Tras una reunión clave en el Ministerio de Trabajo de la Nación, los trabajadores petroleros de la Refinería San Lorenzo y el Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Biocombustibles habían convocado a un paro de 24 horas a partir de las cero horas del martes 27 de marzo, pero desde la cartera dictaron inmediatamente una conciliación obligatoria por 15 días.

De esta manera, la empresa tendrá tiempo hasta el 4 de abril para pagar los sueldos de marzo, con lo cual en caso de no cumplirse dicha demanda el paro será efectivo en todas las refinerías del país.

Conclusión dialogó con Rubén Pérez, titular del sindicato, quien aseguró que en la reunión en donde también participaron integrantes de la Federación de petroleros, el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, y otros representantes de la cartera, se había definido entre trabajadores y gremio un paro nacional a partir de las cero horas.

No obstante, “el ministro dijo habló con Macri y dictó conciliación obligatoria urgente”, aseguró Pérez. “No va a permitir que paren las refinerías. Les dijimos que se pongan de acuerdo, tienen 20 días, porque la conciliación son 15 más 5 días hábiles, para que paguen los sueldos de marzo de los trabajadores de la refinería, y que se pongan de acuerdo Cristóbal López, la Afip, la Justicia y el Gobierno”.

En este sentido, el gremialista fue tajante en afirmar que “no es un conflicto gremial, es una guerra de dos grupos poderosos que se están peleando”.

“Es una guerra de empresarios de nuestro gobierno, de la Afip, de la Justicia, y en el medio quedan los trabajadores que no tienen nada que ver en este conflicto. El sindicato está tomando cartas en el asunto para defender a los laburantes porque le corresponde, pero esto tiene que definirlo entre los empresarios”, sostuvo en diálogo con este medio.

Por lo pronto, hoy se conoció que la Afip rechazó otorgar un plan de pagos y/o una quita de intereses a la deuda que Oil Combustibles acumuló al retener un impuesto que se carga en el despacho de combustibles, y que la petrolera recaudaba a modo de agente de retención. La cifra que hoy se conoce, solamente en lo que concierne a la etapa pre concursal, suma unos 17.000 millones de pesos.

“Hay dos empresas interesadas en comprarla, Cristóbal López se la quiere quedar pero tiene que pagar una deuda, quiere más plazos de deuda. En todo ese berenjenal nosotros no nos queremos meter, porque ahí se habla de miles de millones de pesos”, cerró Rubén Pérez.

Según aseguró el propio secretario, esta situación pone en jaque el futuro de la Refinería San Lorenzo, ya que los actuales interventores ratificaron que sin la posibilidad de un plan de pagos para dicha deuda resulta imposible reactivarla, con lo cual tampoco se genera ingreso alguno.

La otra alternativa planteada es que la firma quiebre, algo que los interventores intentan eludir, y para ello, el pedido de un plan de facilidades de pagos. Algo que al día de hoy parece inviable

Participaron por la AFIP, Gustavo Motilla y Eliseo Devoto, este último en su carácter de subdirector general de Asuntos Jurídicos, además de Ariel Darsaut; por la sindicatura los contadores Hugo Zaragoza, Jorge Capurro y Roberto Rosello, más los abogados Edgardo Truffat, Oscar Martínez y Javier Lorente; y por los interventores de Oil Combustibles, Carlos Bianchi y Francisco Carrega, mientras que Luiba Lenconva Besheva manifestó su imposibilidad por concurrir.

La Afip rechazó una moratoria al Grupo Indalo y Oil Combustibles quedó al borde de la quiebra

La situación del Grupo Indalo se agravó hoy luego de que la AFIP confirmara ante la Justicia que no están previstos planes de pagos o moratorias para que Oil Combustibles cancele su deuda con el fisco por el Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC), calculada en $ 8000 millones, con lo que la principal empresa de Cristóbal López quedó al borde de la quiebra.

En paralelo, la AFIP reclamó ante la Cámara Federal de Casación Penal que los empresarios Cristobal López y Fabián de Sousa, socios mayoritarios del grupo empresario, sean juzgados por «defraudación al Estado» y no por «apropiación indebida de tributo», como dispuso ese tribunal, dijeron hoy fuentes judiciales.

López y De Sousa fueron excarcelados a mediados de este mes -tras haber permanecido presos desde diciembre pasado- por decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

El reclamo de la AFIP quedó plasmado en una apelación presentada este mediodía por el abogado del organismo, Ricardo Gil Lavedra, contra el fallo de la Cámara Federal porteña, que dispuso el cambio de carátula en la causa contra López y De Sousa.

La presentación fue realizada en el marco de la causa que investiga la retención de 8.000 millones de pesos del pago de ese impuesto a través de la firma Oil Combustibles, la principal empresa del Grupo Indalo.

Además, el organismo recaudador, a través de su subdirector de Asuntos Jurídicos, Eliseo Devoto, informó al juez comercial Javier Cosentino que los planes de pagos o moratorias no están previstos para el caso del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC), informaron fuentes judiciales.

Con esta aclaración de la AFIP, la principal empresa del Grupo Indalo quedó en una situación muy delicada que puede derivar en su quiebra en la Justicia.

Cosentino convocó hoy a un encuentro a directivos del Grupo Indalo y a los abogados del organismo oficial para buscar una salida, es decir, algún mecanismo que permitiera a la empresa cancelar su deuda.

Devoto fue taxativo ante el juez cuando señaló que la retención del impuesto a los combustibles no admite más que su pago efectivo en tiempo y forma, aseguraron las fuentes.

Días atrás, el Grupo Ceibo (ex Grupo Indalo) remarcó la imposibilidad de lograr una solución al plan de contingencia y subrayó que la AFIP «rechaza toda solución presentada por OCSA (Oil Combustibles S.A), arrastrando a la compañía a una potencial quiebra en contra de sus propios intereses, que sería finalmente poder cobrar sus créditos».

La semana pasada el juez desplazó a los administradores del grupo de López y Da Souza, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, por «irregularidades» en la gestión, advertidas en gastos elevados sin justificación.

«La Administración Federal de Ingresos Públicos tiene la firme decisión de impulsar la acción penal contra todos los responsables de una maniobra que ha causado un perjuicio al estado de miles de millones de pesos», sostuvieron los abogados de AFIP, que, en calidad de querellantes, no pueden apelar la liberación de los dos empresarios.

La maniobra investigada fue «urdida desde los más altos niveles de conducción de la AFIP para beneficiar al Grupo Indalo, dando apariencias de legalidad a las enormes sumas de dinero que no ingresaban al fisco», sostuvo Gil Lavedra en el escrito de 45 páginas que presentó hoy ante la Cámara de Casación.

Para los abogados de AFIP, la causa excede la «indebida retención de tributos», porque incluyó la participación del ex titular de ese organismo Ricardo Echegaray, quien, como los dos empresarios, se encuentra procesado, pero sin detención.

En tanto, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá mañana para intentar determinar si fue lícita la intervención del juez Eduardo Farah en el fallo que liberó a López y De Sousa.

La investigación se originó en un pedido de la Corte Suprema del jueves pasado, solicitando al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, que determine el «procedimiento de integración de los magistrados de la Sala I», para así despejar si existió o no «alguna irregularidad en esa conformación».

Ante el pedido de la Corte, el camarista de la Sala I, Jorge Ballesteros, salió a explicar la incorporación de Farah recordando que la sala tiene sólo dos miembros estables desde la destitución de Eduardo Freiler, y que el magistrado fue designado por sorteo en una causa conexa el 15 de diciembre pasado.

Mañana, el Consejo de la Magistratura analizará si realmente existe conexidad entre ambos expedientes y, por tanto, si la explicación de Ballestero tiene fundamento.