Durante tres días, los camioneros puntanos no permitieron el ingreso a la provincia ni tampoco el egreso de ningún transportista. Quienes debían cruzar el territorio puntano con otro destino eran autorizados, lo mismo que los automóviles particulares, ambulancias y servicios destinados a la salud.

No se llegó a tener un importante desabastecimiento en la provincia, pero sí faltaban frutas y verduras, había comenzado a escasear la carne y en las estaciones de servicio habían advertido que a partir del lunes iban a faltar los combustibles.

Tanto desde la justicia federal como de la provincial se emitieron órdenes de liberar las rutas, lo que fue acatado por los camioneros sin llegar a enfrentamientos con las fuerzas policiales, que se hicieron presentes en los cinco cortes para notificar a los manifestantes.

Por otro lado, el Sindicato de Camioneros y el grupo Camioneros Autoconvocados anticiparon que continuarán con los cortes de manera sorpresiva en los próximos días, hasta llegar a un acuerdo con el Gobierno de San Luis para que se implemente un protocolo más flexible.

Actualmente, se les exige a los camioneros un análisis PCR que se realiza en los puestos limítrofes por parte del laboratorios del Gobierno a un costo de 6 mil pesos por persona, con una validez de 72 horas, y en ese lapso deben abandonar la provincia, o realizar una cuarentena de 14 días en un hotel que les indique el Comité de Crisis local, a un precio promedio de 30 mil pesos por transportista.

Cuando regresen nuevamente a la provincia, los camioneros y transportistas deben realizarse otro PCR para poder ingresar.

Los transportistas pretenden que la duración de este análisis sea de una semana al menos y que el costo del mismo esté a cargo del Gobierno, pero el Ejecutivo provincial se negó sistemáticamente a esta propuesta.

Ahora todos los ingresos a la provincia están liberados y no hay ningún corte de rutas realizado por los camioneros.