El sindicalista Fabián Arévalo fue sobreído de la causa que lo tenía como instigador del delito de «delitos de extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo» y la cual estaba impulsada por la abogada Florencia Arrieto en representación de la empresa Química Oeste.

En mayo de 2021, el Sindicato de Camioneros realizó una protesta de varios días frente a Química Oeste, una empresa ubicada en la localidad de 9 de Abril, en Esteban Echeverría, por varios días, trabajadores y dirigentes de la seccional local del gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano impidieron el ingreso y la salida de vehículos y personal del lugar para pedir el encuadramiento de algunos trabajadores.

Si bien el fiscal y el juez dieron por acreditados los hechos y pidieron elevar a juicio la misma, la Cámara de Apelaciones decidió dar marcha atrás con la medida, y sobreseer a los implicados, entre los que estaba el referente camionero de ese distrito, Fabián Arévalo. La decisión judicial fue criticada por el llamado Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que busca terminar con estas prácticas, las cuales están dentro de la ley, y cuya cara visible es Arrieto.

Desde el entorno del gremio decidieron no dar declaraciones, en momentos que desde la oposición mantienen la presión alta para judicializar estas acciones, en especial cuando se trata de bloqueos o cortes de calles. En este sentido, desde el MEAB confirmaron que recurrirán al Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires para «pedir que se anule este fallo escandaloso».

La protesta de dos semanas en mayo del 2021 fue una «prueba piloto» para el movimiento, que buscó llevar a fondo su estrategia judicial, y que ahora recibe un duro golpe. Incluso, la empresa decidió despedir a tres empleados en medio de las protestas, y amenazó con cerrar definitivamente sus puertas.

En ese momento, se hizo llegar al Ministerio de Trabajo nacional una carta firmada por 30 de los 60 empleados de la química para que se garantice “el derecho a trabajar” y se evite el supuesto cierre. Ante eso, se dio paso a la intervención policial, que dio por cerrado el conflicto, pero no la causa judicial.