Trabajadores de la multinacional Pepsico realizaron esta mañana un corte parcial en la autopista Panamericana a la altura de Henry Ford, en la localidad bonaerense de General Pacheco.

La protesta se dio en la antesala de la concentración prevista en el Ministerio de Trabajo de la Nación, desde donde amrcharon hacia el Congreso para reclamar que la planta de la localidad bonaerense de Florida cerrada en junio sea declarada de «utilidad pública».

La jornada de protesta que comenzó a las 7 y concluyó con el abrazo simbólico al Parlamento se sustenta en el pedido de la aprobación del proyecto que cuenta con la firma de diferentes legisladores de distintos partidos políticos, que persigue la declaración de «utilidad pública» del inmueble para que los despedidos puedan recuperar su fuente laboral.

Los trabajadores solicitan también al gobierno nacional que «declare nulo el Preventivo de Crisis que presentó la multinacional para cerrar la fábrica de Florida, a fin de seguir produciendo sólo en la de Mar del Plata, que funciona desde hace 15 años, luego de que Pepsico se la comprara a la firma Pehuamar», dijo Camilo Mones, uno de los delegados de los empleados.

«Solicitamos que se declare nulo el Procedimiento Preventivo de Crisis fraudulento de la empresa, que viene avalando el Ministerio de Trabajo, porque Pepsico cerró la planta antes de la primera audiencia del procedimiento y ‘preavisó’ sobre los 600 despidos, sin cumplir la ley que establece que mientras dura dicho proceso no se pueden producir cambios en las condiciones de trabajo», explicó el sindicalista.

Mones añadió que realizarán «un abrazo simbólico en el Congreso para que se declare de utilidad pública la planta de Pepsico Florida, en el marco de un proyecto realizado por la diputada nacional por el Frente de Izquierda Nathalia González Seligra y los diputados Héctor Recalde, Pablo López, Leonardo Grosso, Alcira Argumedo, Victoria Donda, Facundo Moyano, entre otros, y que cuenta con el apoyo del senador Juan Manuel Abal Medina y de senadores del FPV».

La iniciativa establece que «se trata de una fábrica de alimentos que se encuentra cerrada y sin producir cuando podría hacerse muchísima producción barata para las miles de personas que tienen necesidades alimenticias», explicó Mones, quien aseguró que los trabajadores están «dispuestos al diálogo» y lamentó que «hasta ahora sólo tuvimos represión».