El proceso de normalización de la Cooperativa Portuaria de Puerto San Martín avanzó esta semana después de que representantes de los trabajadores y socios de la misma tuvieran una reunión con el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Soccial (Inaes), Alexander Roig.
En ese sentido, José María Ramón, socio de la entidad, afiliado al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) y capataz de estiba, aplaudió esta nueva instancia: “Este es un punto de partida para la normalización, estamos gratamente agradecidos, es la primera vez que nos recibe el Inaes”.
El referente de la Agrupación Miguel Ru también aclaró que este “es un camino paralelo al judicial, porque aunque todo va de la mano, es la búsqueda de una salida política. El camino judicial no está cerrado, pero el Inaes nos recibió oficialmente y esto es un gesto político”.
Más adelante, Ramón explicó que el titular del organismo nacional “planteó algunos lineamientos para empezar a trabajar” y que ahora tienen que ponerse “en campaña”.
Aunque no dio mayores precisiones respecto de esas pautas, afirmó: “Son formas institucionales que el Inaes quiere mantener. Nosotros habíamos presentado un proyecto oportunamente y ahora queremos trabajar en pos de eso”.
Los socios mantienen como aspiración la fecha tope del 31 de agosto para que se formalice el llamado a elecciones y se termine la intervención.
Éste es un reclamo que vienen haciendo desde un primer momento y advirtieron: “Las sucesivas intervenciones le han hecho y le siguen haciendo mucho daño al patrimonio de la Cooperativa y a nuestro derecho a conducirla”.
“No hay justificación para que personas que no conocen la actividad la manejen y la lleven al estado ruinoso al que la llevan”, manifestaron oportunamente desde la agrupación.
En tal sentido, Alexander Roig no habría dado fechas concretas, sino que habría expresado más bien un compromiso de avanzar. De ahí quizás también la prudencia de los participantes a la hora de ofrecer mayores certezas.
Por lo pronto, las acusaciones de los estibadores apuntan también al juez federal Marcelo Bailaque, a quien los socios denunciaron por haber habilitado «maniobras ilegales» de los interventores, y ampliaron al decir que “no solo no hizo nada para frenar el vaciamiento, sino que permitió la fuga de 150 millones de pesos a mutuales, que en realidad son financieras».
Al respecto, Ramón afirmó: “Lo del desvío de fondos sigue su curso en la Justicia. Nosotros no hemos dado marcha atrás en nuestras peticiones. Lo que sucede es que esta dilación ha causado un perjuicio a la cooperativa que, de eternizarse, podría llevarla a la quiebra. Por eso, que Roig nos haya recibido y se ponga al frente de las negociaciones nos da una luz de esperanza”.
En la reunión celebrada este viernes con el presidente del Inaes participaron, además de Ramón, los socios Ricardo Marcos, Walter Stremel, Félix Mandón, y el abogado Federico Jolly.
