El gobierno nacional anunció nuevamente que va por cambios en los estamentos del Poder Judicial, expresados recientemente por el propio presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del lunes pasado, hecho que fue celebrado por los trabajadores judiciales nacionales nucleados en el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju).

“Los trabajadores y trabajadoras judiciales celebramos fervorosamente el diagnóstico de la situación y los anuncios hechos por el presidente de la Nación”, dijo al respecto el secretario general del gremio, Agustín Bruera.

En ese sentido, el Sitraju expresó: “Entre diciembre de 2015 y diciembre 2019 nuestro país fue devastado social, cultural, económica e institucionalmente”.

“El sistema Judicial, visto como un todo, fue funcional a esa hecatombe planificada y resultó un engranaje clave en el proyecto neocolonial de sumisión del país a los intereses concentrados”, agregó.

Ahora bien, los anuncios “son la continuidad de otros en pleno trámite parlamentario o consecuentemente proyectados por un gobierno que ganó las elecciones recogiendo la demanda social de cambios en la Justicia, ante el enorme descrédito social al que la han conducido muchos de los magistrados y magistradas que hegemonizan ese poder del Estado”, planteó luego el dirigente gremial.

Por eso mismo, “nadie puede hacerse el distraído,  -continuó Bruera- ni mostrarse sorprendido con los anuncios. Es absolutamente lógico que un gobierno que arribó al poder tras ganar las elecciones en primera vuelta, ejerza la legitimidad que le da el apoyo popular, para emprender cambios drásticos en un sistema institucional viciado por la intromisión de espesos intereses económicos, mediáticos y hasta supranacionales”.

“No hacerlo violaría el contrato electoral, y sumiría a la política (única arma efectiva y democrática con la que cuentan las sociedades modernas para producir transformaciones profundas) en una degradación aún mayor que la de la Justicia”, redondeó.

Para el Sitraju: “No podrá haber sanción penal y política para quienes endeudaron imperdonable y criminalmente por generaciones a nuestro país, y fugaron los empréstitos, si en simultáneo no se reforma sensiblemente al Poder Judicial que miró para otro lado ante la sistemática destrucción del aparato productivo nacional y la extranjerización creciente de nuestra economía, que estaba saneada hasta 2015”.

A paso seguido, el gremio judicial entiende que, “la progresividad de los cambios proyectados en relación al Poder Judicial, dependerá de la correlación de fuerzas parlamentarias y la presión que los grupos de poder opondrán”.

“Sepa el presidente, sin embargo, que en ese juego de coacciones y demostraciones de fuerza, tendrá siempre a su lado al pueblo, si es que logra comunicarle bien el sentido de los cambios y su razón de ser”, apuntó Bruera.

Finalmente, indicó: “Los trabajadores y trabajadoras judiciales estaremos movilizados todo lo que sea necesario, para cuidar esta esperanza y llevarla a la realidad.”