La empresa Rappi había despedido en noviembre del 2018 a un grupo de empleados sindicalizados. Ante esto, en marzo de este año la Justicia Nacional del Trabajo ordenó su reincorporación o el pago de una multa de $2000 diarios a cada uno de los trabajadores despedidos.

Además, en su fallo la justicia ordenaba «el cese de prácticas antisindicales» por parte de la firma.

Sin embargo, Rappi prefirió pagar 58 mil pesos de multa a cada uno de los tres trabajadores despedidos, con tal de no reincorporarlos.

El integrante del equipo jurídico de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), José Tribuzio explicó a BAE Negocios que «Rappi no acepta la decisión de la Justicia de desbloquear a los tres trabajadores, prefiere seguir incumpliendo la medida dictada y pagar la multa. Si no cumple la sentencia, pediremos que se vaya incrementando la multa diaria».

La semana pasada se conoció un fallo de la justicia porteña que obliga a las empresas de plataforma a poner en blanco a todo su personal y garantizarles el equipamiento necesario.

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El fallo de la Corte de Apelaciones dio un plazo de 60 días para que las aplicaciones se adapten a las medidas establecidas.

En este sentido, Tribuzio indicó que «la Cámara de empresas de delivery y la empresa Envío Ya hicieron una demanda al gobierno porteño para que el resto de las empresas de delivery cumplan con todos los requisitos, como casco, habilitación, mochilas con determinadas características para refrigerar alimentos, entre otros pedidos».

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Mientras las empresas no se adapten a esta medida judicial y no le brinden a sus trabajadores los elementos de seguridad necesarios, son los mismos «repartidores» quienes son multados -con sumas de dinero mayores a los $4000- por no cumplir con los elementos correspondientes.