Con actividades en la calle más el apoyo de vecinos, agrupaciones sociales y partidos políticos de izquierda, los trabajadores organizados en cooperativa de la fábrica de alfajores La Nirva, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, resisten los intentos del dueño por recuperar el edificio, aunque admiten que «el desalojo es inminente».
El jueves 30 de diciembre, último día hábil del 2021, los cooperativistas de La Nirva se enteraron de que el juez nacional Fernando D’Alessandro había dado lugar al desalojo de la fábrica, planteado por el propietario de la fábrica, Matías Paradiso.
Casi dos años antes, en el comienzo de la pandemia, con seis meses sin cobrar y lo que denunciaron como paulatino vaciamiento de la firma, los 54 trabajadores hicieron guardias frente a la fábrica, fueron a la Municipalidad (La Matanza) y al Ministerio de Trabajo en busca de una solución ante la ausencia total del dueño, de sus salarios y de cualquier forma de trabajo.
Eventualmente, lograron entrar a la planta donde producían los alfajores que hoy les ayudan a mantener a sus familias y descubrieron una nueva forma de organización laboral en cooperativa, hasta que a fin de 2021 llegó una orden de desalojo del edificio.
«Ante el comienzo de la feria judicial no pensamos que iban a suceder las cosas tan rápido», aseguró Paula Rojas, tesorera de la cooperativa que está cargo actualmente de la fábrica y excandidata a concejala de La Matanza por el Nuevo MAS.
Aunque no todo fue en contra: el miércoles siguiente, la Justicia hizo lugar a la apelación presentada por los trabajadores que dejó en suspenso de manera temporal la orden de desalojo.
«Lo cual no quita que en cualquier momento pueda llegar el desalojo inminente, porque es una suspensión sin fecha, no hay nada firme. Sabemos que ante una firma de un juez nos pueden desalojar», agregó Rojas.
Al respecto, Francisco Martínez, responsable del área de empresas recuperadas del Instituto Nacional de Economía Social y Asociativismo (INAES), aseguró que «lo que están transitando los compañeros de La Nirva es lo que enfrentan todas las empresas recuperadas al comienzo».
«Es todo muy subjetivo. Hay un gris en las miradas judiciales y están avanzando sobre los procesos de recuperación de fábricas», explicó Martínez respecto al proceso que deben atravesar, ya que, «al no tener la titularidad de la empresa», los trabajadores «compiten en condiciones de desigualdad», agregó.
Si bien rescató que la situación no es la misma que hace algunos años porque, recordó, «ahora ya son más de 450 fabricas y empresas recuperadas en todo el país»; sostuvo que «no hay una solución de fondo».
Además de la apelación que mantiene la orden de desalojo en suspenso, los cooperativistas de La Nirva realizaron el jueves una actividad en la puerta de la fábrica para visibilizar la situación, junto con vecinos de la zona y organizaciones políticas como el Nuevo MAS, el Frente de Izquierda-Unidad, Barrios de Pie y la participación del dirigente de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora.
También se sumaron trabajadores de otras empresas en situaciones similares, como MadyGraf, Nueva Generación y los despedidos de la empresa Garbarino.
El intento de desalojo de los cooperativistas de La Nirva «se suma a lo que sufrieron las compañeras de Nueva Generación en Wilde, que fueron desalojadas muy violentamente y despojadas de sus herramientas de trabajo», destacó Francisco Martínez.
«Están avanzando sobre las empresas recuperadas; no solamente tenemos el caso de La Nirva; están Multiback en San Martin, Gotan en Burzaco. Todas empresas nuevas que tienen menos de dos años de vida como cooperativa y hay que trabajar muy fuerte judicialmente hasta que se dé una solución política», añadió.
En ese sentido, el responsable del INAES destacó la importancia de «generar leyes de protección definitiva de las empresas recuperadas o pensar una ley de para trabajadores cooperativistas».
