La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), que conduce Juan Carlos Schmid, rechazó este lunes en una carta-documento «la intimación realizada por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, que procura cargar los costos de la manifestación del 27 de diciembre último hacia Tribunales, al movimiento obrero y sus entidades», afirmó.
Por otro lado, un comunicado firmado por Schmid rechazó «la intimación cursada por Bullrich a la Fempinra para que pague supuestos costos operativos a cargo de su cartera por la marcha, convocada por la CGT para presentar recursos en rechazo del DNU» oficial.
«Lejos de contribuir a la necesaria construcción del diálogo que amerita la coyuntura, el Gobierno se ocupa de la criminalización de la protesta social«, puntualizó el dirigente. en tanto que la Fempinra ratificó el paro general de 12 horas y la movilización hacia el Congreso el 24 de enero próximo, en el contexto del debate y análisis legislativo del decreto de necesidad y urgencia y de la ley «Bases», que ya debaten las respectivas comisiones.
Luego agregó Schmid: «Desconozco desde ya de forma taxativa la demanda de su Ministerio, y también la impugno y niego en tanto conlleva la asunción de facultades e incumbencias ajenas al Poder Ejecutivo, como la declaración de legalidad o ilegalidad de una medida o acción y porque se funda en normas manifiestamente inconstitucionales, como el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación».
En tanto, la organización que agrupa a más de 20 sindicatos portuarios, marítimos y fluviales, aseguró que «el 27 de diciembre devino una protesta de forma plena legítima porque halló sustento en normas nacionales e internacionales y no hubo incidentes que hubiesen ameritado la intervención de las fuerzas de seguridad», añadió el gremialista.
«La Fempinra no adeuda importe alguno de dinero, y menos la friolera suma de 40.419.227,56 pesos. La intimación soslayó pautas constitucionales básicas, como el derecho de defensa, y carece de todo sustento fáctico y/o jurídico desde que se abrió y resolvió con la previa y manifiesta intención de desconocer la institucionalidad y legalidad de la función sindical, de criminalizar la protesta y de violentar elementales derechos de huelga y reunión, de peticionar a las autoridades y de los términos de libertad sindical y negociación colectiva de los Convenios 87 y 98 de la OIT», sostuvo Schmid en el escrito.
Además, la entidad gremial añadió que la deuda reclamada «es inconstitucional, persecutoria, ilegal e infundada, ya que el informe sobre el que se sustenta fue dictado en contraposición a las resoluciones cuyo cumplimiento pretende, e inclusive fue emitido quebrantando la principal garantía que debe reinar en todo Estado de derecho, es decir, el derecho de defensa».
Schmid llamó al Gobierno a «la reflexión y reconsideración de lo actuado, en tanto constituye un manifiesto acto de injerencia impropio de la actividad ministerial, que lejos está de contribuir al normal tránsito del dialogo para canalizar la crítica coyuntura».
Ante lo expuesto la Fempinra recurrirá a la CGT para que amplíe la denuncia radicada ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo.
