creía haber sido lo suficientemente previsor al reemplazar los mandos de las principales guarniciones de Buenos Aires y Campo de Mayo y colocando en su lugar a jefes militares fieles. Sólo quedaban como posibles focos de rebelión algunas unidades del interior del país, a las que en breve pensaba neutralizar. Efectivamente, sería el interior donde se iniciaría la asonada militar, pero, contrariamente a los cálculos de Perón, las neutralizadas serían las fuerzas leales.
Finalmente, el 16 de septiembre de 1955, las Fuerzas Armadas iniciaron en Córdoba un movimiento destinado a derrocar a Perón, con la complacencia de un amplio espectro de partidos que iban desde el más tradicional conservadurismo hasta el Socialista. Parecía que la vieja Unión Democrática revalidaba sus títulos y pretensiones.
A la cabeza de la revuelta se hallaba el general Eduardo Lonardi, quien a las cero horas del 16 dio la luz verde a los insurrectos. El primer objetivo, la toma de la Escuela de Infantería de Córdoba, se logró tras una dura lucha de casi ocho horas de combate. Para las primeras horas de la tarde, los insurrectos controlaban varias radioemisoras y comenzaban a difundir por el país proclamas golpistas.
Mientras tanto, las guarniciones cuyanas adhirieron al movimiento y otros alzamientos militares se reprodujeron en varias provincias. Incluso algunas fracasaron, como la comandada por el general Pedro Eugenio Aramburu en Curuzú Cuatiá, quien fue rodeado por tropas leales y obligado a huir.
La Marina, por entonces comandada por el almirante Isaac Rojas, se apostó, según lo convenido con sus colegas del Ejército, con varias naves bloqueando Buenos Aires y amenazando con volar los depósitos de combustible de La Plata y Dock Sud.
El levantamiento naval en Río Santiago fue duramente reprimido por tropas del Ejército y aviones de la Fuerza Aérea.
El golpe militar en marcha daba muestras de seriedad y coordinación, pero no lograba librarse plenamente de la resistencia de los sectores aliados. Incluso la acción de los Comandos Civiles, preparados para tomar las emisoras radiales de la Capital fueron eficazmente repelidos por la Policía Federal.
La situación se mantuvo con cierta indefinición en los siguientes dos días. El principal foco rebelde era el de Lonardi en Córdoba, razón por la cual los mandos leales a Perón proyectaron el llamado “Operativo Limpieza” para reprimirlo.
Cuando todo hacía prever que Córdoba caería, la situación giró bruscamente cuando al mediodía de aquel 19 de septiembre, Perón hizo pública una carta donde aceptaba renunciamientos personales para evitar un enfrentamiento sangriento. El anuncio, que en su ambigüedad no hablaba de ceder el ejercicio de la presidencia, dejó desarmadas a las fuerzas leales y alentó a los rebeldes.
La respuesta de la Marina fue tajante: si no mediaba una inmediata capitulación de Perón y sus fuerzas, los buques de guerra bombardearían la Capital Federal. Para el día 20 se convino una reunión entre los jefes de ambos bandos para dirimir una salida. En la reunión, realizada a bordo del crucero Argentina y con la presencia del almirante Rojas, se acordó la renuncia de Perón y todo su gabinete; que Lonardi sería designado presidente provisional, y que todas las fuerzas regresarían a sus bases para esperar las órdenes del nuevo gobierno.
Tras la llegada de los emisarios de Lonardi, se acordó también cuales serían las bases de la llamada Revolución Libertadora: convocatoria a elecciones, legitimación de la Constitución de 1853 y conservación de los beneficios obtenidos por los trabajadores durante el gobierno peronista.
El 23 de septiembre, mientras Perón partía hacia el exilio a bordo de una cañonera paraguaya, una multitud compuesta mayoritariamente por sectores de clase media y alta, colmó la Plaza de Mayo para aclamar al nuevo presidente provisional, el general Eduardo Lonardi, que anunciaba desde los balcones de la Casa Rosada que no había “ni vencedores ni vencidos”.
Fuente: elhistoriador.com.ar
