Trabajadores de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, que dependen del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad Particularmente de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil realizaron este jueves un paro y movilización a la Gobernación, para reclamar que hace desde marzo que no se les paga el sueldo y que, a aquellos que están contratados, no les han reonvado los contratos.

En diálogo con Conclusión, la delegada Cecilia Ferrey relató que hay unos 30 trabajadores en la misma situación, a pesar de que nunca dejaron de trabajar, aún en el contexto de la pandemia.

«Nos desempeñamos con jóvenes que están en conflicto con la ley penal, algunos trabajamos en el ex Irar, en Rosario, otros en  Santa Fe (en ex Pabellón Juvenil de Las Flores), y otros establecimientos de Puertas Abiertas en Venado Tuerto, Coronda y Alvear y otros dispositivos como en Rafaela» detalló Ferrey a este medio. Y explicó: «Hacemos acompañamientos colectivos y distintas actividades que intentan garantizar losderechos de los jovenes privados de su libertad y estamo en contacto directo con ellos. A pesar de todo lo que viene ocurriendo,  no dejamos de trabajar nunca. Porque también hay que considerar que los jóvenes que están detenidos no reciben visitas y el único contacto que tienen con personal civil somos nosotros. Somos un nexo para que accedan a algunas cuestiones de educación, a la llamada con sus familiares, para que sepan que están bien, somo un nexo permanente entre los jóvenes, su familia y el juzgado».

La delegada reveló que esta semana enviaron varias facturas a Santa Fe, porque a pesar de la precariedad de su situación, siguieron sosteniendo los puestos de trabajo. Y desde el Ministerio les hicieron saber que esas facturas no se iban a abonar y que «no se les renovara el contrato a nadie».

En ese sentido, los trabajadores remarcaron que hasta ahora no han podido contactar con ningún funcionario y no recibieron ningún tipo de respuestas, ni de Esteban Borgonovo, titular del ministerio, ni de Gabriel Somaglia, secretario de Justicia. «Estamos tratando de que nos atiendan para tener alguna respuesta pero hasta ahora eso no pasó»

Ferrey explicó que la medida se extiende a toda la provincia ya que hay trabajadores en la misma situación en Rafaela, Venado Tuerto y Santa Fe.

Otro de los puntos señalados por la delegada es que se advierte un vaciamiento de las instituciones en las que trabajan, «sin políticas públicas específicas y con un imprtantísimos recorte, principalmente en el área del personal que está precarizado, pero también en los insumos, comida y elementos de mantenimiento». «Además queremos denunciar que los jóvenes están sin educación, más allá de la pandemia, por ejemplo en el ex Irar no comenzaron las clases asi que somos los únicos que sostienen un espacio de educación».

Ferrery afirmó que, de no haber ningún tipo de respuestas, no descartan quedarse en la delegación, ubicada en Dorrego al 900 hasta tanto algún funcionario se digne a hablar con ellos.

Por su parte, Emiliano Scopetta, pro secretario administrativo de ATE Rosario declaró: “Lo que estamos reclamando es que el Ministro Borgonovo firme un expediente con la continuidad de los contratos de 30 compañeros de toda la provincia de diferentes sectores que son esenciales para el funcionamiento de instituciones que tienen la obligación de restaurar derechos a jóvenes que están en conflicto con la ley penal. Como el socioeducativo de Alvear, Venado Tuerto, el ex Pabellón de Las Flores, en Coronda, Rafaela. En toda la provincia hay situaciones de precarización, son compañeros que están cobrando menos de 13.000 pesos mensuales, por eso hoy hicimos esta medida, para terminar con esta incertidumbre”