Los trabajadores municipales nucleados en la Federación de Trabajadores Municipales (Festram) de la provincia de Santa Fe, adhirieron al comunicado de Hijos que alerta sobre persecución judicial a la abogada Nadia Schujman, de larga trayectoria como querellante de víctimas de la última dictadura cívico-militar.
Según manifestaron, se trata de “a quien el Ministerio Público de la Acusación busca imputar en su carácter de ex funcionaria del Ministerio de Seguridad como parte del equipo del ex titular de esa cartera Marcelo Sain”.
Durante la tarde de este jueves los organismos de Derechos Humanos locales acompañaron el reclamo sobre el cese del hostigamiento en la habitual ronda de las Madres en la plaza 25 de Mayo”.
“La provincia de Santa Fe está inmersa en una crisis institucional irresuelta y que como tal, emerge cada vez más frecuentemente en la agenda púbica. Involucra a los tres Poderes del Estado, se profundiza y con características y hechos que comienzan a preocupar en demasía”, sostuvo la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe
“El Comunicado de Hijos Rosario advierte esta situación y señala la persecución que viene sufriendo la doctora Nadia Schujman, abogada en los juicios por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y quien viene desde hace muchos años representado a víctimas del Terrorismo de Estado, además de haber ejercido el cargo de Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe en el período 2011 al 2015”, añadieron los municipales.
Más adelante, los trabajadores de la federación señalaron: “Vaya la solidaridad de las trabajadoras y trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe para con ella y la ratificación de nuestro compromiso institucional con la plena defensa de los Derechos Humanos”.
“Festram desea advertir también -como un claro síntoma de la realidad que estamos atravesando a nivel provincial- que en el comunicado que hicimos referencia anteriormente, se señala en uno de sus párrafos con clara exactitud: “Consideramos que la democracia santafesina se encuentra en un grave riesgo mientras no se investiguen los vínculos entre el delito organizado y la política o sectores de la policía y se continúe hostigando a quienes trabajaron para develar el entramado corrupto y mafioso que acecha a nuestra provincia”, planteándose así un caso típico de guerra jurídica/judicial o lawfare. Esta es la magnitud de los acontecimientos que enfrentamos”, finalizaron.
