El Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (Soeail) informó que fue notificado por la Fiscalía General Federal de Salta para que se investigue nuevamente la denuncia realizada contra la empresa Ledesma por «incumplir protocolos y propagar casos de coronavirus», radicada en julio, y que había sido desestimada en los últimos días por un fiscal federal jujeño.
El titular del sindicato, Rafael Vargas, señaló que la medida ordena investigar nuevamente a Javier Goñi, CEO de la empresa, y al médico Diego Paredes, porque «no se puede descartar tan livianamente la existencia de un delito sin efectuar las medidas probatorias», solicitadas oportunamente por el gremio.
El representante del Ministerio Público Fiscal del distrito Jujuy, Federico Zurueta, había desestimado la denuncia en los últimos días al afirmar que Ledesma «adoptó las medidas necesarias y razonables a efectos de evitar la propagación o contagio del virus Covid-19 entre sus empleados, de conformidad a lo dispuesto por la normativa aplicable».
«Ello cobra aún mayor respaldo en el hecho de haber entregado elementos de seguridad y efectuar un control efectivo en relación al uso de los mismos por parte de los empleados, quienes además, en algunos supuestos, fueron sancionados justamente por su falta o inadecuado uso», agregó el funcionario judicial en el escrito.
La denuncia realizada por el sindicato azucarero tenía la finalidad de determinar «si desde Ledesma se incumplieron o no los protocolos sanitarios que ellos formularon de manera unilateral», sostuvo Vargas.
En la resolución emitida por la Fiscalía General de Salta se indica que «todos los informes y las actas que presentó la empresa en su descargo, son posteriores a la denuncia realizada el 27 de julio de 2020», y que las resoluciones del Comité Operativo de Emergencias de Jujuy «son obligatorias desde el mes de marzo del corriente año».
Asimismo destaca que la fiscalía «dejó expresa constancia que la empresa Ledesma jamás acercó los legajos médicos de los compañeros trabajadores fallecidos ni de los enfermos de coronavirus, a pesar que se había pedido el secuestro de los mismos».
En ese marco se ordena al fiscal de Jujuy a «seguir investigando al directorio de la empresa» para «determinar si cometieron el delito de propagación de enfermedad grave y peligrosa previsto en el art. 203 del Código Penal».
«La Justicia Federal de Salta dio la muestra de independencia de la que en Jujuy carece, máxime que el fiscal Zurueta debió inhibirse de actuar en esta causa, ya que desde el año 2016 el estudio jurídico del funcionario judicial es uno de los apoderados de la empresa Ledesma en Jujuy», denunció el sindicalista.
El pasado 27 de julio, Vargas denunció ante la justicia federal a Ledesma por la presunta propagación de coronavirus al «no reducir la cantidad de trabajadores en circulación y por la falta de testeos al personal».
La acusación se radicó contra los integrantes del directorio del ingenio por considerarlos responsables de «la cadena de contagios masivos por la expresa decisión de la empresa de no cumplir la normativa sanitaria de prevención de la enfermedad», debido a que hasta ese momento «se registraba un desplazamiento de 7.000 trabajadores» que tuvo un saldo de «492 casos positivos y más de 18 muertos», refirió Vargas a Télam.
Los azucareros revelaron que el fiscal, en su resolución, «hace una mención de que estudió la causa y las pruebas que le acompañó la empresa Ledesma pero no investigó lo que en realidad pasó».
