Fue despedido junto a otros compañeros y decidió encadenarse en la sede judicial salteña para visibilizar la situación que padecen.
El hecho se produjo en la Ciudad Judicial de Tartagal, cuando Rubén Hoyos, empleado desde hace siete años de una firma de limpieza y mantenimiento tercerizada por la Justicia salteña, tomó la drástica decisión de encadenarse exigiendo a la Corte que “no miren para otro lado cuando los problemas son internos”.
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El trabajador, cansado de ver cómo echaban a otros compañeros en los últimos meses, y ante la desesperación de verse en la calle, decidió encadenarse en las puertas de esa sede Judicial a modo de protesta.
Hoyos fue despedido formalmente este lunes, supuestamente, por promover acciones gremiales y reclamos entre los empleados del sector. En tanto él, denuncia maltrato y malas condiciones laborales.
Entre las principales dificultades, Hoyo mencionó problemas salariales como en el pago de las cuotas sindicales, de obra social y aportes patronales, que a pesar que se los descuentan, no son abonados quedando sin prestaciones “permanentemente”.
Cabe destacar que, desde hace dos años, cuando la Justicia decidió cambiar la empresa que prestaba servicios de limpieza, arrancaron las complicaciones. Con el cambio de concesión Hoy fue contratado junto al resto de sus compañeros por la nueva prestataria, con la que actualmente está en conflicto.
“El lunes cuando llegué a trabajar la supervisora del área me informó que estoy despedido supuestamente por instigar a mis compañeros a realizar un paro”, manifestó Hoyos. También explicó que todos los trabajadores estaban reclamando lo mismo desde agosto del 2021, y que desde febrero entraron en etapa de conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo “porque habíamos comenzado una huelga por el despido de otros cinco compañeros y por nuestras condiciones laborales”.
El empleado cesanteado relató que son infinitas las irregularidades a las que fueron sometidos desde que la firma Limpieza Salta, a cargo de Julio Fagalde Gambeta y Adolfo Resina, se hizo cargo de la tercerización. Entre ellas dijo que les realizaban los descuentos sindicales a nombre del Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina (SOMRA), que no tiene representación en Salta, y que cuando lo necesitaron “nunca estuvo». Por eso lograron, luego de varias batallas, pasar al de Empleados de Comercio, “que desde un primer momento estuvo apoyándonos”.
También manifestaron que desde hace tiempo que se pagan los sueldos atrasados, “recién este lunes cobramos el mes de febrero cuando estamos por arrancar el mes de abril”, y recién el año pasado lograron un aumento que sin embargo no alcanza a cubrir las necesidades básicas y no se ajusta a las paritarias del sector. Hasta fines del 2021 recibían $25.000 por ocho horas diarias, y consiguieron un aumento que llegó a los $45.000 “cuando por paritaria era de $57.000”.
También denunció que para reemplazar a los despedidos toman personal a prueba, “y a los tres meses los desvinculan para no realizarles contrato”. “Juegan con la necesidad de la gente y nos explotan”, aseguró.
Ante la decisión del recién despedido de encadenarse en las puertas de Ciudad Judicial, sus compañeros decidieron hacer una huelga y sumarse a su reclamo, “vinieron a apoyarme a pesar de que están siendo amenazados”, detalló Hoyos y añadió que la misma supervisora que le informó de su desvinculación los estaba advirtiendo de que si no volvían a trabajar, también serían desafectados. Aseveró que si no tiene una respuesta favorable en las próximas 24 horas comenzará con una huelga de hambre “y responsabilizará a la empresa por despedirme por defender nuestros derechos laborales”.
Hoyos destacó que tras los 6 despidos ocurridos solo quedaron 9 trabajadores para realizar la limpieza de un edificio de tres pisos, y que ya siendo 10 “no dábamos abasto para cumplir con todas las tareas de limpieza, corte de pasto y desmalezado”.
Por último, acotó que, mediante el representante legal del gremio, le están pidiendo a la Corte de Justicia de Salta que intervenga en el asunto como responsable solidario, y que él mismo envió una carta a los Jueces del tribunal supremo provincial advirtiéndoles de las irregularidades que tenían, pero que nunca obtuvo una respuesta, “no hablaron nunca con ninguno de nosotros, y necesitamos que no miren para otro lado cuando los problemas son internos y podrían intervenir”.
