El personal agrupado en el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) ratificó hoy la continuidad del trabajo a reglamento que inició a la medianoche del sábado último en todos los buques de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) ante «la ausencia de respuestas satisfactorias y coherentes a las demandas paritarias», informó el gremio.
La protesta, que consiste en aplicar «la jornada legal de trabajo de ocho horas diarias» -según explicó hoy el titular del sindicato, Raúl Durdos-, comenzó a la 0 hora del sábado.
La medida de fuerza afecta la actividad en todos los buques-tanque petroleros, gaseros, quimiqueros, containeros, de carga general, supply y remolcadores, y fue determinada por el Secretariado General del SOMU, indicó el dirigente sindical en un comunicado.
«No hubo ni hay aún respuestas satisfactorias y coherentes de los directivos de la FENA a los reclamos gremiales de paritarias», afirmó el secretario adjunto, Daniel Mereles.
El sindicalista agregó que la representación empresaria persiste en esa actitud y desconoce «la necesidad de una lógica paritaria por el aumento del costo de vida».
El SOMU justificó la medida de fuerza y sostuvo que «es absolutamente legítima», en tanto la cartera laboral aún no dictó la conciliación obligatoria en el conflicto.
«El sindicato defiende los intereses de los trabajadores embarcados, mientras los empresarios mueven sus fichas y lo critica solo a partir de sus intereses», señaló Mereles.
A su vez, Durdos denunció que las empresas nucleadas en la FENA enviaron hoy a los domicilios de los tripulantes embarcados una carta-documento para «perturbar» a sus familias y generar miedo en «los trabajadores que defienden los convenios colectivos».
«El trabajo embarcado impide ofrecer respuestas telegráficas personales, por lo que el gremio lo hizo de forma colectiva a cada empresa que procuró intimidar. El SOMU no cederá ante esos aprietes infantiles y de escaso sustento jurídico», sostuvo el dirigente, quien calificó esa decisión de las compañías como «improcedente y vil».
«La acción reviste mala fe e importa la violación de derechos fundamentales constitucional y mundialmente consagrados, y provoca incertidumbre e indefensión. Las empresas se niegan a una justa recomposición salarial desde octubre último y la condicionan a la entrega de los convenios», enfatizó la respuesta a esas cartas-documento.
