Organismos de Derechos Humanos, familiares de víctimas de la violencia estatal, organizaciones sindicales, políticas y sociales de Rosario expresaron su preocupación por la nueva ola de violencia desatada en la ciudad y la provincia.
En tanto, rechazan que el camino pase por “darle más poder a las fuerzas de seguridad”.
En el comunicado (firmado por APDH Rosario, Familiares de Detenidos y Desaparecidos Políticos Rosario, Colectivo Nacional de Ex Presos Políticos y Familiares, CeProDH, Asamblea del 19 y 20 Rosario, Celeste Lepratti, Ramón Casco (padre de Franco Casco), CTA Rosario, ATE, AMSAFE Rosario, COAD, Siprus, Aceiteros Rosario, PTS en el FIT Unidad, FOL, MST – Nueva Izquierda en en FIT Unidad, Arde Matria, Agrupación Telefónica Blanca-Turquesa, izquierda Socialista en el FIT Unidad), se señala que “el camino es más educación pública, más trabajo, salud, derecho de todos a transitar tranquilos en cada barrio sin hostigamiento policial”.
Dichas organizaciones se han declarado en contra de todo tipo de violencia, de las bandas narco-policiales, el gatillo fácil y la saturación represiva a los barrios.
Asimismo, se solicitó que “no se ponga en práctica el nuevo protocolo policial”. “El camino es más educación pública, más trabajo, salud, derecho de todos a transitar tranquilos en cada barrio sin hostigamiento policial”, expresaron.
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En ese sentido, las agrupaciones resaltaron que tras la purga policial “el gobierno provincial nombró como Jefe de Policía a Víctor Sarnaglia, quien inmediatamente al asumir el cargo, modificó un protocolo de 1998 para permitir que la fuerza pueda llevar una bala cargada en la recámara del arma, justamente en la provincia donde fueron asesinados, entre otros, Pocho Lepratti, Franco Casco, Jonatan Herrera, Pichón Escobar, Michel Campero, David Campos y dónde María De Los Ángeles Paris fue hallada muerta, desnuda y esposada en una comisaría”.
Y agregaron: “Es importante destacar que esto se da en un contexto donde muchos jóvenes son hostigados por el solo hecho de estar en calles, plazas o bares en horas de la noche o de madrugada”.
En dicha sintonía, los firmantes de la carta afirmaron no sólo haber “enfrentado la impunidad de estos casos”, sino también haber sostenido “la crítica y el repudio enérgico contra la así llamada ‘Doctrina Chocobar’, impulsada por la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.”
“Y por ello, hoy decidimos no hacer oídos sordos a esta legitimación del uso de la fuerza por parte de la policia provincial, que contarán con otra bala lista para reprimir y matar”, completaron.
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En el documento también se cuestionó “el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Provincia, sobre el envío de 3.000 miembros de las fuerzas federales”.
“No constituye una solución real al problema del narcotráfico y la narcocriminalidad, ya que más bien tiene visos y características de militarización sobre los barrios populares de la ciudad, aunque se hable de ‘pacificación’ en los territorios”, indicaron.
Y concluyeron: “Quienes trabajamos en las escuelas, las APS y los territorios de nuestra ciudad, necesitamos políticas integrales de salud, educación y trabajo, y no una ocupación, donde la cuestión social ocupe un lugar central: para buscar a los narcos y a los lavadores de dinero no hace falta ocupar un barrio, sino asumir que es un negocio que se encuentra concentrado en pocas manos y en grupos específicos de poder.”
